En la Ciudad de Quilmes.

AUTOS Y VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada en fecha 14 de mayo de 2026 y por la Sra. Asesora de Menores el día 02 de junio de 2026, contra lo dispuesto el 8 de igual mes y año en cuanto impuso astreintes a la demandada y dispuso el nombramiento de un abogado a efectos de representar a las niñas Fioralba y Camelia Bonomo.-

Y CONSIDERANDO:

I).- Abordando la misión revisora, en primer término, nos abocaremos al tratamiento del recurso subsidiariamente interpuesto por la parte demanda con relación a la imposición de astreintes a su cargo,  por el incumplimiento de la medida de no innovar dispuesta en la causa respeto al establecimiento educativo al que concurrían las niñas Fioralba y Camelia Bonomo.-

II).- A tales efectos, comenzamos por recordar que las sanciones conminatorias o astreintes estatuidas en los artículos 804 del Código Civil y Comercial de la Nación y 37 del Código Procesal Civil y Comercial, constituyen medios de carácter pecuniario de que disponen los jueces para hacer cumplir cualquier tipo de deber u obligación impuesta a las partes (arg. CC0202 LP 118332 305 I 20/12/2016).-  

Repárese que las astreintes asumen, en primer lugar, un rol como un instrumento de conminación, dado que la advertencia de su fijación esta destinada a ejercer una suerte de presión en el destinatario de la orden judicial para que este la cumpla. Es decir, se intima al obligado para que observe el mandato, bajo apercibimiento de una multa que se estima en una suma de dinero y su beneficiario.-

En segundo término, si todavía persiste la renuencia, su aplicación asume naturaleza sancionatoria.-

En resumen, se trata de una figura conminatoria y sancionatoria de índole procesal, disponible para las partes y facultativa para los jueces que ingresa en el conjunto de sus deberes facultades dentro del proceso y de su dirección, que tiene por objeto principal propender al cumplimiento de las decisiones judiciales.-

Pueden ser fijadas de oficio, por propia iniciativa y de acuerdo al prudente criterio de la magistratura, previo análisis discrecional de las características e importancia de los deberes jurídicos impuestos y a la gravedad del incumplimiento.-

III).- Establecido ello, analizadas las constancias de la causa, si bien ninguna duda cabe de que las astreintes cuestionadas han sido fijadas de oficio por la jueza de grado, en ejercicio de sus poderes – deberes, y en miras de tutelar el derecho a la educación y garantizar la escolaridad de las niñas, advertimos que su aplicación resulta prematura.-

Nótese que al momento de su imposición, sin previa intimación, se encontraban pendiente de proveimiento las cuestiones planteadas por la demandada, indicadas en su memorial, con relación a la imposibilidad de cumplir con medida cautelar dispuesta en autos, así como la modificación de las circunstancias existentes al momento de su dictado y la ocurrencia de  hechos sobrevinientes (art. 37 del CPCC).-

En efecto, asistiendo razón a la apelante en tal aspecto, corresponder admitir el recurso en análisis y dejar sin efecto las astreintes fijadas en fecha 08/05/2026.-

IV).-  En este estado, corresponde pasar al tratamiento del recurso de apelación interpuesto por la Sra. Asesora de Menores con relación a la designación de un abogado que represente a las niñas Fioralba y Camelia.-

V).- Al respecto comenzamos por señalar que el Código Civil y Comercial reconoce a los niños y adolescentes como sujetos de derecho y, correlativamente, diseña mecanismos de participación activa de las personas menores de edad en el proceso judicial, elaborando un complejo normativo para conocer y considerar sus intereses, opiniones y pretensiones en las cuestiones que los afectan; ello en un todo de acuerdo con los mandatos de la Convención de los Derechos del Niño (esta Sala,  RSI 208-17; en el mismo sentido RSI 173-18). Entre estas previsiones se encuentra la posibilidad de los NNyA de ser representados por un “abogado del niño”, cuando cuentan con la edad y el grado de madurez suficiente como para comprender dicho acto y han manifestado su expresa voluntad a tal fin (art. 22, 26, 707 y cctes del CCyCN; arts. 12 ley 23.849; art. 27 Ley 26.061, Ley 14.568).-

La edad y el grado de madurez están relacionados con la capacidad progresiva, que resulta de un claro reconocimiento de las personas menores de edad como sujetos de derecho. Supone una determinada aptitud para la toma de decisiones inherentes a su vida en el marco de un proceso judicial en el cual se encuentra involucradas.-

Consideramos que el grado de madurez y la capacidad progresiva de cada niño debe analizarse y determinarse caso a caso con intervención del equipo técnico con que cuentan los jueces de grado, en base al principio de la interdisciplina.-

En ese entendimiento, aun cuando la edad es una guía o un parámetro a tener en cuenta para ordenar o admitir la designación de un abogado del niño, ya que se debe analizar caso a caso para determinar su conveniencia, parece indudable que a menor edad, por ejemplo niños menores de 13 años, si bien la posibilidad no desaparece, la elección autónoma o la designación de oficio será más difícil.-

Es decir, cuando se trata de personas menores de trece años -como ocurre en el presente- siempre deberá evaluarse la conveniencia de la elección o designación en base a la conflictiva y el grado de madurez de los niños, lo que exige un trabajo judicial de constatación y evaluación interdisciplinaria antes de la toma de decisión.-

VI).- Siendo ello así, resulta acertado el cuestionamiento efectuado por la Sra Asesora de Menores en cuanto a que, en el caso de autos, atento la edad de las niñas -6 y 8 años-, la designación de abogado del niño requiere la previa evaluación concreta del grado de madurez y comprensión necesarias para valerse por si en el proceso.-

Consecuentemente, conforme lo requerido por el Ministerio Pupilar, la desinsaculación de abogado que represente a las niñas, sin evaluación previa, resulta prematura y debe ser dejada sin efecto (arts. 1, 2, 3, 22, 26, 707 y cctes del CCyCN; arts. 12 ley 23.849; art. 27 Ley 26.061 y Ley 14.568).

Ello, sin perjuicio de la validez de los actos cumplidos por la letrada designada en tal carácter y de que, en caso de procederse oportunamente a la  designación de abogada que represente a las niñas, la misma recaiga en la Dra. Valtuille, ya presentada en autos.-

VII).- Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, atento la manera en que se ha resuelto la cuestión (art. 68 y conc. del CPCC.).   

Por todo ello, este Tribunal RESUELVE: 

Admitir los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada  y por la Sra. Asesora de Menores y revocar lo dispuesto el 8/05/2026 en cuanto a la imposición de  astreintes a cargo de la Sra. Insua y al nombramiento de un abogado a efectos de representar a las niñas Fioralba y Camelia Bonomo. Costas por su orden.-

NOTIFÍQUESE a las partes y al Asesor de Incapaces interviniente. REGÍSTRESE. DEVUÉLVASE.