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B.79.253 "CASTELLANOS ANA MARIA C/ STEMPIEN CRISTINA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO) (80) - CUESTIÓN DE COMPETENCIA ART. 7 LEY 12.008"
AUTOS Y VISTOS:
I. Ana María Castellanos demanda a Cristina Stempien, Diego León, Marcelo Repetto y a la empresa Varese Desarrollo SRL por los daños y perjuicios que dice haber padecido como consecuencia de los accidentes ocurridos los días 18 de noviembre de 2017 y 8 de agosto de 2018 a la altura de la calle Roca al 1859 de la ciudad de Mar del Plata.
Relata que el primero de los incidentes denunciados tuvo lugar cuando se dirigía a su hogar a horas de la noche y el segundo de ellos cuando salía por la mañana, siendo precisamente en ambos trayectos que -asevera- tropezó y cayó debido al estado en el que se hallaba la vereda con motivo de las tareas de construcción sobre el inmueble de titularidad de la señora Stempien que estaba realizando la aludida firma, a la cual, en esta instancia, le endilga responsabilidad por no cumplir con todas las medidas de seguridad que una obra de esa clase exige (v. escrito electrónico de fecha 3-IX-2020).
II. La causa, de acuerdo a lo narrado por la reclamante en su presentación postulatoria (v. apdos. III doceavo párr. y V), se inició en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 de aquella jurisdicción territorial.
Con posterioridad a que se efectuaran distintos actos procesales -entre los que cabe puntualizar el requerimiento de medidas precautorias (de fecha 5-V-2021), su posterior rechazo (de fecha 21-V-2021) y la ampliación de demanda (de fecha 24-XI-2021)- el juez que se encontraba subrogando el organismo confirió traslado de la demanda (v. despacho electrónico de fecha 15-XII-2020).
En oportunidad de responderla, la primera de las demandadas opuso excepción de falta de legitimación pasiva (v. escrito electrónico de fecha 21-II-2022).
Por su parte, al tiempo de comparecer al juicio, la compañía codemandada contestó dicho traslado, en cuya ocasión peticionó -en consonancia con el art. 94 del Código Procesal Civil y Comercial- la citación en calidad de tercero de la Municipalidad de General Pueyrredon por considerarla responsable del cuidado de las veredas (v. escrito electrónico de fecha 2-II-2023).
Sustanciada dicha presentación, esta última se presentó al proceso articulando, juntamente con la de falta de legitimación pasiva, una excepción de incompetencia, pues entendió que en autos se buscaba comprometer la responsabilidad estatal de una de las personas incluidas en el art. 166 in fine de la Constitución provincial, lo cual habilitaba la intervención del fuero especializado en derecho público (arts. 1, 2 inc. 4 y 12 inc. 3, CCA) -véase escrito electrónico de fecha 11-V-2023-.
Interesa señalar que, en su resolutorio de fecha 31-V-2023, el magistrado actuante decidió rechazar la defensa incoada por la comuna en vista de la extemporaneidad con que esa presentación -junto a otras- había sido planteada.
Frente a esto y con motivo del recurso de apelación articulado por el municipio (v. escrito electrónico de fecha 9-VI-2023), las actuaciones recayeron, una vez contestado el memorial por la demandante, en la Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial departamental.
A su turno, sus integrantes, advirtiendo que en el caso se pretendía "...atribuir responsabilidad por daños y perjuicios derivadas de la presunta `falta de servicio´ en que habría incurrido un órgano estatal", revocaron lo decidido por el juez de grado y, en consecuencia, devolvieron los actuados a este último a los efectos de que el expediente siguiera su curso procesal (v. sent. interlocutoria de fecha 15-XII-2023).
Fue de esa manera que, previo pase por la Receptoría General de Expedientes, los obrados fueron asignados al Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Nº1 del mismo departamento judicial.
En consideración a que la mera citación en calidad de tercero del municipio no implicaba su intervención como parte en el proceso, el titular de ese órgano declinó su competencia.
Para más, haciendo hincapié en lo contemplado en el citado art. 166, última parte, de la Constitución provincial, remarcó que el fuero contencioso administrativo no establece un criterio personal o subjetivo dirigido a enjuiciar "todo el obrar estatal", sino solo aquel que se encuentre regido por el derecho público. En paralelo, destacó que "...en materia de responsabilidad por daños sufridos en veredas en mal estado el responsable principal es el frentista".
