A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 29 de abril de 2020, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Soria, se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 123.112, "G., I. G. s/ Determinación de la capacidad jurídica".

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó el fallo de primera instancia que -a su turno- resolvió restringir la capacidad jurídica del señor I. G. G. para ejercer por sí solo actos de disposición, administración y garantía de sus bienes muebles e inmuebles registrables y otros bienes de cualquier tipo cuyo importe supere el salario mínimo vital y móvil. También para percibir y administrar su beneficio previsional y celebrar por lo general contratos -a excepción de los que especifica-, dejando establecido que tampoco podría expresar por sí solo su voluntad para ejercer los derechos personalísimos que enumera sin la previa venia judicial (v. fs. 67/72 y fs. 104/108).

Asimismo, hizo saber a la señora N. M. C. -persona designada como sistema de apoyo- que tendrá la función de promover la autonomía de I. G. G., favoreciendo las decisiones que respondan a sus preferencias, estableciendo ciertas pautas que mencionó (v. fs. 104/108).

Se interpuso, por la señora defensora oficial titular de la Unidad Funcional de Defensa Civil n° 14, Especializada en Salud Mental -en su carácter de abogada del señor I. G. G.-, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y, a continuación, una presentación en el mismo sentido del señor I. G. G., por derecho propio y con el patrocinio letrado de la citada defensora oficial (v. recurso de fs. 110/127 y pieza de fs. 151/177 vta.).

Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:

I. Se inician las presentes actuaciones con la acción deducida por la señora N. M. C., solicitando la determinación de un sistema de apoyo en la toma de decisiones de su hijo I. G. G. (v. fs. 15/18).

Manifestó que su mencionado hijo padecía retraso mental moderado, que no sabía leer ni escribir, que se expresaba oralmente casi sin dificultad, que no viajaba solo, que requería asistencia para los actos de su vida cotidiana y que no conocía el valor del dinero.

Requirió ser designada curadora definitiva del causante (v. fs. 15 vta. y 16).

II. El Juzgado de Familia n° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, previa evaluación interdisciplinaria, dictó sentencia disponiendo la restricción de la capacidad jurídica de I. G. G. determinando que el mismo no podrá realizar por sí solo actos de disposición, administración y garantía de sus bienes muebles e inmuebles registrables y otros bienes de cualquier tipo cuyo importe supere el salario mínimo vital y móvil, ni podrá percibir y administrar por sí solo su beneficio previsional.

Por lo general no podrá por sí solo celebrar contratos, a excepción de pequeños contratos de la vida diaria tales como el de transporte, el de comprar en el almacén, kiosco o en la panadería del barrio, siempre y cuando dicha transacción no le genere una deuda mayor al dinero autorizado a manejar.

Tampoco expresar su voluntad para contraer matrimonio, para votar, para entrar a una comunidad religiosa, para autorizar el uso de su imagen para fines comerciales ni públicos, para autorizar la donación de sus órganos ni para autorizar ninguna intervención quirúrgica o estudio médico que conlleve riesgo para sí, todo ello sin la previa venia judicial.

A su vez, expresó que el causante conserva todos los derechos y deberes jurídicos no alcanzados por la restricción, debiendo su ejercicio someterse a las leyes y reglamentos que los regulen, designando como apoyo del mismo a la señora N. M. C. (v. fs. 67/72 vta.).

Dicho pronunciamiento fue apelado por la Titular de la Unidad Funcional de Defensa Civil n° 14, Especializada en Salud Mental, quien interviene en la causa en carácter de abogada defensora del causante, en los términos de lo establecido en los arts. 35 y 36 del Código Civil y Comercial (v. fs. 43/44, 74 y 76/80). Conferido el traslado respecto del memorial acompañado por la señora defensora oficial, la señora N. M. C. adhirió al planteo efectuado en la fundamentación del recurso de apelación (v. fs. 82).

III. A su turno, la Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Lomas de Zamora confirmó el fallo apelado e hizo saber a la señora N. M. C. que como sistema de apoyo tendrá la función de promover la autonomía de I. G. G., favoreciendo así las decisiones que respondan a sus preferencias, haciendo pleno uso de su capacidad jurídica, como así también respecto a los actos relativos al ejercicio de su derecho a la salud, para que a través de la comprensión y la confianza pueda tomar la decisión válida que haga a su derecho y al ejercicio pleno de su personalidad jurídica.

