En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada por los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso y Diego De Rosa, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "QUINTEROS, MARGARITA A. Y OTS. C/ BAGU, VICTOR MARIO Y OTS. S/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expediente número 30415.

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso y Dr. Diego De Rosa.

LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1°) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2°) ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

1) Antecedentes

Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia dictada en la anterior instancia con fecha 05/02/2025.

La Sra. magistrada de grado hizo lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios promovida por las Sras. Margarita Andrea Quinteros, Alejandra Beatriz Quinteros, Gabriela Natalia Quinteros, Marina Leonor Quinteros y Sres. Luis Humberto Quinteros y Juan Manuel Comas contra el Dr. Víctor Mario Bagú y Sanatorio Bernal S.R.L., haciendo extensiva la condena a El Progreso + Astro Cía. de Seguros S.A. y Paraná S.A. de Seguros, en los términos y con los alcances establecidos en el pronunciamiento.

En consecuencia, condenó a los demandados al pago de la suma total de $198.500.000, distribuida del siguiente modo:

a) En favor de la Sra. Margarita Andrea Quinteros: (i) daño moral, $15.000.000; y (ii) daño psicológico, $6.000.000; por un total de $21.000.000.

b) En favor de la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros: (i) pérdida de chance, $18.000.000; (ii) daño moral, $15.000.000; y (iii) daño psicológico, $4.500.000; por un total de $37.500.000.

c) En favor de la Sra. Gabriela Natalia Quinteros: (i) daño moral, $15.000.000; y (ii) daño psicológico, $8.000.000; por un total de $23.000.000.

d) En favor de la Sra. Marina Leonor Quinteros: (i) pérdida de chance, $15.000.000; (ii) daño moral, $15.000.000; y (iii) daño psicológico, $4.500.000; por un total de $34.500.000.

e) En favor del Sr. Luis Humberto Quinteros: (i) pérdida de chance, $18.000.000; (ii) daño moral, $15.000.000; y (iii) daño psicológico, $4.500.000; por un total de $37.500.000.

f) En favor del Sr. Juan Manuel Comas: (i) pérdida de chance, $25.000.000; y (ii) daño moral, $20.000.000; por un total de $45.000.000.

Asimismo, dispuso que los capitales reconocidos devengaran intereses desde la fecha del hecho (20/05/2003) a una tasa del 6% anual hasta el dictado de la sentencia de grado (05/02/2025) y, a partir de entonces, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el efectivo pago. Impuso las costas a los demandados, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de la ley 23.928 y difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad.

Los actores relataron que su madre, la Sra. Hilda Alba Trangoni, ingresó al Sanatorio Bernal S.R.L. el día 17 de mayo de 2003 con diagnóstico de hernia umbilical atascada que requería tratamiento quirúrgico urgente.

Sostuvieron que, pese a ello, fue sometida a maniobras de taxis y mantenida en observación, postergándose la intervención hasta el 20 de mayo de 2003, cuando sufrió una grave descompensación clínica y falleció ese mismo día.

Fundaron su demanda en la mala praxis que atribuyeron al Dr. Víctor Mario Bagú y al Sanatorio Bernal S.R.L., por considerar que dicho desenlace obedeció a la impericia, negligencia y falta de diligencia en la atención médica dispensada.

2) Agravios de la parte actora

Los accionantes expusieron sus críticas en la pieza del día 30/09/2025, la que no mereció réplica.

2.1) Primer agravio. Condena contra el demandado fallecido

Cuestionan que la sentencia haya condenado al Dr. Víctor Mario Bagú pese a haber fallecido durante el proceso, omitiendo dirigir la condena contra sus herederos, quienes habían sido declarados tales, habían tomado intervención en autos y continuado su posición procesal.

Afirman que tal omisión torna parcialmente nulo el pronunciamiento, ocasiona un perjuicio al momento de su eventual ejecución y solicitan que la condena sea rectificada, disponiéndose que recaiga sobre las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, en su carácter de herederos.

3) Agravios de Paraná S.A. de Seguros

Paraná S.A. de Seguros expuso sus argumentos en el escrito de fecha 03/11/2025, el que recibió réplica de los actores los días 16/11/2025 y 17/11/2025.

