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“VALENCIA HUARACALLO ANA LAURA Y OTROS C/ ELIAS BERNABE JESUS Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)”
Causa: 141103
La Plata, 30 de Septiembre de 2025.
AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO:
1. Antecedentes
Mediante la resolución del 10/07/2025, la Magistrada de la instancia previa juzgó que la aseguradora “Chubb Seguros Argentina S.A.” había sido citada en garantía a petición de “Edelap. S.A.”, la cual a su vez había sido llamada a intervenir como tercera frente al requerimiento del codemandado Elías; por lo que no correspondía considerar la defensa de prescripción opuesta por la primera de las mencionadas.
Señaló que el propósito de la citación de un tercero a instancia del demandado, consistía en que frente a una hipotética condena, no pudiera serle opuesta la excepción de "negligente defensa" en el marco de una eventual acción de regreso.
Añadió que la exclusión de la citada en garantía por vía de la prescripción de la acción, implicaría vulnerar el derecho a la defensa en juicio del citante, sobremanera en razón de la imposibilidad de solicitar antes su intervención dada la fecha de notificación de la demanda.
Por tanto, rechazó la excepción de prescripción interpuesta como de previo y especial pronunciamiento por “Chubb Seguros Argentina S.A.”, con costas.
Igualmente, desestimó la restante excepción de falta de personería opuesta por la referida tercera “Chubb Seguros Argentina S.A.”, respecto de la parte actora con motivo de la falta de representación suficiente por parte de su abogada; con imposición de costas.
Para así decidir, valoró que en virtud del principio de libertad de formas consagrado en el Código Civil y Comercial, era suficiente la manifestación de la voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado, sin que fuera necesario el otorgamiento del mandato general o especial a través de una escritura pública.
Contra ese pronunciamiento, se alzó la tercera “Chubb Seguros Argentina S.A.” a través del recurso de apelación interpuesto el 16/07/2025, y fundado en la presentación del 18/08/2025; habiendo sido contestado el traslado del memorial conferido el 25/08/2025 únicamente por los coaccionantes a través del escrito del 02/09/2025.
2. Agravios
La recurrente se quejó acerca de la falta de legitimación para articular la excepción de prescripción, que fuera decidida por la Jueza, en función de su condición de citada en garantía de la otra tercera “Edelap S.A.”.
Afirmó que la aludida tercera “Edelap S.A.” había sido citada coactivamente, en los términos del art. 94 y siguientes del Código procesal; por lo que ante una hipotética condena también podría verse afectada, aunque en la medida del seguro contratado con aquélla.
Sostuvo que en razón del alcance de la citación de su asegurada “Edelap S.A.”, se encontraba en paridad con los restantes codemandados; estando facultada, entonces, para oponer las mismas defensas que éstos.
Argumentó que la citación obligada del tercero no se reduce a la oponibilidad de la sentencia para una eventual futura acción de regreso, sino que de acuerdo con lo normado por el art. 96 del CPCC, los efectos de una condena son mayores, dado que el pronunciamiento definitivo lo afectará con el mismo alcance que a los litigantes principales, pudiendo ser ejecutado en el mismo proceso.
Adujo que la resolución puesta en crisis, violó así su derecho de defensa en juicio y de igualdad ante la ley.
Refirió que el planteo prescriptivo no había sido resistido por ninguna de las partes, dado que todos los interesados habían guardado silencio frente al traslado conferido a su respecto; a excepción de la parte actora, quien no se había opuesto.
Por tanto, solicitó que se revocara el pronunciamiento impugnado y, por ende, se abordara el análisis de los fundamentos de la excepción de prescripción vertidos en el punto VII de su contestación de demanda del 08/10/2024, a los cuales se remitió.
Subsidiariamente, peticionó que las costas fueran impuestas en el orden causado, en el supuesto de confirmarse el decisorio apelado.
A su vez, se agravió en torno al rechazo de la excepción de falta de personería impetrada respecto de la parte accionatne.
Aseveró que el decisorio padecía una interpretación errónea del derecho vigente, puesto que la normativa sustancial y procesal vigente exige el otorgamiento de poder instrumentado en escritura pública para acreditar la representación en juicio.
Explicó que de los arts. 363, 1.017 inc. “d” y 1.320 del Código Civil y Comercial, se desprende que el apoderamiento debe ser otorgado en la forma prescripta para el acto que el representante deba realizar; en tanto que el art. 47 del Código de rito exige que la representación en juicio se justifique a través de la pertinente escritura de poder.
Así entonces, aseveró que el poder especial a través del que la abogada Karina Isabel Alaimo actuaba en la causa, debió haber sido otorgado mediante escritura pública, y no por un instrumento privado.
