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DATOS DEL FALLO

Materia:

CONFLICTO DE PODERES

Tipo de Fallo:

Sentencia Interlocutoria

Tribunal Emisor:

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA (SCBA)

Causa:

B 74025

Fecha:

13/4/2016

Nro Registro Interno:

RSI-203-16

Carátula Pública:

Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Juzgado de Faltas Nº 3 del Municipio de Presidente Perón s/ Conflicto de poderes art. 196, Const. provincial

Magistrados Votantes:

Hitters-Genoud-Negri-Kogan-Pettigiani-Soria

Tribunal Origen:

NNF:

Observación:

Sentencias Anuladas:

Alcance:

Público

Iniciales:

Observaciones:

TEXTO COMPLETO

B.74.025  "FISCAL DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES C/ JUZGADO DE FALTAS Nº3 DEL MUNICIPIO DE PRESIDENTE PERON S/ CONFLICTO DE PODERES ART. 196 CONST. PROVINCIAL"

 

 

La Plata, 13 de abril de 2016.

AUTOS Y VISTOS:

1. El Fiscal de Estado de la Provincia de Buenos Aires se presenta ante esta Suprema Corte denunciando la existencia de un conflicto de poderes de los previstos en el artículo 196 de la Constitución provincial "surgido como consecuencia de haberse arrogado facultades la Juez de Faltas (interina) del Juzgado de Faltas Nro. 3 del Municipio de Presidente Perón, invadiendo de esta forma, potestades propias de la Provincia de Buenos Aires..." (fs. 13 vta.).

Afirma que la funcionaria en cuestión, al dictar una medida cautelar mediante la cual ordenó a la Dirección Provincial de Minería, dependiente del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, "...la emisión, renovación y entrega inmediata del certificado de productor minero" a una determinada empresa (Elbial S.A.), se ha arrogado funciones inherentes al Poder Judicial, invadiendo la esfera de atribuciones de la autoridad administrativa provincial.

2. De las constancias remitidas a requerimiento del Presidente de este Tribunal surge que el 4-XII-2015 el citado órgano municipal dispuso la mencionada medida cautelar en el marco de un procedimiento por la infracción a la Ordenanza municipal N° 707, al ser peticionada por el infractor en oportunidad de formular su descargo (fs. 29/30 del expediente administrativo 4128-2015-096219-K).

En la presentación efectuada ante esta Corte por la Jueza -interina- de Faltas Nº3 de la Municipalidad de Presidente Perón acompañando las actuaciones, se afirma que la cuestión planteada ha devenido abstracta en virtud de su decisión de "revoca(r) la cautelar dictada conforme el conflicto de poderes incoado, y con los alcances específicos de la suspensión dispuesta en orden a lo notificado a la Dirección Provincial de Minería" -fs. 39-.

3. Las causas de competencia o conflictos, tratándose de distintos municipios entre sí o con alguna autoridad de la Provincia, se configuran cuando cada una de las partes en disputa se atribuye para sí la titularidad o el ejercicio de determinada competencia. Lo que esta Corte está llamada a resolver es la efectiva disputa entre dos o más órganos en torno a la específica atribución o competencia que cada uno entiende le corresponde y no las situaciones conflictivas que el ejercicio incuestionado de las mismas pueda generar (arts. 161 inc. 2° y 196 de la Constitución de la Provincia; 261 y conc., L.O.M.; doct. causas B. 62.826, "Municipalidad de Rivadavia y Carlos Tejedor", sent. del 12-IX-2001; B. 64.293, "Provincia de Buenos Aires", sent. del 18-III-2009; B. 71.532 "Municipalidad de La Plata", sent. del 2-V-2013, entre otras).

En el este supuesto se advierte la configuración de un caso de los alcanzados por ese artículo: una jueza de faltas municipal dictó una medida cautelar arrogándose funciones judiciales y entrometiéndose en la esfera de atribuciones de una autoridad administrativa provincial, la Dirección Provincial de Minería. Si bien la medida fue dejada sin efecto, la configuración del caso exige un pronunciamiento del Tribunal sobre el conflicto planteado por la autoridad provincial.

a. Cabe recordar que la actual organización de la justicia de faltas fue instituida por el decreto ley 8751/1977 -posteriormente enmendado por la ley 10.269-, norma que modificó sustancialmente la reglamentación que sobre el punto traía el decreto ley 6769/1958. Allí se establece que los jueces de faltas, designados por los Intendentes con acuerdo del Concejo Deliberante (art. 21), tendrán competencia en todas las infracciones municipales que se cometan dentro del partido en el que ejercen sus funciones y en el juzgamiento de las restantes faltas, en los casos y condiciones que establece el artículo 1 de ese decreto ley (art. 29).

