En la ciudad de Quilmes, reunida en Acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de este Departamento Judicial, integrada por los Sres. Jueces Dr. Diego De Rosa y Dr. Gonzalo A. López Cardoso y, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron a despacho para dictar sentencia única los autos: "GUILLER DIANA EUGENIA  C/ TELEFONICA DE ARGENTINA SA S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)”, Causa N° 30762.

Y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y artículos 263 y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley que dio el siguiente orden de votación: Doctores Diego De Rosa y Gonzalo A. López Cardoso.

LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1°) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2°) ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR DIEGO DE ROSA DIJO:

1) Han sido enviados los autos a este Tribunal, para analizar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 10/09/2025 y por la parte demandada el 05/09/2025, contra la sentencia dictada el 02/09/2025, mediante la cual la magistrada interviniente hizo lugar a la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por Diana Eugenia Guiller (DNI: 11.628.213) contra Telefónica de Argentina S.A., condenándola a que le abone a la actora la suma total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000).

Asimismo, dispuso que a dicho monto deberá adicionarse los intereses  que se calcularan desde la fecha de baja del servicio (22 de Marzo de 2019) y  hasta la fecha de la sentencia (2 de Septiembre de 2025) en un 6 % anual y desde la fecha del pronunciamiento y hasta el efectivo pago, mediante la utilización de la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos.

A su vez, rechazó la inconstitucionalidad de los arts. 7 y 10 de la Ley 23.928, según Ley 25.561, planteada por la actora.

Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada vencida (art. 68, cód. cit.) y difirió la regulación de honorarios para la etapa procesal oportuna. 

Cabe referir que el precitado monto de condena lo fue por los rubros discriminados de la siguiente manera: Daños Materiales: $100.000; Daño Moral: $800.000 y Daño punitivo: $ 1.000.000.

2) Agravios parte actora 

Se agravia la parte actora del monto reconocido en concepto de daño material, por considerarlo insuficiente. Señala que, pese a haberse tenido por acreditado el perjuicio derivado de la falta de prestación del servicio telefónico, la magistrada de grado mantuvo la suma de $100.000 reclamada al promover la demanda, esto es, a su valor histórico.

Sostiene que ello resulta contradictorio con lo señalado en el considerando VII, donde la a quo afirmó haber actualizado los montos reclamados en ejercicio de las facultades conferidas por el art. 165 del CPCC, pues mientras los rubros daño moral y daño punitivo habrían sido cuantificados atendiendo al proceso inflacionario, el daño material fue mantenido a valores históricos.

Alega que tal proceder desconoce la pérdida del poder adquisitivo de la moneda y vulnera los principios de indemnidad y propiedad consagrados en los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional, al no representar el importe reconocido el valor real del crédito.

Finalmente, cuestiona que la magistrada haya circunscripto la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en la causa “Barrios, Héctor Francisco y otra c/ Lascano, Sandra Beatriz y otra s/ daños y perjuicios”, causa C. 124.096, relativa a la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, a los daños derivados de accidentes de tránsito. Sostiene que dicha interpretación resulta restrictiva, pues la pérdida del poder adquisitivo afecta a todo crédito con independencia de su origen.

Por ello, solicita que se revoque la sentencia en este aspecto y se actualice la cuantificación del daño material.

3) Agravios parte demandada

3.1) En primer término, se agravia de la valoración de la prueba efectuada por la magistrada de grado y de la atribución de responsabilidad que de ella se deriva. Aduce que no existen elementos probatorios que permitan imputarle un incumplimiento y objeta la interpretación efectuada de la pericia contable, de la que surgiría la existencia de una deuda correspondiente a la línea móvil de la actora. Afirma que el incumplimiento de ésta en el pago de las facturas pendientes justificaba la baja del servicio, por lo que no correspondería atribuir responsabilidad contractual a su parte.

Asimismo, señala que nunca se garantizó a la actora el cambio de domicilio ni la conservación del número telefónico, sino que se le informó que tales gestiones se encontraban sujetas a disponibilidad técnica.

