En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo ordinario los Sres. jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Dres. Diego DE ROSA y Gonzalo A. LÓPEZ CARDOSO, con la presencia de la Sra. secretaria, Dra. Tatiana Kolesnik, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa N° 28121 caratulada "COMAS IVAN NAZARENO Y OTRO/A C/ DIP LILIANA GRISELDA Y OTRO/A S/INCIDENTE DE REDARGUCION DE FALSEDAD". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes 

CUESTIONES

  1ra.) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

  2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley (art. 263 última parte del CPCC) dio el siguiente orden de votación: Doctores Gonzalo A. López Cardoso y Diego De Rosa.

A la primera cuestión el Doctor López Cardoso dijo:

1) Han sido enviados los autos a este Tribunal, para analizar y resolver el recurso de apelación interpuesto el 3 de noviembre de 2023 por la parte actora, contra la sentencia dictada el 31 de octubre de 2023, que rechazó la demanda  promovida por los Sres. Ivan Nazareno Comas, Marcelo Jose Comas, y Elena Guadalupe Vergara -en calidad de herederos declarados de José Melchor Comas-, y la última, además,  en su calidad de condómina del 50% del inmueble inscripto en la Matrícula N° 50220/ de Florencio Varela- contra Liliana Griselda Dip, la notaria Silvia Nelly Fernandez de Ayan, y la Subsecretaría Social de Tierras del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, por redargución de falsedad de la Escritura N°407, de fecha 18 de diciembre de 2009, Acta de Regularización Dominial Ley 24374,  autorizada por la escribana mencionada, con relación al bien inmueble sito en la calle Yamandú Rodriguez N°1340 de Florencio Varela, y les impuso las costas.

2) Agravios de la parte actora

La parte actora, en su presentación del día 24/03/2026 –replicada por las contrarias los días 6 y 7 de abril de 2026, requiriendo la co-demandada DIP la deserción del recurso-, se agravia ante el rechazo de la acción, expresando sustancialmente que:

"...La sentenciante omite ponderar que la Ley 24.374 no ampara posesiones ilegítimas ni violentas. La propia actora acreditó que la ocupación por parte de la Sra. Dip se produjo tras el lanzamiento de Mario Oviedo por orden judicial y que su ingreso fue tolerado en carácter precario, sin animus domini”.

"...El fallo se limita a reproducir el trámite administrativo sin analizar si se cumplían los requisitos de procedencia”.

"...El decisorio confiere valor absoluto a la escritura, desconociendo el alcance limitado de la fe pública".

"...El inmueble formaba parte del acervo sucesorio, extremo no valorado en la sentencia. Los titulares de dominio al momento de transmitir se encontraron con la titularidad de la demandada “Dip” inserto en el informe de dominio. Por lo tanto, no puede advertir el a quo que se cumplió el procedimiento del decreto reglamentario de la Ley 24974".

" ...La conducta de la demandada encuadra en fraude a la ley... ".

"...Falta de tratamiento de la prueba. El decisorio no analiza el informe de dominio, ni las constancias sucesorias que acreditan la titularidad de los actores ni la ausencia de título hábil de la demandada previo al 2005. Tampoco se valora el hecho de que la demandada jamás acreditó boletos de compra venta con fecha cierta anterior al 1/1/1992".

"...La sentencia omite analizar el eje central del planteo: el carácter fraudulento de la posesión invocada por la demandada, conforme surge de autos".

"...La jueza omite expedirse sobre la medida preliminar solicitada (allanamiento e incautación del libro de registro) y de este modo nos priva de acceso al instrumento cuestionado. Esto impide ejercer eficazmente la redargución (art. 393 CPCC) y constituye violación al debido proceso (art. 18 CN)".

"...Si bien difiere el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación y de acción para la sentencia definitiva, luego las declara “innecesarias” sin resolverlas. Ello priva de la posibilidad de revisión y afecta la congruencia del fallo (arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 CPCC)".

