Dictamen de la Procuración General:

La Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Azul -a los fines que aquí importan destacar- revocó la sentencia recaída en la instancia originaria que había decretado la inconstitucionalidad del art. 30 del dec. ley 7543/69, y declaró entonces procedente la excepción de incompetencia territorial planteada por el Fisco de la provincia de Buenos Aires en el juicio de daños y perjuicios iniciado por Avelino Enrique Alvarez y Cristabelina Rolando (fs. 1092/1100).

Se alza contra dicha decisión la parte actora, por apoderado, a través de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley e inconstitucionalidad de fs. 1109/1144vta.

En el segundo, único que motiva mi intervención, se denuncia la inconstitucionalidad del art. 30 del dec. ley 7543/69, norma que -a criterio de la impugnante- se contrapone con el contenido de los arts. 9, 10, 15, 28 y 36 de la Carta local.

Explica que el desplazamiento de la competencia que establece el citado decreto ley a favor de los juzgados de la ciudad de La Plata, importan directamente en la especie, un quebranto de la garantía de efectivo acceso a la justicia plasmada en el art. 15 de la Constitución bonaerense, lesionándose de esta manera la “tutela judicial continua y efectiva” que dicho dispositivo asegura. Ello, en tanto una distancia superior a los 300 km. entre el lugar de los hechos y el magistrado interviniente -a más de ser la consagración de un atentado contra la garantía constitucional de igualdad de trato para los litigantes y un privilegio irrazonable a favor del Estado- importaría un innecesario e injusto dispendio de gastos y tiempo para la actora.

Por otra parte, señala que la decisión del a quo también contraría la garantía constitucional consagrada en el art. 28 que regla el derecho de los bonaerenses a participar -de manera efectiva y concreta- en la defensa de un ambiente sano, lo que sólo puede lograrse asegurándose el pleno acceso a la jurisdicción en materia ambiental.

A mi ver, el recurso debe prosperar.

La Cámara, para resolver como lo hizo, entendió que por imperio de lo normado por el art. 161 inc. 3 a) de la Constitución provincial, habiéndose sentado sobre esta temática doctrina legal expresa in re “Quesada” (causa L 43.934, sent. del 27/10/92) que se encuentra en la actualidad vigente, no existen motivos que habiliten a los tribunales inferiores a apartarse de la interpretación que ella impone y que importa la plena validez constitucional del artículo controvertido en autos.

De acuerdo a lo expuesto por la quejosa, y destacando la precisión de los términos empleados en su alzamiento, tengo para mí que el precepto aludido en cuanto establece que “los juicios en que la Provincia es parte demandada deben tramitarse ante los jueces o tribunales letrados del Departamento Judicial La Plata, cualquiera fuere su monto y naturaleza” crea -en este caso- un irritante privilegio en favor del Fisco provincial y coloca en una notoria desigualdad ante la ley a los justiciables residentes en Tandil, lugar en el que acaecen los hechos aquí litigiosos, por la sola circunstancia de la calidad jurídica que ostenta una de las partes demandadas.

Al respecto, deviene necesario recordar que el aseguramiento del principio de igualdad (consagrado en el art. 11 de la Constitución provincial) está receptado, como un deber de los jueces, en el procedimiento que rige la presente contienda, puntualmente en el art. 34 inc. 5 c que prescribe para los magistrados la imperatividad de “mantener la igualdad de las partes en el proceso”; más allá de la cuantiosa elaboración doctrinaria y jurisprudencial que se ha conformado a lo largo de los años en torno a dicho principio.

Asimismo, el obligarlos a litigar fuera del ámbito en el que residen (Tandil) -que por otra parte y como dijera es donde se desarrolla el conflicto que motiva la promoción de este juicio- y a desplazarse a otra competencia territorial en procura del reconocimiento de sus derechos afectaría su situación patrimonial e incrementaría los costos económicos propios de todo proceso, debido a los consecuentes gastos derivados del traslado en función de la producción de las diferentes diligencias probatorias necesarias para la correcta dilucidación de la litis (v.g. prueba testimonial, pericial, absolución de posiciones, reconocimiento judicial, e.o.), lo que podría eventualmente colocarlos en estado de indefensión ante la imposibilidad de sufragarlos, no obstante el beneficio de litigar sin gastos acordado.