Por último, requirió igualmente que las costas fueran impuestas por su orden, en el caso de ratificarse la decisión impugnada, atento la razonabilidad de la defensa ensayada.
3. Tratamiento de los agravios
3.1 Excepción de prescripción
Por razones de orden lógico, inicialmente debe abordarse el tratamiento de los agravios referidos a la desestimatoria de la excepción de prescripción interpuesta por la citada en garantía “Chubb Seguros Argentina S.A.”.
A ese respecto, cabe aclarar que El art. 118 de la ley 17.418 consagra -desde la perspectiva procesal- una citación de terceros “sui generis”, con la característica de la intervención coactiva que se encastra en la normativa del art. 94 del Código procesal, y que convierte a la citada en una verdadera parte con amplias facultades defensivas. En esa inteligencia, el derecho a defenderse de la aseguradora traída al proceso, no se agota en la producción de las pruebas ofrecidas, sino que debe admitirse con la amplitud que le acuerda el carácter en que fue citada. De ahí que la tercera citada en garantía, en su condición de parte principal coadyuvante, se encuentra habilitada para oponer las excepciones y defensas de que disponga, inclusive la de prescripción; y aun cuando no hubieran sido articuladas por la asegurada, dada la autonomía de su actuación. Otra solución quebrantaría elementales principios de equidad, ya que si la sentencia que se dicte hará cosa juzgada a su respecto, y le será ejecutable en caso de condena; no es razonable que pueda quedar librado a merced de una defensa defectuosa o negligente del asegurado (arts. 18 Const. Nac; 15 Const. Pcia. Bs. As; 118 ley 17.418; 94 y 96 CPCC).
En cuanto a La previsión contenida en el aludido art.118 de la ley de seguros, según la cual “el asegurador no podrá oponer las defensas nacidas después del siniestro”, requiere distinguir las originadas luego del accidente, pero concernientes a la relación interna entre el asegurador y el asegurado, es decir que surgen del contrato de seguro (la falta de denuncia del siniestro, la denuncia tardía o la falta de pago de la prima, etc.); de aquellas otras externas a la relación asegurativa, como es la excepción de prescripción de la acción indemnizatoria de los daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, para las que la citada en garantía se encuentra legitimada para articular en su propio interés, en ejercicio de su derecho de defensa.
Por consiguiente, siendo que la tercera citada “Edelap S.A.” podría eventualmente ser condenada a resarcir económicamente a la parte actora con motivo del deceso de Mario Wilfredo Valencia Salinas; es lo cierto que su compañía aseguradora “Chubb Seguros Argentina S.A.” (igualmente citada a este proceso), debe contar con la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa en juicio de manera íntegra, plena y eficaz. Es decir, ha de gozar de facultades procesales similares a las de los restantes litigantes principales (arts. 18 Const. Nac; 15 Const. Pcia. Bs. As; 118 ley 17.418; 94, 96 y cctes. CPCC).
Ello así, toda vez que -se reitera- la ejecutabilidad de la eventual sentencia condenatoria contra la mencionada compañía de seguros, requiere como presupuesto indispensable que ésta goce de todas las facultades inherentes al amplio ejercicio de su derecho de defensa en juicio.
Decidida ya la legitimación procesal de la referida citada en garantía “Chubb Seguros Argentina S.A.” para articular la excepción de prescripción, y más allá de que en las obligaciones conexas, concurrentes o “in solidum” los efectos de la suspensión e interrupción de la prescripción actúan de manera independiente para cada uno de los litisconsortes (arts. 2.540 y 2.549 Cód. Civ. Com; conf. SCBA LP A 69648 S 18/04/2012); es lo cierto que en la especie dicha defensa resulta improcedente.
Es que, por un lado, la sola interposición de la demanda con fecha 16/02/2023 a las 12:54 hs. (petición ante la autoridad judicial) interrumpió el curso de la prescripción (art. 2.546 Cód. Civ. Com.), que en el caso es de tres años (art. 2.561 Cód. Civ. Com.), contados desde la ocurrencia del hecho dañoso (18/02/2020).
Por otra parte, se aprecia que -tal como fuera advertido en la contestación del memorial del 02/09/2025 a las 11:34 hs.- la citación coactiva de “Edelap S.A.” fue requerida por el coaccionado Bernabé Jesús Elías al momento de contestar la demanda, por lo que dicha facultad fue efectuada de manera temporánea -ver punto IV del escrito del 23/04/2024 a las 09:46 hs.- (art. 94 CPCC).