Las Sras. Margarita Andrea Quinteros, Alejandra Beatriz Quinteros, Gabriela Natalia Quinteros y Marina Leonor Quinteros y el Sr. Luis Humberto Quinteros solicitaron, además, la deserción del recurso.

3.1) Primer agravio. Responsabilidad

Cuestiona que la sentencia haya considerado acreditada la culpa del Dr. Víctor Mario Bagú por no indicar la cirugía en forma inmediata y que, sobre esa base, haya responsabilizado al Sanatorio Bernal S.R.L. por incumplimiento de su obligación de seguridad.

El dictamen del Dr. Oscar Eduardo Álvarez contiene respuestas contradictorias y no existe prueba de que la hernia se encontrara complicada ni de que hubiera provocado la descompensación o el fallecimiento de la paciente.

La ecografía no informó signos de atascamiento, sufrimiento hístico u oclusión intestinal; el ingreso a terapia intensiva fue adecuado; la paciente presentó una leve mejoría; durante la cirugía no se hallaron vísceras dentro del saco herniario, líquidos patológicos, asas desvitalizadas ni perforaciones; y las maniobras de taxis fueron exitosas. Sobre esa base, niega la existencia de nexo causal entre la conducta médica y el fallecimiento.

El descarte del informe del Dr. Alberto Obregón por su extensión y por no consignar su especialidad tampoco resulta justificado. El profesional integraba el Servicio de Cirugía del H.I.G.A. General San Martín de La Plata y concluyó que el diagnóstico, la reducción manual, la conducta posterior y los actos médicos cumplidos se ajustaron a las reglas del arte de curar.

Existían dos informes médicos con conclusiones contrapuestas y la preferencia otorgada al dictamen del Dr. Álvarez, sin atender las impugnaciones formuladas, importó una valoración arbitraria de la prueba.

3.2) Segundo agravio. Rubros indemnizatorios

Cuestiona los montos reconocidos por pérdida de chance, daño moral y daño psicológico.

En cuanto a la pérdida de chance, impugna por excesivas e insuficientemente fundadas las sumas otorgadas a la Sra. Marina Leonor Quinteros, al Sr. Luis Humberto Quinteros, al Sr. Juan Manuel Comas y a la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros, pues no se ponderaron adecuadamente ni la edad de la víctima, de 48 años, ni sus ingresos mensuales aproximados de $850.

Respecto del daño moral, los importes resultan excesivos en función de las circunstancias del caso, la edad de la víctima y la condición de mayores y capaces de sus hijos.

En cuanto al daño psicológico, cuestiona la pericia de la Lic. Raquel Alicia Sánchez por falta de fundamento científico. La incapacidad del 30% atribuida a la Sra. Gabriela Natalia Quinteros no se compadece con la conservación de sus funciones cognitivas y el cuadro detectado sería leve.

Las incapacidades atribuidas a las Sras. Margarita Andrea Quinteros, Alejandra Beatriz Quinteros y Marina Leonor Quinteros y al Sr. Luis Humberto Quinteros serían transitorias, leves y reversibles mediante tratamiento psicoterapéutico.

3.3) Tercer agravio. Límite de cobertura

Impugna que la sentencia haya extendido la condena conforme a la cobertura vigente al momento del efectivo pago, en lugar de respetar el límite pactado en la póliza.

Considera que se aplicó indebidamente la doctrina del precedente "Martínez c/ Boito", referido al seguro obligatorio automotor, pese a tratarse de un seguro voluntario de responsabilidad civil por mala praxis médica, respecto del cual no existe cobertura mínima obligatoria ni límites establecidos por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

La obligación nace exclusivamente del contrato celebrado con el Sanatorio Bernal S.R.L., instrumentado mediante la póliza número 16.729, que fijó una suma asegurada de $100.000 y una franquicia del 10%, con los mínimos y máximos convenidos.

La extensión de la condena más allá de esos límites amplía el riesgo asumido, altera la ecuación económica del contrato, afecta el patrimonio de la aseguradora y de la mutualidad de asegurados, vulnerando los derechos de propiedad, defensa en juicio y debido proceso.

