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[No puede perderse de vista que el daño patrimonial en casos como el presente se identifica con el costo que el infractor debió afrontar para actuar conforme a derecho, esto es, el valor de las licencias omitidas. En tal sentido, cualquier reducción infundada de dicho parámetro importa, en los hechos, trasladar a la víctima las consecuencias de la conducta ilícita y, correlativamente, beneficiar al responsable, en abierta contradicción con el principio de reparación plena consagrado en el art. 1740 del Código Civil y Comercial de la Nación].
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