Por lo demás, opino que en la actualidad ha perdido la entidad que supo tener tiempo atrás el argumento de la demandada relacionado con la necesariedad de que los pleitos en su contra tengan epicentro en la ciudad de La Plata en aras de ejercitar más eficazmente su defensa.

Ello atento los avances habidos en las comunicaciones y en el terreno de la informática, cambios que han modificado sustancialmente la tarea de los abogados del Estado provincial, y también a la creación de numerosas delegaciones fiscales en todo el territorio de la provincia con aptitud para descentralizar la labor otrora concentrada en la capital local; todo obviamente encaminado a una única finalidad cual es la de acercar las instituciones administativas y judiciales a los habitantes de la provincia de modo de posibilitar un concreto acceso a las mismas.

Por otra parte, entiendo que el precedente de V.E. tomado por la Alzada para dirimir la cuestión, ha sido consecuencia de la recepción de otros presupuestos fácticos (distinta materia) y jurídicos (diversa normativa fondal y constitucional) que no coinciden con los que aquí se debaten.

Así es que de conformidad al texto constitucional vigente, que diera nacimiento para todos los ciudadanos bonaerenses al derecho a la tutela judicial continua y efectiva -el que se materializa en primer lugar en la salvaguarda del irrestricto y pleno acceso a la justicia- y en función de considerar lo expuesto suficiente, aconsejo se declare para este excepcional caso y a tenor de las peculiaridades del mismo, la inconstitucionalidad del art. 30 del dec. ley 7543/69 por ser violatorio de las cláusulas 15 y 28 de la Constitución bonaerense (conf. art. 303 del C.P.C.).

Así lo dictamino.

La Plata, 6 de septiembre de 2006 - Juan Angel de Oliveira

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 25 de septiembre de 2013, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores de Lázzari, Kogan, Pettigiani, Negri, Soria, Genoud, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 94.669, "Álvarez, Avelino y otra contra El Trincante S.A. y otros. Daños y perjuicios".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Azul revocó el fallo de primera instancia y en consecuencia hizo lugar a la excepción de incompetencia opuesta por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, imponiendo las costas en el orden causado.

Se interpusieron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley.

Oído el señor Subprocurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

1ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

En su caso:

2ª. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

I. La Cámara fundó su decisión en que:

a) Si el superior Tribunal se ha expedido, en forma expresa, sobre la constitucionalidad del art. 30 del decreto ley 7543/1969, no pueden los tribunales inferiores apartarse de dicha doctrina legal, so pena de transgredir el principio constitucional sentado en el art. 161 inc. 3 "a" de la Constitución provincial. Ha hecho mérito, a esos efectos, del criterio sostenido por esta Suprema Corte en la causa "Quesada" (L. 43.934, sent. del 27-X-1992).

b) Corresponde en consecuencia acoger la excepción de incompetencia articulada por la Fiscalía de Estado, pues la doctrina legal referida a la citada norma se debe aplicar a todas las causas en que la Provincia de Buenos Aires sea parte demandada, sin que corresponda efectuar distinciones en orden a los derechos que se encuentran en juego.

II. El quejoso denuncia la infracción de los arts. 18 y 16 de la Constitución nacional en cuanto garantizan el acceso a la justicia y la igualdad ante la ley. Añade, paralelamente, que la materia ambiental posee una competencia específica que prevalece sobre cualquier otra norma provincial que la contradiga. Refiere los principios que rigen en dicho ámbito. Explica que en materia ambiental las competencias son diferentes, desde que la Nación dicta presupuestos mínimos de protección correspondiendo a las provincias los desarrollos complementarios. Finalmente, denuncia la errónea aplicación de la doctrina legal, en la inteligencia de que el precedente "Quesada" ha recaído en supuesto de hecho ajeno a la materia en debate en los presentes autos.

Recurre asimismo de la imposición de costas por su orden aún en relación a la excepción de incompetencia opuesta por el litisconsorte "El Trincante S.A.", denunciando la violación del principio objetivo de la derrota consagrado en el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial.