Invoca doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca de la oponibilidad de los límites contractuales, tanto en seguros obligatorios como voluntarios. La condena de la aseguradora por encima de la cobertura pactada importaría imponerle una obligación sin causa.

Reserva el caso federal.

4) Agravios de la demandada Sanatorio Bernal S.R.L.

Sanatorio Bernal S.R.L. vertió sus fundamentos en la pieza de fecha 29/10/2025, la que mereció respuesta de la actora (10/12/2025), quien solicitó la deserción del recurso.

4.1) Primer agravio. Atribución de responsabilidad

Cuestiona la responsabilidad que se le atribuye, por considerar que la sentencia efectuó una valoración arbitraria y fragmentaria de la prueba, apartándose de las constancias de la historia clínica y de las conclusiones médicas producidas en autos.

No se encuentra acreditada la relación causal entre la conducta médica y el fallecimiento de la Sra. Hilda Alba Trangoni, ante la ausencia de autopsia o diagnóstico histopatológico que permitiera determinar con precisión la causa de la muerte. Tampoco existe prueba de que la hernia se encontrara complicada ni de que hubiera provocado la descompensación o el deceso.

La ecografía no informó signos de atascamiento, sufrimiento hístico, oclusión intestinal ni colecciones líquidas intraabdominales, extremo también señalado por el perito médico. Ello interrumpe el nexo causal invocado por los actores, por lo que solicita que se revoque la sentencia.

4.2) Segundo agravio. Rubros indemnizatorios

La procedencia y cuantificación de los rubros pérdida de chance, daño moral y daño psicológico también resultan cuestionadas.

Respecto de la pérdida de chance, no se acreditó una conducta imputable al Sanatorio ni el nexo causal necesario para responsabilizarlo. La sentencia confunde las circunstancias personales y laborales de la víctima con la posibilidad de atribuirle el resultado dañoso, sin que los actores hubieran acreditado suficientemente la procedencia del rubro.

También objeta la aplicación de las cargas probatorias dinámicas, por entender que no releva a la parte actora de acreditar los hechos fundantes de su pretensión.

El fallo reconoce la falta de certeza acerca de la causa del fallecimiento y, pese a ello, indemniza una pérdida de chance sin identificar concretamente cuál fue la oportunidad frustrada, incurriendo en un razonamiento contradictorio, dogmático y carente de sustento probatorio.

En cuanto al daño moral, su procedencia y cuantificación se fundan en afirmaciones genéricas y apreciaciones subjetivas del juzgador, sin suficiente apoyo en la prueba producida. El dolor derivado del fallecimiento no puede ser atribuido al sanatorio si no se acredita un obrar antijurídico ni una relación causal con el resultado.

Respecto del daño psicológico, objeta su reconocimiento como partida autónoma. La pericia resulta escueta, genérica y carente de elementos que permitan establecer un diagnóstico clínico preciso, su entidad, duración, tratamiento e impacto funcional.

Tampoco se acreditó una relación directa y exclusiva entre los padecimientos psíquicos y la actuación institucional del sanatorio, debiendo distinguirse el sufrimiento derivado de la pérdida de un ser querido del daño psicológico clínicamente comprobado.

En ausencia de incapacidad psíquica prolongada y suficientemente diagnosticada, su reconocimiento autónomo configura una doble indemnización, pues tales consecuencias deben subsumirse en el daño moral o, en su caso, en la incapacidad sobreviniente.

4.3) Tercer agravio. Tasa de interés

Impugna la tasa de interés establecida, por considerar que la revocación de la sentencia debe alcanzar también a sus accesorios.

4.4) Cuarto agravio. Costas

Cuestiona la imposición de costas, por considerar que no se acreditó su responsabilidad ni la procedencia de los rubros reclamados. Solicita que sean dejadas sin efecto o distribuidas conforme al resultado del proceso.

Reserva el caso federal.

5) Agravios de la citada en garantía El Progreso Seguros S.A.

La citada El Progreso Seguros S.A. fundó su recurso mediante el escrito de fecha 04/02/2026, el que recibió réplica de los actores los días 13/02/2026, 16/02/2026 y 18/02/2026, quienes solicitaron la deserción del recurso.