Desde antaño, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido -bien que en términos generales- que la justicia municipal de faltas no posee las notas propias del Poder Judicial, constituyendo sólo órganos administrativos cuyas decisiones no revisten el carácter de sentencias (C.S.J.N. Fallos 310:674, 1380; 311:334; 326:4087). En similar sentido se ha expresado esta Suprema Corte al resaltar que la índole de las funciones que ejercen y el grado de autonomía funcional con que el legislador los ha dotado -que presenta similitudes con la estrictamente jurisdiccional-, no alteran esa calidad de órganos de la administración municipal (causa B. 72.697 "Inostrosa", res. del 9-X-2013 y sus citas).

No es de recibo la argumentación ensayada por la funcionaria municipal para justificar su intervención en este asunto, basada en el artículo 20 de la Constitución de la Provincia y la amplia atribución de competencia a "cualquier juez" para entender y resolver en la acción de amparo. En primer lugar, porque una autoridad administrativa, a pesar de su denominación, no es un juez de aquellos a los que alude la mentada cláusula constitucional y, además, porque no se promovió en el caso ninguna acción de amparo.

Siendo así, es claro que la medida cautelar dictada en el caso por la Jueza de Faltas de Presidente Perón,  es manifiestamente ilegal en tanto trasunta el ejercicio de funciones judiciales por parte de una autoridad administrativa.

b. Cabe recordar, llegado este punto, que la ley 13.312 implementó en el territorio de la Provincia de Buenos Aires las "Guía Única de traslado para el tránsito de Sustancias Minerales" (art. 1), documento que ampara a todo mineral o subproductos triturados, molidos o en bloques que se transporta o comercializa dentro de la provincia (art. 2) y que debe ser solicitada por toda persona física o jurídica que transporte o comercialice en el territorio de la provincia, sustancias minerales de cualquiera de las categorías indicadas en el Código de Minería (art. 3).

La autoridad de aplicación en la materia resulta ser la Dirección Provincial de Minería a quien le compete expedir las guías en cuestión, previa verificación de que el peticionante se hallare inscripto en el Registro de Productores Mineros (arts. 1 y 4 del Decreto nro. 2090/2010).

Por ello es que sólo esa autoridad, en ejercicio de su competencia -o, en su caso, por disposición de una autoridad judicial en el marco de un proceso en trámite-, es la facultada a expedir las guías de tránsito de minerales una vez reunidos los requisitos y cumplidos los pasos del procedimiento administrativo establecido en la ley 13.312 y su decreto reglamentario, situación que no se advierte en la especie.

Desde esta óptica, es claro también que la jueza de faltas en cuestión, al disponer la medida cautelar, invadió la esfera de atribuciones de la autoridad administrativa que promueve el conflicto en tratamiento.

c. Finalmente, y tal como fuera adelantado, debe dejarse establecido que la revocación por parte de la propia funcionaria de la decisión ilegítima, no la exime de las consecuencias jurídicas que tal decisión pudo generar.

4. Por todo ello, corresponde declarar que en el caso se ha configurado un conflicto de los previstos en el artículo 196 de la Constitución provincial, anular todo lo actuado por parte de la jueza de faltas interina del municipio de Presidente Perón en el marco del expediente administrativo Nº 22400-11815-10, y devolver las actuaciones a los fines de la continuación del trámite por la infracción constatada en el acta de comprobación Nº024963 obrante a fs. 1 del citado expediente.

Asimismo, ante la posible comisión de delitos de acción pública, extráiganse fotocopias de las presentes actuaciones y del expediente administrativo acompañado y remítanse a la Señora Procuradora General de esta Suprema Corte, para que tome la intervención que pudiera corresponderle (art. 287 inc. 1º, C.P.P.B.A.).

Regístrese y notifíquese.

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Hitters

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Esteban Genoud              Héctor Negri

 

 

 

 

 

 

 

 

Hilda Kogan             Eduardo Julio Pettigiani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Fernando Soria

 

 

 

 

Juan José Martiarena

Secretario

 

 

 

Fdo.: Hi-Ge-Ne-Ko-Pe-So

Reg. Nº 203