Por otra parte, afirma que no surge de autos ni de ninguna otra constancia que la actora haya sido hostigada o tratada indignamente, por lo que tales circunstancias constituirían meras afirmaciones carentes de respaldo probatorio. En esa línea, entiende que la sentencia efectuó una incorrecta aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, pues su parte habría actuado de buena fe, informando a la actora acerca de las distintas circunstancias vinculadas con su solicitud.

3.2) En segundo lugar, cuestiona el reconocimiento de los daños resarcitorios, pues considera que la actora no acreditó la existencia de daño material, pérdida de chances, lucro cesante ni pérdida de ganancias. Del mismo modo, objeta la procedencia del daño moral, al entender que no se demostró una lesión grave a los sentimientos íntimos de la accionante ni que hubiera sufrido perjuicios derivados de trámites o notas presentadas.

Finalmente, controvierte la procedencia del daño punitivo, al sostener que no se acreditó vulneración alguna de las disposiciones de las leyes 24.240 y 26.361 que justifique la aplicación del art. 52 bis. Afirma que, por el contrario, fue la propia actora quien incumplió su obligación de abonar el servicio, provocando el desequilibrio contractual que se le atribuye a la demandada.

En definitiva, solicita que se revoque la sentencia apelada y se rechacen los rubros indemnizatorios reconocidos a favor de la actora.

4) Tratamiento de los agravios

 Puesto a resolver, comienzo recordando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina: Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, pág. 825).

En su mérito, no habré de seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto.

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. pág. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

5) Atribución de responsabilidad.

5.1) Por razones de orden lógico, corresponde comenzar el análisis por los agravios de la demandada dirigidos a cuestionar la atribución de responsabilidad efectuada por la magistrada de grado, pues de la suerte de tales reproches dependerá el tratamiento de aquellos vinculados con las partidas indemnizatorias.

5.2) En ese marco, la recurrente cuestiona la valoración de la prueba realizada en la instancia de origen y, consecuentemente, la responsabilidad que le fue atribuida. Sostiene, en lo sustancial, que la pericia contable demostraría la existencia de una deuda a cargo de la actora, circunstancia que —a su entender— habría justificado la baja del servicio y excluido todo incumplimiento imputable a su parte.

5.3) Adelanto que, luego de examinar las constancias de la causa y los argumentos desarrollados por la apelante, considero que el pronunciamiento recurrido debe ser confirmado en este aspecto.

Ante todo, adviértase que arriba incontrovertida a esta instancia la existencia de la relación contractual y de consumo que vinculó a las partes con motivo de la prestación del servicio correspondiente a la línea 011 42243615. De ello deriva la aplicación de las disposiciones de la ley 24.240 y los principios que informan el régimen protectorio del consumidor (art. 42, CN; arts. 3 y 4, ley 24.240), así como las disposiciones pertinentes del Código Civil y Comercial de la Nación, conforme los principios de integración normativa y coherencia del ordenamiento jurídico (arts. 1 y 2 CCCN).

En este contexto, cabe recordar que el estatuto del consumidor, de orden público, reconoce al usuario la calidad de sujeto de tutela preferente y establece pautas interpretativas orientadas a garantizar la protección de sus derechos, imponiendo la aplicación de la solución más favorable en caso de duda normativa o interpretativa (argumento art. 3 de la ley 24.240 y argumento arts. 1094 y 1095 del CCCN).

En tal sentido, esta Sala, en su anterior integración, ha sostenido que “…En distintos precedentes la Corte Nacional ha dicho que la finalidad de la ley 24.240 consiste en la debida tutela y protección del consumidor o el usuario, que a modo de purificador legal integra sus normas con las de todo el orden jurídico, de manera que se impone una interpretación que no produzca un conflicto internormativo, ni malogre o controvierta los derechos y garantías que, en tal sentido, consagra el art. 42 de la Constitución Nacional” (C.S.J.N., causas C.745.XXXVII, in re "Caja de Seguros S.A. c/ Caminos del Atlántico S.A.C.V.", sent. del 21-III-2006, "Fallos" 329:695, voto del doctor Zaffaroni; F.331.XLII; REX, "Federación Médica Gremial de la Cap. Fed. -FEMEDICA- c/ DNCI - DISP 1270/03", sent. del 18-XI-2008, "Fallos" 331:2614, disidencia del doctor Maqueda. SCBA Ac.115486)." (Causa 16462 113/15 S 07/08/2015).