III. Considero que el recurso es procedente.

A) En materia ambiental, el art. 32, primer párrafo de la ley 25.675 establece que: "La competencia judicial ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de la competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir o probar los hechos dañosos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general. En cualquier estado del proceso, aun con carácter de medida precautoria, podrán solicitarse medidas de urgencia, aun sin audiencia de la parte contraria, prestando debida caución por los daños y perjuicios que pudieran producirse. El juez podrá, asimismo, disponerlas, sin petición de parte".

La norma es concluyente, calificando al acceso como irrestricto sin condiciones, sin limitaciones, sin reservas y completo, inclusive temporalmente. Esto implica la eliminación de todos los obstáculos, cargas o exigencias que pudieren regir para otro tipo de procesos. Es decir, no pueden erigirse vallas de ningún tipo o especie que de cualquier manera restrinjan la amplitud del criterio así legislado. Estimo que en esa amplia latitud queda incluido lo concerniente a la competencia.

B) La competencia judicial es la aptitud otorgada por la ley a los jueces para conocer en las causas que corresponden a determinada materia, grado, valor o territorio. Puede definirse como la medida o alcance de la jurisdicción, es decir, el límite que la ley señala para el ejercicio de la jurisdicción a cargo de cada uno de los órganos jurisdiccionales. Naturalmente, en cualquier ordenamiento procesal las reglas que fijan la competencia tienden ante todo a facilitar el objetivo que la ley sustancial procura y a posibilitar la actuación de las partes, no a complicarla o perturbarla, y son establecidas teniendo en cuenta los intereses generales y también los intereses particulares, atendiendo a los matices y especificidades que las circunstancias que cada hipótesis determine. No otra cosa puede desprenderse de la enfática garantía del art. 15 de la Constitución de la Provincia en cuanto asegura la tutela judicial contínua y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia.

C) El proceso ambiental se tiñe plenamente de la relevancia que la propia materia sustantiva porta, evidenciada con elocuencia en los arts. 28 de la Constitución de Buenos Aires y 41 de la Constitución nacional. Paralelamente, el art. 2 inc. "c" de la ley provincial 11.723 regla que "todos los habitantes tienen derecho a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presente".

El acceso a la justicia en materia ambiental resulta ser una especie del género que Mauro Capelletti denominó el movimiento por el acceso a la justicia (Capelletti y Garth, "El acceso a la justicia. La tendencia en el movimiento mundial para hacer efectivos los derechos", México, Fondo de Cultura Económica, 1996, pág. 11). Para Morello, este concepto significa que dentro del proceso se deben replantear, reducir y eliminar los obstáculos de hecho que impiden a tantísimas personas el poder valerse de la jurisdicción y el derecho a ser escuchado por los jueces en igualdad de armas, concepción que en materia ambiental cobrará nuevos bríos y se concentrará en progresivas llaves de reaseguramiento del sistema todo a efectos del logro adecuado de la protección del bien jurídico. Así, surgen nuevos factores a tomar en consideración: lo inexorable del tiempo, el rol que cumplen las medidas cautelares, la desigualdad con que cada parte ingresa al proceso, la consecuente diferenciación de roles procesales y sobre todo la naturaleza del bien jurídico que se posa sobre los conflictos a ser resueltos en la materia, un bien colectivo de titularidad compartida. (Augusto Mario Morello, "La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino", editora Platense, La Plata, 1999, pág. 105).

El acceso a la justicia ambiental presenta algunas complicaciones adicionales. Una de ellas es la extraordinaria complejidad científico-técnica de los casos ambientales. Otra es la naturaleza de los intereses en juego, que habitualmente son «intereses colectivos y difusos», es decir, de intereses que corresponden a muchas personas, muchas de ellas indeterminadas e indeterminables. Hacer valer estos derechos exige una especial capacidad de organización de los afectados, que debe ir acompañada de la capacidad económica y técnica que se requiere para enfrentar procesos que habitualmente son costosos y complejos. En estos procesos, suele estar comprometido un interés social, lo que a su vez exige la participación de un órgano que represente ese interés.

Otras causas distintas a las anteriormente señaladas se suman a los problemas que presenta el acceso a la justicia en esta temática, entre ellas se encuentra, en primer término, la propia dificultad que trasuntan muchas veces estos procesos, acompañada de los altos costos que implica producir las pruebas necesarias e, incluso, las dificultades para demostrar los nexos causales entre las acciones realizadas y los efectos indeseables provocados.