"...La prueba colectada demuestra que la demandada ideó un plan fraudulento: primero promovió una denuncia de violencia familiar… contra Mario Oviedo, quien era comprador de la propiedad, con el único fin de obtener su lanzamiento... Reconoce en la causa penal que Oviedo era el propietario y que la relación estaba rota, lo que desmiente cualquier animus domini previo …Paralelamente, inicia el expediente de regularización dominial… ocultando la existencia de la sucesión abierta y de la causa penal. Declara bajo juramento haber adquirido la posesión en forma “pública y pacífica”, ocultando la violencia familiar, el lanzamiento judicial y la existencia de titulares registrales con domicilio en la misma localidad. Asimismo, la cadena de boletos de compraventa y cesiones invocada es inexistente y apócrifa: no emana de los titulares registrales ni de persona alguna con derecho... Estos extremos configuran falsedad ideológica (arts. 993 y 995 CCiv), que habilita plenamente la redargución. La sentencia apelada omite pronunciarse sobre estos hechos determinantes y con ello incurre en arbitrariedad…”.

Por último, consideran que "... Aún en el supuesto de rechazo de la demanda, correspondía imponer costas por su orden, dada la complejidad del caso y la buena fe de los actores que buscaron tutelar su derecho de propiedad... ".

Tratamiento de agravios.

3) Como preludio de la solución a la que habré de arribar en posteriores líneas, atento que la co-demandada DIP solicitó la deserción del recurso de los accionantes pondero -luego de escrupulosa lectura de aquél- que si bien roza la falta de abastecimiento de la crítica procesalmente requerida, por cuanto cita jurisprudencia inexistente, reúne mínimamente los recaudos que posibilitan su tratamiento (art. 260 CPCC), máxime, teniendo en cuenta el criterio amplio y flexible que debe imperar en el análisis de la carga técnica de expresar agravios, por hallarse en juego, en tales casos, el sustancial derecho de defensa en juicio, de raigambre constitucional (art.18 CN).

4) PUESTO A RESOLVER, comienzo recordando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina:  Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, pág. 825).

En su mérito, no habré de seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto. 

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. pág. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

5.  Marco fáctico.

Para comenzar, debo señalar que los actores han demandado a Liliana Griselda DIP y a la escribana Silvia Nelly FERNANDEZ De AYAN “por redargución de falsedad de la escritura… que declara propietaria a la demandada Dip… según ley 24.374”.

Puntualmente, sindican que “… iniciamos la sucesión de nuestro padre y esposo… Dentro del acervo hereditario consta la propiedad inmueble… que se ubica en Yamandú Rodriguez Nro. 1340 de Bosques de la localidad de Florencio Varela. Dicha propiedad fue adquirida por los cónyuges Comas José Melchor (f) y Vergara Elena Guadalupe en fecha 26/XI/1979… Dicha propiedad fue prestada… al Sr. Mario Martín Oviedo… en noviembre de 2004 quien la habitó hasta la fecha 23 de noviembre de 2009, en que fue lanzado por una orden judicial… por una supuesta violencia familiar. La demandada Dip … resulta ser la prima del Sr. Oviedo, la que ingresó al domicilio a mediados de 2008… Falseando la verdad, la susodicha inventó una causa penal de violencia familiar para lograr la expulsión del domicilio y con ello escriturar por la ley 24.374, falseando los requisitos… La demandada dolosamente ha ocultado a la Escribana el carácter ilegítimo de la posesión del bien inmueble escriturado… Advertimos esta irregularidad cuando hace unos cinco días tomamos conocimiento del estado de dominio asentado en el registro de la Propiedad Inmueble… con el fin de realizar un tracto abreviado en la sucesión… A la fecha no hemos podido tomar conocimiento del instrumento a redargüir de falsedad” (v. demanda, punto II “HECHOS”, fs. 26vta./27).

Concretamente, formulan “la impugnación según art. 393 del CPCC del instrumento declarativo de dominio a favor de Liliana Griselda Dip…” (fs. 27 punto III “FORMULA IMPUGNACION”).

Por su parte, la co-demandada DIP, en su responde de fs. 155 y sstes., interpuso excepción de falta de legitimación activa, manifestando que los accionantes no acreditaron su carácter de herederos del Sr. José Melchor COMAS, y que no aportaron título de propiedad del que se desprenda quiénes son los titulares del bien.