5.1) Primer agravio. Valoración de la pericia médica

Se queja de que la sentencia haya atribuido responsabilidad al Dr. Víctor Mario Bagú y al Sanatorio Bernal S.R.L. con sustento exclusivo en el dictamen del Dr. Oscar Eduardo Álvarez, pese a las impugnaciones formuladas y a la existencia de otros informes médicos de sentido contrario.

Fueron indebidamente descartados el informe del Colegio Médico suscripto por el Dr. Miguel Ángel Miñones y el dictamen del Dr. Alberto Obregón, integrante del Servicio de Cirugía del H.I.G.A. General San Martín de La Plata, pues ambos profesionales concluyeron que la conducta médica se ajustó a las reglas del arte de curar.

La sentencia otorgó valor concluyente a una pericia controvertida y omitió ponderar pruebas de igual entidad. Además, no se practicó autopsia, no se hallaron vísceras en el saco herniario, la ecografía no informó signos de oclusión intestinal y la paciente falleció por un paro cardíaco y no por una hernia estrangulada.

5.2) Segundo agravio. Presupuestos de la responsabilidad

Objeta la valoración de la culpa médica y de la relación causal, por no existir prueba de que la conducta profesional provocara el fallecimiento; ni haberse determinado la verdadera causa del deceso ni aplicado adecuadamente la teoría de la causalidad adecuada; presumirse indebidamente la culpa profesional y objetivizarse una obligación de medios al juzgar la conducta por el resultado.

Los informes de los Dres. Obregón y Miñones acreditan la corrección de la atención brindada y, frente a opiniones médicas divergentes y tratamientos científicamente aceptados, sólo corresponde atribuir responsabilidad ante un error grave e inexcusable, extremo que entiende no acreditado.

5.3) Tercer agravio. Cuantificación del daño

En subsidio impugna la procedencia y cuantificación de la pérdida de chance, el daño moral y el daño psicológico.

Respecto de la pérdida de chance de ayuda económica, entiende que los artículos 1084 y 1085 del Código Civil no resultan aplicables; que no corresponde distinguir entre hijos mayores y menores en materia probatoria;  que no se acreditó un perjuicio económico concreto ni una expectativa cierta de ayuda futura, y que el rubro carece de sustento y se superpone con el daño moral.

En cuanto a la pérdida de chance de curación, cuestiona que la sentencia fijara en un 90% la probabilidad de evitar el fallecimiento sin respaldo científico ni estadístico, cuando la indemnización debía limitarse a la probabilidad real de supervivencia frustrada.

Con relación al daño moral, las sumas reconocidas resultan excesivas y carecen de pautas objetivas de cuantificación.

En lo atinente al daño psicológico, la pericia no acredita adecuadamente la relación causal ni discrimina antecedentes o concausas; las lesiones psíquicas no constituyen una categoría autónoma y sólo son resarcibles en su proyección patrimonial, no acreditada en autos.

5.4) Cuarto agravio. Extensión de la condena a las aseguradoras

Cuestiona que la sentencia haya modificado los límites de cobertura y extendido la condena conforme a la cobertura vigente al momento del efectivo pago.

El fallo sólo examinó el límite invocado por Paraná S.A. de Seguros, omitió analizar la póliza de El Progreso Seguros S.A. y aplicó indebidamente el precedente "Martínez c/ Boito", referido al seguro obligatorio automotor, a un seguro voluntario de responsabilidad civil médica.

No existe cobertura mínima obligatoria ni suma vigente para este tipo de seguros; El Progreso Seguros S.A. ya no opera en ese ramo; y la sentencia impone una obligación de imposible cumplimiento. Deben respetarse los límites contractuales autorizados por la Superintendencia de Seguros de la Nación, conforme a la autonomía de la voluntad, la equivalencia entre prima y riesgo y la doctrina de la Corte Suprema sobre la oponibilidad de la suma asegurada.

La suma asegurada constituye una deuda de dinero que no admite actualización monetaria, sin perjuicio de los intereses correspondientes. Solicita que la condena se limite a la suma pactada, con más intereses y costas proporcionales. Subsidiariamente, pide la aplicación del límite del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil previsto por la Resolución 551/24 de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

6) Intervención de la sindicatura

Con fecha 04/03/2026 tomó intervención la sindicatura designada en los autos "Sanatorio Bernal S.R.L. s/ Concurso Preventivo (Grande)", expediente n.° 22.939, en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial número 9 Departamental.