D) Tenemos entonces una función propia del derecho procesal en relación al derecho ambiental, destacada por la doctrina en cuanto pone el acento en los llamados instrumentos de protección ambiental. Ya hemos visto que el legislador ha sido contundente al establecer que el acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie. Este mismo Tribunal, también en tema procesal aunque vinculado a la carga económica a tributarse en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, ha atendido puntualmente esas directivas. En la causa B. 68.369, "Granda", sentencia del 2-XI-2005, se sostuvo: "Bajo esta óptica, y dado que una solución contraria enervaría la funcionalidad del texto invocado, llevan razón los impugnantes cuando postulan una lectura amplia del acceso a la jurisdicción frente al posible gravamen ambiental, tal cual surge, además, de la letra del citado art. 32 de la ley 25.675. En consecuencia, ha de serles reconocido que esa accesibilidad no esté condicionada por restricciones económicas en todo su derrotero procesal, incluyendo la fase de actuación inherente a esta sede extraordinaria, puesto que la disposición referida no circunscribe su vigencia al mero ingreso ante los estrados judiciales competentes sólo en sus instancias ordinarias. La amplitud postulada tiende a dotar de la mayor efectividad posible a la tutela de los derechos e intereses comprometidos en la materia, cuyo respeto, a tenor del art. l del mismo cuerpo legislativo, constituye uno de los pilares del sistema de preservación y protección del ordenamiento positivo. Por consiguiente, estando comprometido el acceso a la jurisdicción revisora de este Tribunal en un asunto que involucra la tutela jurisdiccional frente a un posible daño ambiental, deviene inaplicable la exigencia del depósito previsto por el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 32, ley 25.675)".

E) Obramos en consecuencia en una materia -la ambiental- que goza de particular relevancia, reconocimiento y tratamiento desde el punto de vista constitucional (arts. 41, C.N. y 28 de la provincial). El primero de estos textos establece que corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. En ese contexto cabe analizar la operatividad de un texto provincial, el vinculado con la organización de la Fiscalía de Estado, que dispone la competencia del Departamento Judicial La Plata en las demandas promovidas contra la Provincia de Buenos Aires.

Como se ha visto, la ley nacional -que según el orden constitucional es la facultada para fijar los presupuestos mínimos de protección- ha instalado una premisa en materia de competencia judicial ambiental: ella se rige por las reglas ordinarias de la competencia. Y el art. 7 de dicha ley 25.675 establece que su aplicación es del resorte de los tribunales ordinarios según corresponda por el territorio, la materia o las personas, dejando a salvo que la competencia será federal en los casos que el acto, omisión o situación generadora provoque efectivamente degradación o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales.

Está claro, en el caso, que no hay repercusiones interjurisdiccionales, de donde corresponde echar mano de las normas ordinarias pertinentes. Tenemos por un lado el inc. 4° del art. 5 del Código Procesal en lo Civil y Comercial, conforme al cual en las acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos, será juez competente el del lugar del hecho o del domicilio del demandado, a elección del actor. Tenemos también el art. 30 del decreto 7543/1969, que individualiza el departamento Capital en razón de la persona demandada (Estado provincial).

He de optar por la primera de las alternativas, entendiendo inaplicable al sub lite la segunda, fundado en la naturaleza misma de la pretensión. La demanda, sin perjuicio de reclamar los daños y perjuicios personales que dicen haber padecido los actores, incorpora bajo el acápite "responsabilidad por daños colectivos" el reclamo de cese del daño ambiental perpetrado al ecosistema serrano y la recomposición del mismo (fs. 221 vta./222).

La primera regla que surge de los ordenamientos procesales en materia de competencia es que ella se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda. (conf. Enrique M. Falcón, "Tratado de Derecho Procesal civil", t. I P. 116). La que nos ocupa es una pretensión propia del derecho ambiental, con una especificidad, como hemos visto, que le otorga singulares caracteres. No se trata simplemente de una acción personal derivada de delitos o cuasidelitos, en los términos del recordado inc. 4° del art. 5 del Código procesal. Es eso, pero es también mucho más, al constituir el ejercicio del derecho de acción en una porción del ordenamiento jurídico dotada de enorme trascendencia, por lo que ha recibido especial regulación. Entre otras particularidades, el art. 32, primer párrafo, de la Ley General del Ambiente, ha consagrado un acceso a la jurisdicción que no admite restricciones de ningún tipo o especie.