Asimismo, ha resuelto este Tribunal que, "...probada la relación de consumo, la calidad de proveedor y el incumplimiento de obligaciones de origen legal o convencional, quedará a cargo del proveedor demostrar con mayor precisión e intensidad que no existió el incumplimiento, que el hecho no ha sido grave; que no existió perjuicio para el consumidor o usuario; que no obtuvo beneficios a través del incumplimiento; que no se mejoró su posición en el mercado; que no existió intencionalidad alguna; que no generó perjuicios sociales, y que no es reincidente -Miguel A. Piedecasas, "Revista de Derecho de Daños", 2011-2, pág. 421 y sigtes.-" (Causa 24245 RS-43-2022 S 12/04/2022). 

5.4) Bajo tales premisas, advierto que la crítica de la recurrente parte de una consideración parcial de la prueba producida, pues centra su planteo en la existencia de determinados saldos impagos, pero no logra hacerse cargo de las restantes circunstancias que fueron ponderadas por la magistrada de grado para atribuir responsabilidad.

En efecto, de la pericia contable surge que la línea fija de titularidad de la actora fue dada de baja el 22/03/2019 y que se registraban determinados vencimientos impagos. Sin embargo, el propio experto informó que la totalidad de esa deuda había sido posteriormente ajustada mediante créditos efectuados en la cuenta financiera de la cliente, encontrándose la cuenta en cero al momento de la pericia.

A ello se suma la inconsistencia, ya señalada en la sentencia, entre la fecha de baja de la línea y los períodos que la propia empresa informó como impagos. En efecto, si el servicio había sido dado de baja en marzo de 2019, no resultaba razonable atribuir a la actora deuda correspondiente a períodos posteriores.

De tal modo, la sola existencia de registros de deuda no resulta suficiente para demostrar que la baja del servicio obedeció legítimamente al incumplimiento de la usuaria, máxime cuando la propia información emanada de la empresa presenta las inconsistencias señaladas y los saldos informados fueron posteriormente ajustados.

5.5) A lo anterior se agrega un elemento de particular relevancia para la solución del litigio emergente de la pericia contable presentada el 14/05/2024 que informó la existencia de constancias indicativas de que la actora había solicitado un cambio de domicilio, cuyo registro surgía de los sistemas de la compañía.

Frente a ello, la demandada requirió explicaciones al experto y le solicitó que precisara de qué libro o documentación surgía el supuesto pedido y cuál había sido su fecha. Al responder, el perito aclaró que la información provenía de la documentación comercial de la propia accionada, individualizando las facturas correspondientes al servicio, la carta documento remitida a la actora el 21/02/2018 y la nota de fecha 22/03/2019 mediante la cual se comunicó la baja de la línea.

Asimismo, explicó que de dicha documentación surgía que el domicilio de contacto registrado inicialmente era el de Almirante Brown 678, piso 7, departamento B, mientras que con posterioridad figuraba el de Almirante Brown 678, piso 6, departamento C. 

Así las cosas, la información obrante en los propios registros comerciales de la demandada constituye un elemento probatorio relevante acerca del pedido de cambio de domicilio efectuado por la actora, sin que la accionada lograra explicar de manera suficiente las razones por las cuales dicha gestión no habría sido concretada, ni aportara elementos objetivos que permitieran desvirtuar las conclusiones del experto.

En este punto, adquiere especial relevancia el deber de colaboración impuesto al proveedor por el art. 53 de la Ley 24.240. La norma establece que los proveedores deben aportar al proceso todos los elementos de prueba que obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio, y prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida. Dicho aspecto toma particular significación cuando, como ocurre en el caso, los antecedentes relativos a las gestiones efectuadas sobre una línea telefónica, su facturación, los pedidos formulados por el usuario y las razones de una eventual imposibilidad de concretarlos se encuentran, primordialmente, bajo la esfera de disponibilidad y control de la empresa prestadora.