De su lado, la mentada tercera “Edelap S.A.” también solicitó de forma oportuna la citación en garantía de su aseguradora “Chubb Seguros Argentina S.A.”, en los términos del art. 118 de la ley 17.418. -ver punto III de la contestación de demanda del 06/08/2024 a las 11:12 hs.- (art. 94 CPCC).
En este sentido, se impone señalar que El citado como tercero en un proceso por daños y perjuicios puede citar, a su vez, a su aseguradora (conf. MORELLO, Augusto Mario - SOSA, Gualberto Lucas - BERIZONCE, Roberto Omar, “Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación”, 4° Ed, Abeledo-Perrot, CABA, 2015, T°III, comentario al art. 94 CPCC y juris allí cit.). En efecto, si bien -en principio- el actor no puede ser obligado a litigar contra quien no quiere, ello no puede interpretarse como una regla absoluta, puesto que de ser insoslayable su acatamiento, parte del art. 94 del CPCC caería en letra muerta. Dicho precepto prevé la posibilidad de que la citación también sea provocada por la convocatoria del demandado o del tercero citado; y ello -en tanto compromete el ejercicio pleno del derecho de defensa, y la preservación del principio de economía procesal- no puede quedar librado a la arbitraria conformidad del demandante. De este modo, la citación para quien una de las partes considerare que la controversia es común, no requiere necesariamente la aquiescencia del otro litigante; ni su oposición puede impedir esa citación, que el solicitante peticiona en resguardo de su interés.
Así entonces, tratándose de una controversia común, no puede tomarse en cuenta a la relación entre la última de las terceras convocadas al juicio y la parte actora, para el análisis de la prescripción liberatoria procurada; dado que el llamamiento nació a raíz de la contestación de la demanda por el coaccionado Elías, por lo que los demandantes no pudieron hacer valer la facultad prevista en el art. 94 del Código de rito en la oportunidad allí prevista, esto es, al promover la acción.
Caso contrario, se soslayaría de manera elíptica la imposibilidad de oposición a la citación por parte de la tercera, quien se ve limitada a asumir o no su defensa (art. 2 Cód. Civ. Com; arg. art. 106 CPCC).
Por lo demás, se advierte que la parte actora hizo expresa reserva de ampliar la demanda y/o citar en garantía a quienes llegare a corresponder, una vez contestada la demanda y/o la citación en garantía (ver punto II del escrito de inicio del 16/02/2023 a las 12:54 hs.), tal como fuera reconocido por la propia apelante.
A su vez, se observa que la convocatoria de “Chubb Seguros Argentina S.A.” fue resuelta sin previa sustanciación con la parte accionante (ver providencia del 28/08/2024).
Por ende, esta última lógicamente no pudo adherir a la citación pedida por “Edelap S.A.”, ni ejercer dicha facultad procesal de manera autónoma, conforme la reserva efectuada en la demanda; lo cual afeblece la postura de la recurrente.
Tampoco sería razonable exigir a los coactores una "doble citación", sino que debe entenderse implícitamente convalidada aquélla, al no haber mediado una oposición expresa de su parte.
De acuerdo con todo lo antes expuesto, y el criterio restrictivo imperante en torno a la interpretación de la prescripción, en que debe estarse por la solución más favorable a la subsistencia del derecho (conf. SCBA LP C 110222 S 05/11/2014; SCBA LP A 73431 RSD-19-2022 S 22/03/2022); se impone confirmar en este aspecto la apelada resolución del 10/07/2025 (arts. 163, 164, 260, 266, 270 y cctes. CPCC).