Se cae en la cuenta, así, que la excepción a los principios generales de competencia dispuesta por el art. 30 del decreto 7543/1969 podrá regir en corrientes o rutinarias acciones personales derivadas de delitos o cuasidelitos en los que esté demandada la Provincia de Buenos Aires (dicho esto desde la perspectiva formal de la vigencia de la norma que privilegia al Estado y sin ingresar para nada en la cuestión de su constitucionalidad). Mas deja de tener aplicación en las pretensiones ambientales porque en ellas, conforme lo establece la ley nacional -habilitada por la Constitución-, el acceso a la jurisdicción no admite restricción de ninguna índole.

F) Se sigue de lo expuesto, la inaplicabilidad al caso de la doctrina legal de este Tribunal, recaída lejanamente en el caso "Quesada", al constituir dicho precedente un supuesto fáctico sustancialmente distinto al que se controvierte en la presente causa.

G) Cuanto preconizo torna ocioso pronunciarse sobre la compatibilidad constitucional del art. 30 enjuiciado, desde que la declaración de inconsti-tucionalidad es la ultima ratio del orden jurídico, sin que se deba acudir a ella cuando existe otra posibilidad de solucionar adecuadamente la cuestión litigiosa.

IV. En lo atinente al agravio vinculado a la imposición de las costas originadas en la excepción de incompetencia planteada por "El Trincante S.A.", que fuera rechazada en primera y en segunda instancia con base en la falta de legitimación de esta parte, considero que también le asiste razón al recurrente.

En efecto, el planteo de incompetencia -en relación a dicha colegitimada- fue rechazado por carecer el excepcionante de la mencionada calidad. No resulta extensible a dicha parte, en consecuencia, el sustento del decisorio sobre la base de la opinabilidad que presenta la cuestión en debate en el plano jurídico (v. fs. 1099). El principio objetivo de la derrota mantiene su vigencia en plenitud, por lo que las costas de la incidencia de incompetencia opuesta por "El Trincante S.A." correspondientes a las instancias ordinarias se imponen a su cargo (art. 69, Código Procesal Civil y Comercial).

V. En función de cuanto queda expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en todas sus partes, con costas (art. 289, Cód. citado).

Voto por la afirmativa.

La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. Adhiero a la solución propuesta por el doctor de Lázzari.

En efecto, atento a la expresa disposición contenida en el art. 32 de la ley 25.675, que consagra el acceso irrestricto a la justicia ordinaria frente a cuestiones ambientales, no es posible admitir restricciones jurisdiccionales de ningún tipo o especie. Dicha garantía de efectiva accesibilidad resulta razonable por la naturaleza difusa de la pretensión que encierra esta clase de reclamos que benefician a toda la comunidad. Los específicos contenidos de esta materia imponen la particular flexibilización de las reglas de competencia jurisdiccional de modo que la tutela judicial resulte verdaderamente efectiva (arts. 1, 18, 41, 75 inc. 22 y 23, y ccdtes. Const. nacional; 1, 11, 15, 28 y ccdtes., Const. provincial; en el mismo sentido mi voto en Ac. 93.412, sent. del 2-XI-2005).

Aún en un estado iniciático del derecho ambiental, la participación ciudadana, el acceso a la información y el efectivo acceso a la justicia constituyen serios principios rectores que se patentizan allí dónde nace la problemática del medio ambiente y su pretendida tutela (conf. Esain, José Alberto, "Competencias ambientales", Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2008, pág. 700). De modo que no compete solo a la autoridad estatal la protección del medio ambiente mediante el impulso de las correspondientes acciones dirigidas a su resguardo y preservación, sino que la ciudadanía posee semejante legitimación, la que no podría resultar de ningún modo atenuada a través de mecanismos obstructivos para su acceso a la jurisdicción, máxime teniendo en cuenta la patente desigualdad de armas que se verifica inicialmente en el conflicto ambiental instado por particulares (arg. arts. 1, 16, 18 y ccdtes. Const. nacional; 1, 10, 11, 15 y ccdtes., Const. provincial).