A su vez, afirmó que “adquirió por boleto de compra y venta y cesión de derechos posesorios en fecha 3 de abril de 2005 a la Srita. Divina Coman el inmueble de marras…”, e indició la cadena previa de adquisiciones en igual sentido. Añadió que “… ha adquirido la propiedad de buena fe, y atento a ello inicié los trámites pertinentes en la Dirección de Tierras correspondiente, analizados exhaustivamente los mismos, se realizaron las correspondientes notificaciones y publicaciones de edictos, producidos los recaudos establecidos en la ley 24.374… autorizaron la protocolización de la misma” (v. fs. 156, punto 2 “HECHOS”).

De su lado, la misma co-demandada advirtió que “el presente responde corresponde a un incidente… Ahora bien, esta parte desconoce cuál es el juicio principal… del cual pueda deducirse el incidente de marras”, por lo que solicitó su rechazo.

En otro orden de cosas, a fs. 210 contestó la demanda la escribana FERNANDEZ DE AYAN, aseverando que “la aquí demandada Sra. Dip… se presentó ante mi a efectos de solicitar el acogimiento a los beneficios del régimen de regularización dominial, conforme los términos de la ley 24.374 del inmueble que ella habitaba… se procede a la confección del correspondiente expediente…”.

Relatando los pasos seguidos al efecto, concluye que “… habiendo la Sra. Dip acreditado reunir los requisitos para acogerse al régimen de regularización dominial, interviene y otorga la escritura… Cabe destacar… que… el otorgamiento del acto y su inscripción por ante el registro de la Propiedad… es al sólo efecto de, a partir de la fecha de su registración, comenzar a correr el plazo de los 10 años para que entonces si opere de pleno derecho una transmisión de dominio a favor de la beneficiaria. O sea que a la fecha continúan revistiendo el carácter de titulares de dominio del inmueble referido los cónyuges… Comas y … Vergara… De lo expuesto… se desprende categóricamente que la Escritura Pública Nro. 407 de fecha 18 de diciembre del año 2009 carece de todo vicio que implique su redargución de falsedad, por cuanto carece de adulteración material alguna, como así también de inexactitud de hechos cumplidos por mi o que hayan pasado por ante mi presencia en los términos del art. 993 y concordantes del Código Civil” (fs. 210vta./212, punto III, “realidad de los hechos”).

Solicitó el rechazó de la pretensión, con costas.

Requerida por la notaria la citación a juicio de la Subsecretaría Social de Tierras del Ministerio de Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y admitida la misma, se presentó a contestar la Fiscalía de Estado a fs. 295.

Luego de una amplia e ilustrativa explicación sobre el sistema legal de regularización dominial de inmuebles, concluyó que “… si lo que se denuncia es la falta de adecuación de la escritura con la realidad, resulta improcedente atacar únicamente el acto escriturario, pues es el último paso de un procedimiento administrativo de regularización previsto por la ley 24.374 materializado en el expediente administrativo… que reviste la calidad de instrumento público (art. 979 CC), y como tal sus constancias hacen plena fe (art. 993 CC) de la existencia material de los hechos. Además, dicho procedimiento prevé un modo de oposición o impugnación… no utilizado oportunamente por los aquí reclamantes…” (v. fs. 300 vta./301).

La Fiscalía también apuntó la improcedencia de la vía incidental intentada (fs. 301 vta.). A su vez, planteó excepción de falta de acción, por cuanto la parte actora no formó parte del acto escriturario, por lo que entiende no puede requerir la anulabilidad del mismo (fs. 301 vta.); y de falta de legitimación pasiva, considerando que no se dan en autos los requisitos para que opere responsabilidad alguna imputada al Estado local (fs. 302).

6. Excepción de falta de legitimación activa.

Como punto de partida, abordaré la defensa opuesta por la co-accionada DIP, pues su falta de tratamiento por la juzgadora de grado llega cuestionada a esta sede revisora por la actora recurrente.

Al respecto, sabido es que la legitimación supone la titularidad activa o pasiva de la relación jurídica sustancial; de ahí la afirmación que la persona legitimada en un determinado proceso es aquella revestida por la ley para discutir el objeto sobre el que versa el litigio. Vale decir, que se trata de un recaudo en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las que la ley habilita especialmente para pretender y para contradecir respecto de la materia objeto de la litis. Por ende, la falta de legitimación se verifica cuando el actor o demandado no son los titulares de la relación jurídica sustancial en que se funda la pretensión, con prescindencia de la fundabilidad de ésta (doctr. y arg. art. 345 inc. 3 CPCC).