Por consiguiente, no resulta suficiente la mera afirmación de la existencia de una deuda para justificar la baja del servicio cuando la propia documentación de la empresa revela la existencia de una gestión de cambio de domicilio y no se han aportado elementos que permitan conocer, con el grado de certeza exigible, las razones por las cuales aquella no habría podido concretarse.

5.6) Por otra parte, repárese que recién al expresar agravios la demandada sostiene que el cambio de domicilio y la conservación del número telefónico se encontraban condicionados a la disponibilidad técnica, alegando que no resultaba posible instalar una línea en aquellos lugares donde no existieran pares o cableado.

Tal circunstancia no fue introducida oportunamente como fundamento de su defensa, por lo que su planteo en esta instancia no puede ser considerado por este Tribunal.

En efecto, el art. 272 del CPCC delimita la competencia revisora de la Alzada a las cuestiones que fueron oportunamente sometidas a conocimiento del juez de grado, de modo que no resulta admisible introducir ante esta instancia defensas, hechos o argumentos que no integraron la controversia en la etapa procesal correspondiente (SCBA Ac. y Sent. v. VI p. 262 cit. por Morello y otros “Códigos…” t.III pag. 400; esta Sala causa 1399 RSD-8-98). Admitir lo contrario importaría alterar los términos en que quedó trabada la litis y vulnerar el principio de congruencia, además de afectar el derecho de defensa de la contraparte (Arts.17 y 18 de la Constitución Nacional; SCJBA Ac.43080; esta Sala causa 4233 RSD-62-01, 5538 RSD-151-02, 7863 RSD-19-05 entre otros).

5.7) A mayor abundamiento, adviértase que aun prescindiendo del carácter novedoso de dicho planteo, la solución no variaría.

La demandada no aportó elementos objetivos que permitan tener por acreditada la alegada imposibilidad técnica ni demostró haber informado a la actora, en forma cierta, clara y oportuna, las razones concretas que habrían impedido efectivizar el cambio de domicilio solicitado.

La sola invocación de una supuesta limitación técnica al expresar agravios no resulta suficiente para tener por satisfecho el deber de información que pesa sobre el proveedor en los términos del art. 4 de la Ley 24.240, máxime cuando se trata de circunstancias vinculadas directamente con la posibilidad de prestar el servicio y con las razones de su eventual interrupción o baja.

En efecto, la información suministrada al consumidor debe ser cierta, clara, detallada y adecuada respecto de las características esenciales del servicio y de las condiciones de su prestación. Por ello, si la empresa pretendía justificar la imposibilidad de concretar el traslado solicitado en razones de orden técnico, se encontraba en mejores condiciones para acreditar tanto la existencia de esa limitación como su incidencia concreta en el servicio contratado y, particularmente, su comunicación oportuna a la usuaria.

La ausencia de tales elementos impide considerar acreditada la causal invocada y, por ende, no permite utilizarla como fundamento para excluir la responsabilidad atribuida en la sentencia.

5.8) Tampoco modifica la solución el agravio relativo al supuesto hostigamiento. La sentencia apelada no sustentó la atribución de responsabilidad en la configuración de una conducta de hostigamiento o de trato indigno, ni fundó su decisión en la mala fe de la demandada. Por ello, la crítica formulada sobre tales extremos no logra demostrar un desacierto concreto del pronunciamiento que deba ser revisado por esta Alzada (arts. 260, 261 y cctes. del CPCC).

Del mismo modo, la invocación genérica del principio de buena fe tampoco resulta apta para desvirtuar la responsabilidad establecida. Los arts. 9 y 961 del Código Civil y Comercial imponen a las partes un estándar de conducta leal y diligente en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones, pero ello no releva al proveedor de acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales que pesan sobre él, ni suple la ausencia de prueba acerca de las circunstancias que justificarían la baja del servicio.