Situación que se confirma cuando se percibe que en nuestro territorio, con el dictado de la ley provincial 11.723 -del Medio Ambiente-, se evidencia la voluntad del legislador de reivindicar para la autoridad local la competencia en materia ambiental, en tanto la preservación del medio ambiente se encuentra a cargo de la Provincia (C. 93.412, sent. del 24-IX-2008), habiéndose fijado la posibilidad de que en los casos en que el daño o la situación de peligro sea consecuencia de acciones u omisiones de particulares, el afectado, el defensor del pueblo y/o las asociaciones que propendan a la protección del ambiente pueden acudir directamente ante los tribunales ordinarios competentes ejercitando la acción de protección a los fines de la prevención de los efectos degradantes que pudieran producirse (incluyendo el cese del daño ambiental perpetrado) y la acción de reparación tendiente a restaurar o recomponer el ambiente y/o los recursos naturales ubicados en territorio provincial, que hubieren sufrido daños como consecuencia de la intervención del hombre (conf. arts. 2, 36 y ccdtes., ley 11.723).

Pues bien, la aplicación de la norma contemplada por el art. 30 del decreto 7543/1969 (texto según decreto ley 8650/1976) al caso (cuando la autoridad pública imputada como causante o cocausante del daño ambiental, por acción u omisión, es la Provincia de Buenos Aires), conduciría a reconocer que los citados legitimados activos sólo hubieran podido instar la correspondiente acción ante los tribunales competentes del Departamento Judicial de La Plata, importando -atento a la fecha en que se iniciara la presente- una restricción a la alternativa prevista por la norma ordinaria sobre competencia territorial aplicable (art. 5, inc. 4, C.P.C.C.), por reducir la canalización del presente litigio en materia ambiental sólo ante la jurisdicción ordinaria del lugar del domicilio del demandado (más allá de la temática vinculada a la materia, conf. B. 68.566, resol. del 3-V-2006).

Sin embargo, no es posible sostener que la ratio legis de la norma pueda hoy justificar su mantenimiento frente a la materia ambiental comprometida, en tanto de la tramitación de la causa por ante la jurisdicción judicial de Azul, en adicional tutela del principio de inmediación jurisdiccional con el daño ambiental constatado -cuando la competencia es local-, no es dable observar que la Provincia o la comunidad pueda ver afectada la mejor defensa de sus derechos y/o intereses patrimoniales, atento la existencia de una delegación de la Fiscalía de Estado justamente en la Ciudad de Azul, cabecera del departamento judicial homónimo (conf. arts. 3, 10, 43 y ccdtes., decreto 7543/1969; L. 43.934, sent. del 27-X-1992, voto en minoría del doctor Rodríguez Villar).

En el caso, donde el factor generador del daño ambiental denunciado, sus efectos inmediatos y los domicilios de todos los accionantes se encuentran ubicados en la distante jurisdicción judicial de Azul, la centralización territorial de las competencias jurisdic-cionales locales contemplada por el art. 30 del decreto 7543/1969 se evidencia irrazonable, en tanto afecta la proximidad que debe observar el proceso con el lugar donde se denuncia ocurrido el daño ambiental (arts. 1, 18, 28, 31 y ccdtes. Const. nacional), a la par que constituye una verdadera afrenta al irrestricto acceso a la jurisdicción a que tienen derecho los afectados, contrariando los citados preceptos legales y constitucionales, tanto locales como nacionales (arts. 1, 18, 41, 75 inc. 22 y 23, y ccdtes. Const. nacional; 7, 32, ley 25.675; 1, 11, 15, 28 y ccdtes., Const. provincial; 2, 36 y ccdtes., ley 11.723).

Luego, dado que toda ley, decreto u orden contrarios a la Constitución provincial, o que impongan al ejercicio de libertades y derechos reconocidos en ella otras restricciones que las que los mismos artículos permiten, o priven a los ciudadanos de garantías que aseguran, resultan inconstitucionales y no pueden ser aplicadas por los jueces, corresponde -atento el carácter local de la normativa en cuestión- declarar su inconstitucionalidad e inaplicabilidad para el presente caso (arg. art. 57 y ccdtes., Const. provincial).