En el punto, destaco que los accionantes iniciaron su demanda acompañando informe de dominio del inmueble de marras (v. fs. 19), del que surge el mismo en cabeza de los cónyuges COMAS-VERGARA.

A su vez, han probado ser herederos y cónyuge del primero de los nombrados con el expediente sucesorio que tengo a la vista, tramitado por ante el Juzgado Civil y Comercial N° 14 de Lomas de Zamora, del que emerge dictada declaratoria de herederos a su favor a fs. 36.

Ambas circunstancias se erigen en razones suficientes para proceder al rechazo del planteo, con costas a cargo de la co-demandada DIP (arts. 68 y 69 CPCC).

7) Vía incidental.

En cuanto a la vía elegida para canalizar la demanda, cuestionada tanto por la Sra. DIP como por la Fiscalía de Estado, no resulta ocioso señalar que los accionantes dieron inicio a este expediente en el mencionado Juzgado N° 14 de Lomas de Zamora, esto es, en el entendimiento de que tramitaría como un incidente dentro del sucesorio de su esposo y padre, respectivamente. Mas dicho juzgado rechazó la radicación.

Si bien debería haberse reencauzado la acción, al quedar radicada por ante el juzgado que aquí ha dictado la sentencia cuestionada, se le otorgó trámite incidental a fs. 49. Pero, más allá de los cuestionamientos efectuados por los contendientes en sus respondes de demanda, ningún otro planteo se realizó, consintiendo la continuación de las actuaciones de ese modo.

Es más, a fs. 332 se abrieron a prueba por un plazo que no es el edictado para los incidentes -se otorgaron 15 días-, y también ello fue consentido.

De todos modos, lo decisivo es que uno de los efectos singulares del "llamamiento de autos" lo constituye el saneamiento de todos los vicios de actividad anteriores una vez consentida la providencia que hace así de compuerta tras la cual todos aquellos defectos pierden virtualidad, o sea, que produce saneamiento genérico del proceso (arts. 482 C.P.C.C.; 52 ley 5708).

En efecto, habiendo dictado el llamamiento de autos a sentencia tanto en primera instancia como en esta Alzada, la causa debe ser decidida en función de los elementos de información que el litigio exhibe, lo que así corresponde decidir.

8) Marco normativo. Solución.

8.1) Dada la fecha de otorgamiento de la escritura impugnada (18/12/09) y de inicio de las actuaciones (9/04/2013) resulta de aplicación la normativa de fondo emanada del Código Civil velezano (art. 7 CCCN).

8.2) Para comenzar, recuerdo que la redargución de falsedad regulada por el art. 393 del CPCC es un incidente procesal destinado a demostrar la falsificación de un instrumento público. Se diferencia del trámite previsto en el art. 993 del Código Civil, porque en éste se permite que la pretensión declarativa de falsedad se promueva mediante acción civil o criminal (conf. GOZAINI, Osvaldo Alfredo, “Código Procesal…”, T II p. 70).

Es de destacar que el rechazo del incidente de redargución de falsedad no implica la imposibilidad de replanteo de la cuestión por vía principal según lo previsto por el art. 993 del Código Civil, pues se trata de remedios distintos (CS, 1998/05/07, La Ley, 1998-E, 56).

En resumidas cuentas, los distintos senderos que para la redargución se abren, según se adopte el criterio previsto en el Código Civil o se demande directamente por la vía procesal, tienen como principal diferencia que en este último supuesto se requiere la impugnación previa, que debe ser efectuada al contestar el traslado conferido de la documentación acompañada o cuando se lo exhibe para su reconocimiento, y es a partir de allí que comienza a correr el plazo del art. 395 -393 del CPCC local-, esto es, diez días para iniciar el incidente (conf. precedente citado supra); sin perjuicio de que se opte por una demanda autónoma.