5.9) En consecuencia, toda vez que la recurrente no logra demostrar un error en la valoración de la prueba ni conmover los fundamentos centrales del pronunciamiento en cuanto atribuye responsabilidad a su parte, corresponde rechazar el agravio y confirmar, en este aspecto, la sentencia apelada (arts. 9, 961, 1061, 1094, 1095 y ccts CCCN, art. 42 CN, arts. 4, 8 bis, 10 bis, 53 y cctes LCD).

6) Daños materiales

6.1) La demandada cuestiona la procedencia del rubro daño material, sosteniendo que la actora no habría acreditado la existencia de perjuicio alguno, ni de gastos, pérdida de chances, lucro cesante o pérdida de ganancias.

Por su parte, la actora se agravia del monto reconocido, por considerarlo insuficiente, cuestionando que la magistrada de grado haya mantenido la suma reclamada de $100.000, sin contemplar adecuadamente la pérdida de valor adquisitivo de dicha suma.

6.2) En cuanto a su procedencia, cabe recordar que la actora reclamó en concepto de daño material las erogaciones que —según afirmó— debió afrontar como consecuencia del incumplimiento de la demandada, entre ellas, gastos de asistencia legal, cartas documento y movilidad, así como aquellos derivados del tiempo y dinero destinados a comunicar a sus contactos los inconvenientes ocasionados por la interrupción del servicio.

6.3) La magistrada de grado tuvo por acreditado el perjuicio y, en uso de las facultades conferidas por el art. 165 del CPCC, estimó prudencialmente su cuantía en la suma de $100.000, dejando expresamente establecido que los gastos correspondientes a la asistencia letrada serían considerados al momento de imponer las costas.

6.4) Así las cosas, y frente al reproche de la parte demandada cabe señalar que, respecto de los gastos de traslado, resulta admisible el otorgamiento de compensación por el costo sin necesidad de prueba cuando la erogación se realiza en momentos de urgencia o por un mínimo precio, en vista, precisamente, de la poca importancia de sus montos y de la complicación, dificultad y/o imposibilidad que normalmente implica tener que pedir recibo (Este Tribunal Sala I, causas 894, RSD 17/97; 3927, RSD 17/01, 9-4-01; 9967, RSD 77/07, 17-9-07; entre muchas otras).

En análogo sentido, valorando que el envío de la carta documento acompañada en autos, así como las restantes comunicaciones y notificaciones, constituyen consecuencias razonables de la conducta asumida por la demandada, y resultan verosímiles a la luz de las constancias de la causa y sus particularidades, su reconocimiento resulta procedente aun cuando no exista prueba acabada de su efectivo desembolso y cuantía, en tanto ello resulta necesario para preservar el principio de reparación plena (arts. 1738 y 1740, CCCN).

En efecto, la naturaleza de las erogaciones invocadas —gastos de movilidad, comunicaciones y remisión de cartas documento, entre otros— permite advertir que no todas son susceptibles de una acreditación documental exhaustiva, máxime cuando se trata de desembolsos de escasa entidad individual que, considerados en conjunto, derivan directamente de las gestiones que la actora debió realizar frente a la falta de prestación del servicio.

En este marco, toda vez que la demandada no controvierte eficazmente la relación causal entre tales erogaciones y el incumplimiento tenido por acreditado, sino que se limita a negar genéricamente la existencia del daño, sin hacerse cargo de las circunstancias concretas ponderadas en el pronunciamiento, corresponde desestimar el agravio de la demandada dirigido contra la procedencia del rubro (arg. arts. 1738, 1740 y cctes. CCCN, arts. 242, 260, 261 y cctes. CPCC).

6.5) Igual suerte merece el cuestionamiento formulado por la actora respecto de la cuantificación efectuada.

Conforme se señaló, la magistrada de grado fijó el rubro en la suma de $100.000, coincidente con la reclamada en el escrito de inicio, haciendo uso de las facultades conferidas por el art. 165 del CPCC. Sin embargo, de los términos del pronunciamiento no se desprende que dicho importe haya sido mantenido como una mera reproducción del valor histórico pretendido al promover la acción.