3.2 Excepción de falta de personería
Con relación a la queja traída por el rechazo de la restante excepción de falta de personería impetrada, esta Sala dijo anteriormente que Al igual que el anterior Código Civil -ley 340-, el nuevo Código Civil y Comercial consagró el principio de libertad de formas, pero sin que hubiera determinado el recaudo de la escritura pública para el otorgamiento de poderes generales o especiales que deban presentarse en juicio (arts. 7, 284, 285, 362, 363, 1.015, 1.017, 1319/1334 Cód. Civ. Com.). Entonces, al haberse excluido a los poderes del artículo donde se estableció el requisito de escritura pública (art. 1.017 Cód. Civ. Com.), ya no se podía esgrimir válidamente lo normado por el art. 47 del Código Procesal, para mantener la exigencia de la “pertinente escritura de poder” (conf. CC0201 LP 122709 RSI 277/17 S 07/11/2017, CC0201 LP 137999 RR 473/2024 S 05/11/2024). De lo contrario se infringirían los arts. 72 inc. 12 y 126 de la Constitución Nacional, que le impide a las provincias legislar en materia de códigos de fondo, por haber sido delegada (conf. arg. SCBA LP Ac. 79617 S 18/04/2001, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ D´Ovidio de Demaría, Susana s/ apremio). Es que la ley procesal no puede crear para actos jurídicos (en la especie, el contrato de mandato judicial), formas instrumentales que la ley sustancial no prevé (arts. 5, 31, 75 inc. 12, 121 y 126 Const. Nacional). Ahora bien, es necesario distinguir el objeto del mandato, a fin de determinar los requisitos que se deben exigir. Si se limita a la representación en juicio, sea de carácter general o especial, y al sólo efecto de ejercer los actos procesales necesarios; resulta suficiente con la manifestación de voluntad de la parte otorgante de ser representada por el letrado que señale -tal como sucede con el poder adjunto con la demanda-, porque no existe norma que prescriba que el mandato con representación tenga formalidad alguna (arts. 363 y 1319 Cód. Civ. Com; conf. esta Sala, causa 134013 RR 137/2023 S 14/03/2023). Por el contrario, si lo que se pretende es conferir mandato para actos que requieren la formalidad de escritura pública, ya sea por su naturaleza o porque la ley así lo exige; aquél deberá ser hecho ante un notario para producir sus efectos (conf. CC0202 LP 120.727 RSI 133/2016 S 16/06/2016).
Desde otro ángulo, cuadra subrayar que entre las dos posibilidades interpretativas, igualmente debe estarse a la que permite que el mandato judicial se otorgue por instrumento privado; puesto que es la que facilita el acceso a la justicia, y disminuye los costos del proceso (art. 8 PSJCR; conf. esta Sala, antecedente ref.).
En suma, la mención "escritura del poder" del artículo 47 del CPCC fue redactada en consonancia con el articulado del anterior Código Civil (art. 1184 inc. 7); por lo que no corresponde que sea interpretada como una exigencia en materia de la forma del mandato que modifique lo normado en el Código Civil y Comercial.
En el supuesto en estudio, los coactores Estela Domitila Huaracallo Laura, Ana Laura Valencia Huaracallo y Emmanuel Isaac Valencia Huaracallo, firmaron el contrato de mandato especial para ser representados en este proceso por daños y perjuicios por la abogada Karina Isabel Alaimo; habiéndose presentado tal instrumento privado junto con el escrito de demanda.
En consecuencia, dicho poder especial conferido mediante instrumento privado resulta suficiente a los fines pretendidos; lo cual también conlleva al rechazo de esta parcela del intento revisor (arts. 5, 18, 31, 75 inc. 12, 121 y 126 Const. Nac; 15 Const. Pcia. Bs. As; 284, 285, 362, 363, 1.015, 1.017, 1.319 y cctes. Cód. Civ. Com; 163, 164, 260, 266, 270 y cctes. CPCC).
3.3 Imposición de costas
En torno a la disconformidad de la agraviada por la imposición de las costas, es dable recalcar que Siendo las costas erogaciones necesarias hechas por los sujetos del proceso para obtener la actuación de la ley mediante la resolución judicial que pretenden, han de ser íntegramente resarcidas al vencedor por quien resultó objetivamente derrotado en el debate judicial. Por este motivo, sólo excepcionalmente debe acordarse su exención, frente a fundadas razones que justifiquen el apartamiento del principio de estricta objetividad con que debe resolverse lo concerniente a la imposición de aquéllas; criterio éste de aplicación más severa en materia de incidentes, en los cuales la eximición de las costas al vencido procede en principio únicamente cuando se trata de cuestiones dudosas de derecho (conf. PODETTI, “Tratado de los actos procesales”, p. 113 nro. 30; SCBA Ac. 51.736, sent. del 28/02/1995; esta Sala, causa 115008 RSI 295/2021 S 23/12/2014).
En ese orden de ideas, no configurándose en la especie dicha causal de exoneración, ni advirtiéndose la concurrencia de circunstancia alguna que amerite una solución distinta, en tanto la parte actora remarcó que no había solicitado la citación de la tercera “Chubb Seguros Argentina S.A.” con vinculación a la excepción de prescripción inocada por ésta, por lo que no puede reputarse como inoficiosa, a la par de haberse expresamente opuesto a la demás excepción de falta de personería (ver puntos 1.C y 1.D del escrito del 21/10/2024); resulta adecuado imponer tanto las costas de la instancia de origen como las de Alzada a la recurrente, en su objetivo carácter de vencida (arts. 68 y 69 CPCC).
POR ELLO, y fundamentos expuestos, se confirma la apelada resolución del 10/07/2025. Costas de Alzada a la recurrente vencida. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE. DEVUÉLVASE.
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