Sobre la base de esas consideraciones, dejó planteado el conflicto negativo de competencia y elevó los actuados a este Tribunal para su resolución (conf. art. 7 inc. 1, CCA) -v. sent. interlocutoria de fecha 13-III-2024-.
III. El art. 166 in fine de la Constitución provincial consagra las bases de la materia administrativa, cuyo conocimiento confía a los órganos judiciales especializados. Y el Código Procesal aprobado por la ley 12.008, con sus reformas, despliega los alcances del sistema de enjuiciamiento de los casos administrativos.
Con arreglo a tales normas, compete a los tribunales contencioso administrativos el conocimiento y decisión de las pretensiones que se deduzcan en los casos originados por la actuación u omisión, en el ejercicio de funciones administrativas, de los órganos de la Provincia, los municipios, los entes descentralizados y otras personas (arts. 166 cit., Const. prov.; 1 inc. 1, CCA).
La actividad de esos sujetos provinciales o municipales se presume realizada en el desempeño de funciones públicas y regidas por el derecho administrativo; presunción legal que opera con alcance general, a falta de norma expresa en contrario, incluso cuando para discernir la contienda deban emplearse normas de derecho privado o principios generales del derecho en ellas contenidos (arts. 1 inc. 2 y 2 inc. 4, CCA).
El señalado criterio solo puede ser franqueado por vía de excepción, cuando la cuestión a resolver se encuentre regida exclusiva o primordialmente por el derecho privado o laboral, o en aquellos supuestos regulados por normas legales expresas (art. 4 inc. 1, CCA).
IV. Sobre la base de esas directrices, cabe concluir que el presente subsume en la cláusula general que define la materia contencioso administrativa, en tanto la confrontación involucra -en su estado actual- a la Municipalidad de General Pueyrredon por la presunta omisión en la que habría incurrido en velar por el buen estado de conservación de la acera. Todo lo cual se vincula con el ejercicio de funciones administrativas ligadas a la conservación de las calles, veredas y sitios públicos, como así también, al tránsito peatonal (conf. arts. 27 incs. 2, 5, 8 y 18, 226 inc. 6 y concs., LOM y doctr. causas B. 69.569, "Fredes", resol. de 10-IX-2008; B. 70.097, "Spur", resol. de 13-V-2009; B. 71.286, "Sánchez", resol. de 18-IV-2011; B. 74.158, "Torrado", resol. de 4-V-2016; B. 77.839, "Massimiliani", resol. de 10-VI-2022 y B. 78.689, "Grieco", resol. de 11-VIII-2023, e.o.).
De allí que, independientemente de la manera en que se enderezó la demanda y de la óptica con la que habrá de juzgarse a los codemandados, en esta parcela la cuestión debe ser resuelta por aplicación de normas y principios de derecho público (art. 2 inc. 4, CCA; doctr. causa B. 77.208, "Campuzano", resol. de 22-IX-2021 y sus citas), pues se trata esencialmente de hacer efectiva la responsabilidad patrimonial derivada del presuntamente irregular o defectuoso cumplimiento de ciertos cometidos municipales.
V. En vista de las consideraciones expuestas, corresponde declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata para que continúe interviniendo en el proceso (doctr. causa B. 77.839, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
RESUELVE:
Declarar la competencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°1 del Departamento Judicial de Mar del Plata, ante el cual se radicarán electrónicamente las actuaciones (art. 7 inc. 1, CCA).
Líbrese oficio al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°5 departamental para que tome conocimiento de lo aquí resuelto.
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20 y resol. SCBA 921/21).
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
REFERENCIAS:
Funcionario Firmante: 24/06/2024 13:45:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/06/2024 11:44:09 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 10:55:19 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 14:47:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/06/2024 18:47:05 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
SECRETARIA DE DEMANDAS ORIGINARIAS - SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
NO CONTIENE ARCHIVOS ADJUNTOS
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 26/06/2024 18:52:16 hs. bajo el número RR-501-2024 por DO\jmartiarena.
Fdo.: So-Ko-To-Budiño
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