En efecto, al estimar prudencialmente el perjuicio, la magistrada ponderó los distintos conceptos invocados por la actora como integrantes del daño material y excluyó expresamente de su cuantificación los gastos correspondientes a la asistencia letrada, por encontrarse comprendidos en la imposición de costas. De ello se sigue que la suma reconocida responde a la estimación efectuada al momento de sentenciar respecto de las erogaciones que quedaron comprendidas en el rubro.

Por lo demás, la circunstancia de que el monto fijado coincida nominalmente con lo pretendido en la demanda no permite, por sí sola, concluir que se haya mantenido su valor histórico, desde que la cuantificación fue realizada prudencialmente en los términos del art. 165 del CPCC teniendo en consideración únicamente los gastos que no fueron excluidos de la partida indemnizatoria en análisis.

Desde esta perspectiva, la recurrente no demuestra que el importe fijado resulte insuficiente en relación con los perjuicios concretamente reconocidos, ni aporta elementos objetivos que permitan concluir que se encuentre desactualizado, que no guarde adecuada correspondencia con las erogaciones comprendidas o que genere una alteración injustificada de su contenido económico, limitándose a exteriorizar su discrepancia con el criterio seguido por la sentenciante (arg. arts. 242, 260, 261 y cctes. CPCC). 

6.6) En consecuencia, no encontrándose demostrado que la suma reconocida resulte insuficiente para reparar el perjuicio material tenido por acreditado, corresponde desestimar el agravio de la actora y confirmar el monto de $100.000 fijado en concepto de daño material (arts. 165, 1738 y 1740, CCCN; 375, 384, 456 y ccdtes., CPCC).

7) Daño moral

7.1) La demandada se agravia respecto de la procedencia del daño moral, sosteniendo que la actora no habría acreditado una lesión de suficiente entidad en sus sentimientos íntimos y que las circunstancias invocadas no superarían el umbral de las molestias o inconvenientes propios de la vida cotidiana. Afirma, en particular, que tampoco se acreditó que hubiera debido afrontar trámites, largas esperas o gestiones que justificaran el reconocimiento del rubro.

7.2) Si bien tiene dicho nuestro Superior tribunal provincial que para que sea indemnizable el daño moral en materia contractual se requiere la clara demostración de la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica (conf. SCBA, causas Ac. 45.648, 15/10/91; Ac. 42.356, 12/6/90; Ac. 56.328, 5/8/97; Ac. 69.113, 21/11/2001; entre otros), tratándose de una relación de consumo, cuya tutela tiene base constitucional (art. 42 CN), considero que la demostración del daño no tiene que ser tan "clara" o "manifiesta" (En similar sentido CC0201 LP 135272 409 S 28/12/2023).

En efecto, el art. 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores deben recibir un trato equitativo y digno, refiriéndose a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto que se le debe a la persona. Conceptos éstos, cuya lesión claramente llevan al dolor, la angustia, la aflicción y los padecimientos provocados a la víctima por el evento dañoso. En otras palabras, la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor incuestionable en la vida del hombre que son la paz, la tranquilidad del espíritu, la libertad individual y la integridad que constituyen sus más gratos afectos (cf. Lowenrosen, Flavio, "La dignidad, derecho constitucional de los usuarios y consumidores", elDial.com - DC5F8).

Es así que el daño moral consiste "no sólo en el dolor, padecimiento o sufrimiento espiritual del individuo", sino también en la "privación de momentos de satisfacción y felicidad en la vida del damnificado -víctima o reclamante- y que en definitiva influyen negativamente en la calidad de vida de las personas" (Highton, Elena I. - Gregorio, Carlos G. - Álvarez, Gladys S. "Cuantificación de Daños Personales. Publicidad de los precedentes y posibilidad de generar un baremo flexible a los fines de facilitar decisiones homogéneas y equilibradas", Revista de Derecho Privado y Comunitario 21, Derecho y Economía, pág.127).