8.3) Sentado cuanto precede, sabido es que el instrumento público hace plena fe hasta que sea argüido de falso en relación a la existencia material de los hechos que el oficial público hubiese anunciado como cumplidos por él mismo, o que han pasado en su presencia (doctr. y arg. art. 993 CCiv).

La falsedad que se alegue puede ser material, cuando se altera o hace desaparecer la genuinidad o autenticidad de un documento; o ideológica, cuando se altera o hace desaparecer la veracidad de un documento (Pelosi, Carlos A. “Falsedad ideológica. Concepto. Trámite de la redargución”, TR LALEY AR/DOC/15/2012).

No es escasa la doctrina que entiende que la falsedad ideológica debe redargüirse siempre en querella, en juicio ordinario, con todas las garantías de la amplitud de la prueba; y sólo la material puede serlo por vía incidental, donde se discute la autenticidad del documento, su adulteración física, no los conceptos en él expresados (vbgr. Escaplez, Julio H.: "Redargución civil de falsedad", en Jus, Revista Jurídica de la Provincia de Buenos Aires, N° 8, 1966, págs. 18 años sigs.).

8.4) Aunque la discusión doctrinaria excede el ámbito de este decisorio, observo de los términos de la demanda iniciada por los accionantes, que pretenden la declaración de falsedad de la escritura N° 407, cuya copia obra a fs. 43/45, argumentando que la co-demandada DIP “dolosamente ha ocultado a la Escribana el carácter ilegítimo” de la posesión que alegó sobre el bien sito en la calle Yamandú Rodríguez N° 1430 de Florencio Varela.

Para ello, a fs. 27 vta., primer párrafo, impugnan la misma en los términos del art. 393 del CPCC, pero fundan su derecho, entre otros, en el art. 993 del Código Civil (fs. 28), y alegan la omisión dolosa de la demandada DIP, fundándola en el art. 933 del mismo cuerpo (fs. 27).

8.5) Ahora bien, sin perjuicio de cuál hubiera sido la vía correcta para tramitar la pretensión -incidente procesal o querella-, lo cierto es que los términos de la demanda sellan la suerte adversa del pleito.

Ello así por cuanto los accionantes no impugnan por falsedad material ni ideológica la escritura de marras. Esto es, no han alegado adulteración física del documento, ni que la escribana haya asentado hechos falsos como cumplidos por ella o pasados en su presencia.

Pretenden, en cambio, derrumbar la “titularidad” que entienden registralmente anotada en cabeza de la co-demandada DIP, arguyendo que ha “ocultado dolosamente el carácter ilegítimo” de su posesión.

8.6) Es en esta parcela del decisorio que corresponde ingresar, entonces, al análisis del régimen de regularización dominial de inmuebles.

La ley 24.374, otorga esta prerrogativa a ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua durante tres (3) años con anterioridad al 1° de enero de 2009, respecto de inmuebles edificados urbanos que tengan como destino principal el de casa habitación única y permanente, y reúnan las características previstas en la reglamentación (art. 1).

En su art. 6, regula el procedimiento, que puede sucintamente resumirse en: presentar una solicitud con carácter de declaración jurada; relevamiento y verificación por la autoridad de aplicación, remisión a Escribanía de Gobierno o la habilitada al efecto; citación al titular de dominio al último domicilio conocido y en el Boletín Oficial, emplazándolo a deducir oposición; y, ante falta de la misma, labrado de escritura e inscripción en el registro respectivo.

Específicamente, la inscripción a la que se refiere sólo implica que, a partir de ella, comenzará a correr el plazo de 10 años, vencido el cual, el beneficiario adquirirá la condición jurídica establecida en la ley especial.

Todos los requisitos se verifican cumplidos, pues así emana de la lectura del expediente administrativo del caso, 2147-032-5-0722/09 que obra en copia certificada por la escribana co-demandada a fs. 166/0209.

Concretamente, en lo que aquí interesa, constan las sucesivas cesiones de derechos que alegó en su favor la co-demandada DIP, el informe de dominio, del que emana titularidad registral a nombre de los cónyuges COMAS-VERGARA, declaración jurada de la Sra. DIP y, específicamente, el emplazamiento por carta documento y por edictos a los titulares de dominio -los actores- por treinta días a fin de que presenten las oposiciones que consideren hagan a su derecho.