Dejó establecido que en el sistema de apoyo familiar se deberán respetar las siguientes pautas: 1) el respeto hacia las decisiones de I.; 2) se le deberán trasmitir las situaciones complejas para que él mismo pueda decidir con el impulso propio a través de la comprensión y la confianza, debiendo promoverse su autonomía a los efectos de la manifestación de su voluntad para el ejercicio de sus derechos; y 3) cuando el apoyo resultara insuficiente, se deberá acudir a la salvaguardia que impone la intervención del ámbito jurisdiccional (v. fs. 104/108 vta.).

IV. Contra dicha sentencia se alza la señora defensora oficial titular de la Unidad Funcional de Defensa Civil n° 14, Especializada en Salud Mental -en su carácter de abogada del señor I. G. G.- mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la violación de los arts. 31, 32, 37 y 38 del Código Civil y Comercial de la Nación, de la Convención de las Personas con Discapacidad, de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, de la garantía de igualdad ante la ley y de los derechos de propiedad y de defensa en juicio (v. fs. 110/127).

Se alega que el fallo impugnado confirma las restricciones a los actos personalísimos dispuestas en primera instancia que no han sido fundamentadas, ni encuentran sustento en las constancias de autos, incumpliendo con la obligación legal vigente de que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible (v. fs. 120).

Se denuncia que tampoco se han señalado las condiciones de validez de los actos específicos sujetos a la restricción, con indicación de la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación (v. fs. 120).

V. El recurso debe prosperar.

V.1. En el sub lite, al abordar los agravios planteados en la apelación mediante los cuales la señora defensora señaló que en el fallo de primera instancia se habían ampliado sin fundamento alguno los actos y funciones que se restringían respecto al causante (v. fs. 71), el Tribunal de Alzada -luego de extraer las conclusiones del informe interdisciplinario elaborado a fs. 28/29 y el socio ambiental de fs. 31/32 vta.- consideró atinado confirmar el fallo de origen por entender que las restricciones a los actos y funciones allí dispuestas "...no cercenan la capacidad del Sr. G., como así tampoco, afectan de manera ostensible su autonomía personal, siendo dictadas en pos de protegerlo de ciertos actos o conductas que pudieran poner en riesgo su persona o sus bienes; resultando éstas medidas protectorias adecuadas a su situación" (fs. 107 vta.)

V.2. Tiene dicho el Máximo Tribunal de la Nación que "A partir de la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (aprobada por la ley 26.378 y ratificada por el Poder Ejecutivo Nacional el 18 de julio de 2008 y dotada de jerarquía constitucional a través de la ley 27.044), se produjo un cambio sustancial en el régimen relativo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad mental. Se abandonó el sistema de sustitución y subrogación de la voluntad, y se lo reemplazó por un modelo social de la discapacidad con el objetivo de promover a la persona y garantizar el goce de sus derechos. En efecto, el artículo 12 de la referida Convención reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida y que se debe disponer un sistema de toma de decisiones con apoyos y salvaguardias proporcionales y revisables periódicamente"(conf. CSJN 698/2011 (47-P)/CS1, "P., A. C. s/ insania", sentencia del 11 de diciembre de 2014).

"Este modelo social fue receptado por la ley 26.657 de Derecho a la Protección de la Salud Mental. El artículo 42 establece que las declaraciones judiciales de inhabilitación o incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias y deberán especificar las funciones y actos que se limitan, procurando que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible (la norma fue incorporada al anterior Código Civil como artículo 152 ter).

A su vez, el referido modelo social de discapacidad ha sido consagrado con mayor amplitud en el Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994). Según sus disposiciones, la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y la limitación a la capacidad para realizar determinados actos jurídicos es de carácter excepcional y se impone en beneficio de la persona..." (confr. CSJN, CIV 83563/l997/CSl, "F., H. O. s/ artículo 152 ter Código Civil", sent. de 10-VII-2018).

Si bien tales principios fueron reseñados en el fallo de Cámara (v. fs. 105/107), ello no se vio reflejado luego en la respuesta que se les brindó a los agravios llevados por la defensora del causante.

En efecto, tal como señala el señor Procurador General en su dictamen de fs. 189/193, "...en desmedro de los principios que emergen de la capacidad plena de todo individuo, cuya afectación deber ser evaluada con criterio restricto y sus limitaciones determinadas específicamente (doctr. causa C. 115.091, 'D., E.J. Insania y Curatela', sent. del 3-4-2014), se restringió sin sustento fáctico alguno el ejercicio de la capacidad de I. respecto de derechos y actos personalísimos" siendo que "...para tal restricción, no basta con tener por acreditada la necesidad de apoyo en la toma de decisiones para otros actos establecidos en la sentencia" (fs. 191 vta. y 192).