7.3) En el caso, se encuentra acreditado que la actora era usuaria del servicio prestado por la demandada, que requirió el cambio de domicilio del servicio sin que éste fuera efectivizado, que la demandada no acreditó haberle informado en forma cierta, clara y oportuna las razones que habrían impedido concretarlo, que las facturas cuyo pago se reclamaba fueron posteriormente reajustadas a cero y que, incluso, se registraron reclamos correspondientes a períodos posteriores a la fecha de baja de la línea.

La concurrencia de tales circunstancias, valoradas en el contexto de la relación de consumo y de la falta de solución eficaz a los reclamos formulados por la usuaria, posee aptitud suficiente para trascender el plano de las meras molestias o inconvenientes cotidianos y afectar la tranquilidad anímica, las afecciones legítimas y la calidad de vida de la actora.

Coincidentemente con la magistrada de grado, entiendo así acreditada la existencia del menoscabo moral derivado de la conducta de la demandada, por lo que corresponde rechazar el agravio formulado sobre el punto y confirmar la procedencia de la indemnización reconocida por este concepto (arts. 42, CN; 1738, 1740 y 1741, CCCN; 260, 261, 384 y ccdtes., CPCC).

8) Daño punitivo

8.1) Finalmente, la demandada cuestiona la procedencia del daño punitivo, sosteniendo que no se acreditó vulneración alguna de las disposiciones de la Ley 24.240 ni de la ley 26.361 que justifique la aplicación del art. 52 bis. Afirma, en particular, que fue la propia actora quien incumplió su obligación de abonar el servicio, provocando el desequilibrio contractual que se le atribuye a su parte.

8.2) El encuadramiento de la relación jurídica dentro del estatuto del consumidor, que habilita la aplicación del art. 52 bis de la ley 24.240, se encuentra fuera de discusión en el sub examine, no sólo por la forma en que ha quedado trabada la litis, sino también por los elementos presentes en el caso: los sujetos involucrados (una persona física y una empresa prestadora de servicios de comunicación) y el objeto sobre el que recae la relación (el servicio de telefonía utilizado por la actora en carácter de usuaria) (arts. 1 a 3, ley 24.240).

Cabe señalar que el art. 52 bis de la ley 24.240, incorporado por la ley 26.361 (B.O. del 7-IV-2008), establece que: “Al proveedor que no cumpla sus obligaciones legales o contractuales con el consumidor, a instancia del damnificado, el juez podrá aplicar una multa civil a favor del consumidor, la que se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que correspondan...”.

Esta disposición, no exige un grave reproche subjetivo en la conducta del dañador ni un supuesto de particular gravedad caracterizado por el menosprecio a los derechos del damnificado o a intereses de incidencia colectiva, ni tampoco se circunscribe a los supuestos de ilícitos lucrativos. Sólo dispone que procede cuando se incumplen obligaciones legales o contractuales (conf. Lorenzetti, Ricardo L., Consumidores, 2ª ed., Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2009, págs. 562/563; Mosset Iturraspe, Jorge y Wajntraub, Javier H., Ley de Defensa del Consumidor, RubinzalCulzoni, Santa Fe, 2008, págs. 278/279; Fernández, Raymundo L.; Gómez Leo, Osvaldo R. y Aicega, María Velentina, Tratado Teórico-Práctico de Derecho Comercial, Abeledo Perrot, t. II-B, Buenos Aires, 2009, pág. 1197; Conclusiones de la Comisión 10, XVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 1999, publicadas en Congresos y Jornadas Nacionales de Derecho Civil, ed. La Ley, pág. 196).

Asimismo, el daño punitivo tiene por finalidad no sólo castigar a la demandada por su conducta, sino también desalentarla en el futuro, vale decir, que se trata de una sanción punitiva y preventiva a la vez, pero fundamentalmente disuasiva para evitar la reiteración de hechos similares. (Álvarez Larrondo, Federico, "Un nuevo avance en materia de daños punitivos", Revista de derecho comercial, del consumidor y de la empresa, Año 2, N° 3, junio de 2011, p. 115).