Destaco que no surge del mismo presentación alguna de los accionantes oponiéndose al progreso de la regularización dominial pretendida por la demandada.

8.7) Corolario de ello, es que no puede predicarse falsedad de la escritura N° 407, que obra en copia a fs. 43/45, ni material ni ideológica, pues es el producto final del trámite del expediente administrativo mencionado.

En efecto, la escritura, el instrumento, no adolece de vicio alguno que permita pregonar su falsedad, por el sencillo motivo de que ello no es lo alegado por los actores.

Es más, la escritura no plasma titularidad registral del inmueble de autos en cabeza de la Sra. DIP, la que se mantiene a nombre de la Sra. VERGARA -co-actora- y del Sr. COMAS -padre de los restantes co-actores-. Simplemente consigna -reitero- como fruto de la tramitación del expediente administrativo respectivo, que resulta “beneficiaria” del régimen de regularización dominial que prevé la ley 24.374.

En cambio, su pretensión se ha encaminado a denunciar la “falsedad” de los dichos de la Sra. DIP ante la Escribana interviniente y la autoridad de aplicación de la ley, argumentando “ocultamiento doloso del carácter ilegítimo de su posesión”, lo que excede ampliamente el marco de la redargución de falsedad del instrumento público que es el resultado final de un expediente administrativo, como la escritura N° 407 de marras.

De tal guisa, por los motivos aquí expresados, el recurso no puede prosperar, correspondiendo confirmar la sentencia apelada, si mi voto concita adhesión del acuerdo.

9) El modo en el que se propone la decisión del entuerto de fondo implica, tal como lo señaló la primer juzgadora, que resulte innecesario abordar las excepciones de falta de acción y de falta de legitimación pasiva interpuestas oportunamente por la Fiscalía de Estado.

Ello, no sin antes hacer notar que los antecedentes jurisprudenciales citados por la parte actora recurrente no corresponden a esta Sala ni a esta Alzada departamental.

10) Costas.

Corresponde, llegados a este punto, recordar que el hecho objetivo de la derrota es el fundamento en el que se apoya el principio general en esta materia y, si bien éste es susceptible de sufrir atenuaciones, tal criterio debe ser restrictivo, pues de lo contrario, por vía de excepción, se desvirtuaría al principio general del vencimiento (doct. y arg. art. 68 CPCC).

Desde esta perspectiva, es evidente que en el caso sometido a decisión no cabe apartarse de la regla básica señalada, pues las manifestaciones descriptas en el punto 5 de los agravios de los accionantes, no resultan suficientes para modificar esta parcela del decisorio (doctr. y arg. arts. 68 y 260 del Digesto ritual).

A su vez, por idéntico motivo, las costas de Alzada deben ser también impuestas a la parte actora, vencida (art. 68 CPCC).

En consecuencia, al primer interrogante planteado y por las razones expresadas, doy mi voto por la AFIRMATIVA.

  A la misma primera cuestión, el Dr. De Rosa dijo que VOTA EN IGUAL SENTIDO.

A la segunda cuestión, el Dr. López Cardoso dijo: 

Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde a) desestimar el recurso de apelación planteado por la parte actora, y confirmar la sentencia dictada el 31 de octubre de 2023; b) Las costas de Alzada se imponen a la parte actora, vencida (art. 68 del CPCC).

ASI LO VOTO

A la segunda cuestión, por compartir los mismos fundamentos, el doctor De Rosa expresó que: VOTA EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA   

Que en el Acuerdo celebrado quedó establecido:

1º) Que el recurso de apelación planteado por la parte actora debe rechazarse, correspondiendo confirmar la sentencia dictada el 31 de octubre de 2023.

2º) Que las costas de Alzada deben imponerse a la parte actora, vencida.

POR ELLO: y fundamentos consignados en el Acuerdo, se rechaza el recurso de apelación planteado por la parte actora; y se confirma la apelada sentencia de fecha 31/10/2023. Impónense las costas de Alzada a la actora, vencida. REGISTRESE. NOTIFIQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (art. 11, Reglamento para la notificación por medios electrónicos, Ac., SCBA. 3845/17 modif. por Ac. 3991/20). Oportunamente, DEVUELVASE.