Como se denuncia en el recurso obrante a fs. 110/127, las restricciones a la capacidad para el ejercicio de derechos o actos personalísimos confirmadas por el Tribunal de Alzada, que no han sido fundamentadas ni encuentran sustento en las constancias de la causa, incumplen con la obligación legal vigente de que la afectación de la autonomía personal sea la menor posible (art. 38, Cód. Civ. y Com.).

En la Observación General n° 1 del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, se ha dicho que "El apoyo en la adopción de decisiones no debe utilizarse como justificación para limitar otros derechos fundamentales de las personas con discapacidad, especialmente el derecho de voto, el derecho a contraer matrimonio (o establecer una unión civil) y fundar una familia, los derechos de reproducción, la patria potestad, el derecho a otorgar su consentimiento para las relaciones íntimas y el tratamiento médico y el derecho a la libertad".

Finalmente, como acertadamente se observa en el dictamen del Ministerio Público "...en relación a los actos específicos sujetos a restricción asiste razón a la recurrente cuando señala que a su respecto no se han fijado en la sentencia atacada las condiciones de validez, ni indicado la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación, como lo estipula la última parte del art. 38 del Código Civil y Comercial de la Nación" (fs. 192).

VI. Por lo expuesto, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario y devolver los autos a la instancia de origen a fin de que se dejen sin efecto las restricciones a la capacidad decretadas sin sustento probatorio, se fijen las condiciones de validez de los actos sujetos a restricción, se indique la o las personas intervinientes y la modalidad de su actuación, conforme a lo normado por el art. 38 del Código Civil y Comercial.

Costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).

Voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:

Comparto lo dictaminado por el señor Procurador y lo expresado por mi distinguido colega preopinante, pues como consecuencia del modelo social de discapacidad receptado por nuestro sistema jurídico y los principios y garantías vigentes para las personas con padecimientos mentales o intelectuales, la restricción de sus derechos personalísimos impone una evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad para el ejercicio de aquellos, incluso con la designación de los apoyos necesarios en el caso de que la persona esté en condiciones de ejercer autónomamente esos derechos pero presente alguna dificultad para poder hacerlo (arts. 12, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por la ley 26.378; 42, ley 26.657; 31, 32, 37, 38 y concs., Cód. Civ. y Com., ley 26.994; conf. CSJN., CIV 83563/1997/csl, autos "F., H. O. s/ artículo 152 ter Código Civil", sent. de 10-VII-2018).

En el sub lite, la sentencia del Tribunal de Alzada recurrida confirmó el fallo de origen que estableció que el señor I. G. G. no podrá realizar por sí solo ciertos actos, entre los cuales se mencionó contraer matrimonio, votar, ingresar a una comunidad religiosa, autorizar el uso de su imagen para fines comerciales o públicos, autorizar la donación de sus órganos y cualquier intervención quirúrgica o estudio médico que conlleve riesgo para sí (v. fs. 72).

Conforme a las normas referidas, para restringir válidamente tales derechos y actos personalísimos debió determinarse que el señor G. carecía de capacidad para dichos actos específicos a través de evaluaciones que brindaran razones concretas por las cuales no se encontraba en condiciones de ejercerlos, ni aun con alguna medida de apoyo que lo permitiera sin sustituir su voluntad (conf. CSJN., fallo cit.).

No obstante lo expuesto, de las conclusiones arribadas en los informes interdisciplinarios de fs. 28/29 y ambiental de fs. 31/32 vta. no surge la limitación de tales derechos, ni tampoco se infiere la restricción para su ejercicio en forma concluyente de su contenido, pues nótese en el informe interdisciplinario aludido que cuando los facultativos hacen referencia al ejercicio del derecho a votar por parte de I., se limitan a expresar que: "Ha votado, esto no significa que se halle intelectualmente capacitado para ello...", no incluyéndolo posteriormente en sus conclusiones como uno de los actos que aquél no puede efectuar debido al cuadro psicopatológico de Retraso Mental Moderado y Epilepsia que padece.

Por ello, en coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador y el voto de mi colega que antecede, entiendo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido debe prosperar.

En consecuencia, voto por la afirmativa.

Los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

 S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia impugnada, debiéndose remitir la causa a la instancia de origen para que dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta lo indicado en el punto VI del voto que abre el acuerdo (art. 289, CPCC).

Costas por su orden, dada la índole de las cuestiones planteadas (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).

Notifíquese y devuélvase.

                 DANIEL FERNANDO SORIA

EDUARDO JULIO PETTIGIANI       LUIS ESTEBAN GENOUD

                 SERGIO GABRIEL TORRES

                                  CARLOS E. CAMPS

                                     Secretario