La pena privada está estrechamente asociada a la idea de prevención de ciertos daños, y también a la punición y al pleno desmantelamiento de los efectos de ilícitos que, por su gravedad o por sus consecuencias, requieren algo más que la mera indemnización resarcitoria de los perjuicios causados (Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D.,"Reformas a la ley de defensa del consumidor", LL 2009-B, 949).

8.3) Dentro de este marco, comparto el criterio adoptado por la magistrada de grado en cuanto tuvo por configurada una “inconducta grave” por parte de la accionada y consideró vulnerado el derecho de la actora a recibir un trato digno como consumidora.

En efecto, conforme fuera analizado al tratar la atribución de responsabilidad, se encuentra acreditado que la actora solicitó el cambio de domicilio del servicio sin que éste se concretara, que la demandada no probó haberle informado los motivos que habrían impedido su efectivización, y que, además, se verificaron inconsistencias en la facturación, registrándose reclamos correspondientes a períodos posteriores a la baja de la línea, cuyos saldos fueron finalmente reajustados a cero.

Tales circunstancias, apreciadas en su conjunto y dentro del marco de una relación de consumo, exceden el mero incumplimiento contractual susceptible de reparación mediante una indemnización ordinaria y revelan una conducta desaprensiva frente a los derechos de la usuaria, máxime cuando se trata de una empresa prestadora profesional que se encontraba en mejores condiciones técnicas y documentales para brindar una respuesta adecuada y eficaz a los reclamos formulados.

No resulta, por ello, atendible el argumento de la recurrente relativo a que la actora habría incumplido su obligación de pago y que tal circunstancia justificaría el proceder de su parte, pues dicha cuestión ya ha sido examinada al tratar la responsabilidad y no resulta suficiente para justificar las restantes irregularidades verificadas en la prestación del servicio y en la facturación.

En tales condiciones, considero que se encuentran reunidos los presupuestos que sustentan la aplicación de la multa civil prevista por el art. 52 bis de la ley 24.240, por lo que corresponde confirmar la procedencia del daño punitivo dispuesta en la sentencia de grado y, en consecuencia, rechazar el agravio formulado sobre el punto.

9) Costas de Alzada 

Dado el modo en que se propicia la resolución del entuerto, entiendo que las costas de Alzada deben ser impuestas en el orden causado (arts. 68, 69 y concs. del CPCC).

En consecuencia, al primer interrogante planteado y por las razones expresadas, doy mi voto por la AFIRMATIVA.

A la misma primera cuestión, el Dr. Gonzalo A. López Cardoso, por compartir argumentos VOTA EN IGUAL SENTIDO.

A la segunda cuestión planteada el Dr. Diego De Rosa dijo:

En atención a la mayoría alcanzada corresponde:

1°) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la demandada, confirmando el pronunciamiento de la instancia de origen en lo que fuera materia de recurso y agravio.

2°) Imponer las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68, 69 y ccdtes del CPCC). 

3°) Diferir la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad pertinente.

ASI LO VOTO

A la misma segunda cuestión, el Dr. Gonzalo A. López Cardoso y por consideraciones análogas VOTA EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que terminó el Acuerdo firmando los Señores Jueces en forma digital (arts. 1, apartado b.1.1. de la Res. 10/20 y 1, 2 y 4 de la Res. 18/20 ambas de la SCBA.). 

SENTENCIA:

1°) Rechazar los recursos de apelación interpuestos por la parte actora y por la parte demandada, confirmando el pronunciamiento de la instancia de origen en lo que fuera materia de recurso y agravio.

2°) Imponer las costas de Alzada en el orden causado (arts. 68, 69 y ccdtes del CPCC). 

3°) Diferir la regulación de honorarios profesionales para la oportunidad pertinente.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (artículo 11, Reglamento para la notificación por medios electrónicos, Ac. SCBA. 3845/17 modificado por Ac. 3991/20). Oportúnamente, DEVUÉLVASE.