II. Por demás, en lo concerniente al agravio vinculado a la imposición de las costas originadas en la excepción de incompetencia planteada por "El Trincante S.A.", por sus fundamentos, adhiero al voto del doctor de Lázzari.

III. Por lo expuesto y adhesión formulada, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído, revocar el decisorio recurrido y rechazar la excepción de incompetencia opuesta por el Estado provincial, con costas (art. 289, C.P.C.C.)

Voto por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Principio por recordar que en el precedente "Quesada", aplicado ahora en el fallo impugnado, me expedí de manera disidente a quienes conformaron la mayoría.

En aquella oportunidad, la Cámara había declarado la inconstitucionalidad del art. 30 del decreto 7543/1969 a lo que propuse su confirmación al caso, por resultar, considerando la naturaleza y el carácter tuitivo de lo allí debatido, violatorio de las cláusulas 16 y 18 de la Constitución nacional.

Por ello y los fundamentos expuestos por el doctor Pettigiani, adhiero a su voto y doy el mío por la afirmativa.

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

I.- Adhiero a la solución propuesta por el doctor de Lázzari.

En efecto, tal como lo destaca el colega que abre la votación, el art. 32 de la ley 25.675 garantiza en cuestiones ambientales el acceso pleno a la justicia sin limitaciones de ninguna índole. La sensible naturaleza de este tipo de cuestiones, justifica pues la superación de cualquier valladar que pudiera existir entre el justiciable y el órgano judicial. Siendo ello así, y con particular énfasis en la naturaleza de la cuestión, la citada normativa prevalece por sobre el art. 30 del decreto ley 7543/1969, por dos cuestiones medulares.

a. De un lado, la norma local constituye una limitación al acceso a la jurisdicción de los hoy actores (conf. art. 15, Constitución provincial), en cuanto el acogimiento favorable de la excepción opuesta importaría el traslado del litigio ambiental a esta Capital, lo cual configura un condicionamiento a su desarrollo, solución incongruente con la letra de la norma nacional en cuanto dispone que "El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo o especie".

Cabe hacer hincapié en que la norma utiliza la expresión sin restricciones "de ningún tipo o especie", lo que tornaría estéril cualquier discusión respecto a si tales limitaciones pudiesen o no ser sorteadas por el litigante. Por ello, resulta intrascendente establecer si los actores se encuentran en condiciones de soportar la carga que les impondría el eventual acogimiento de la excepción.

La ley 25.675 es concluyente, y desnuda la voluntad del legislador de evitar que un proceso ambiental quede enredado en cuestiones procesales o de cualquier otra naturaleza que importen una traba innecesaria del proceso, o impidan arribar a una solución eficaz en salvaguarda del bien jurídico que se intenta proteger.

Este ha sido el criterio adoptado por este Tribunal en el precedente "Granda", conforme lo expresa el doctor de Lázzari en el voto que abre el presente acuerdo.

b. De otro lado, en los casos ambientales la inmediatez que debe tener el juez de la causa con el núcleo de la cuestión controvertida justifica holgadamente la primacía de la ley 25.675. El proceso ambiental, suele requerir la realización de diligencias técnicas in situ, en este ámbito el órgano jurisdiccional debe efectuar una dirección diligente y eficiente del trámite, para lo cual la inmediación se encuentra fuertemente incardinada al principio de acceso irrestricto a la justicia que la norma intenta proteger.

II.- En relación al agravio vinculado con la imposición de costas, adhiero a los fundamentos expresados en su voto por el doctor de Lázzari, debiendo imponerse a la vencida "El Trincante S.A." por el rechazo de la excepción de incompetencia en ambas instancias.

Voto por la afirmativa.

El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votó la primera cuestión también por la afirmativa.

A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:

Visto como se resuelve la primera cuestión, considero innecesario adentrarme en la presente.

Así lo voto.

Los señores jueces doctores Kogan, Pettigiani, Negri, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor de Lázzari, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Subprocurador General, por mayoría de fundamentos, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley planteado, se revoca el decisorio recurrido y se rechaza la excepción de incompetencia opuesta por el Estado provincial; con costas (art. 289, C.P.C.C.).

Notifíquese y devuélvase.

HECTOR NEGRI

DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD

HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI

EDUARDO NESTOR DE LAZZARI

CARLOS E. CAMPS

Secretario