7) Agravios de los sucesores del Dr. Víctor Mario Bagú

Los sucesores del demandado fundaron su recurso mediante el escrito de fecha 25/03/2026, el que mereció réplica de la parte actora el 01/04/2026, quien además solicitó la deserción del recurso.

7.1) Primer agravio. Responsabilidad y valoración de la prueba médica

Se agravian de que la sentencia haya atribuido responsabilidad al Dr. Víctor Mario Bagú con fundamento exclusivo en el dictamen del Dr. Oscar Eduardo Álvarez, pese a sus contradicciones y a los informes de los Dres. Miguel Ángel Miñones y Alberto Obregón, quienes concluyeron que la reducción herniaria y la atención brindada se ajustaron a las reglas del arte de curar.

La sentencia confundió una hernia atascada con una estrangulada, cuando sólo esta última requería cirugía inmediata. La ausencia de vísceras en el saco herniario, la inexistencia de signos de oclusión intestinal en la ecografía, la recuperación del tránsito intestinal y la evolución posterior acreditan el éxito de la maniobra de taxis y descartan estrangulación, necrosis, infección, sepsis o shock séptico abdominal.

Tampoco se acreditó la causa científica del fallecimiento ni su relación causal con la atención médica, pues no se practicó autopsia y los estudios cardiológicos resultan compatibles con una isquemia miocárdica aguda severa de origen cardiogénico.

Concluyen que la sentencia objetivizó la responsabilidad médica al inferir culpa a partir del resultado, sin valorar las circunstancias existentes al momento de la atención, pese a que la actuación del médico demandado fue prudente, diligente y conforme a la lex artis.

7.2) Segundo agravio. Montos indemnizatorios

En subsidio, impugnan la procedencia y cuantificación de la pérdida de chance, el daño moral y el daño psicológico.

Respecto de la pérdida de chance de ayuda económica, no se acreditó una probabilidad cierta de asistencia futura ni un perjuicio patrimonial efectivo, pues la sentencia se apoyó en presunciones propias del daño moral sin ponderar los ingresos, gastos, expectativa laboral ni proyección económica de la víctima.

Cuestionan especialmente la indemnización reconocida a la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros por la guarda de sus hermanos, al no haberse demostrado pérdida de ingresos ni mayores erogaciones.

En cuanto a la pérdida de chance de supervivencia, entienden que el 90% de probabilidad de curación carece de respaldo científico y que no se acreditó que una intervención inmediata hubiera evitado el fallecimiento, por lo que la indemnización debía limitarse a la probabilidad real de curación frustrada.

Respecto del daño moral, estiman excesivas las sumas reconocidas por carecer de una valoración individual de las circunstancias de cada actor, cuestionando especialmente la fijación de importes idénticos para cinco de ellos y uno superior para el Sr. Juan Manuel Comas.

En relación con el daño psicológico, no corresponde su reconocimiento autónomo respecto del daño moral; la pericia no distinguió el duelo de una patología psíquica, omitió valorar rasgos preexistentes, concausas e impacto funcional, se apoyó principalmente en los relatos de los actores, no acreditó afectaciones objetivas de orden laboral, económico o vital ni respondió adecuadamente las impugnaciones formuladas.

8) Agravios del coactor Juan Manuel Comas

El referido fundó su recurso mediante el escrito de fecha 22/04/2026, que no mereció réplica.

8.1) Primer agravio. Condena contra el demandado fallecido

Cuestiona que la sentencia haya condenado al Dr. Víctor Mario Bagú pese a haber fallecido antes de su dictado, omitiendo dirigir la condena contra sus herederos, quienes habían acreditado tal calidad y tomado intervención en autos.

Las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú asumieron, desde su comparecencia, la calidad de parte demandada por derecho propio, por lo que la condena debió recaer sobre ellos. Entiende que dicha omisión torna parcialmente nulo el pronunciamiento y dificulta su ejecución.

Solicita, en consecuencia, que la condena se dirija contra los referidos herederos, en tal carácter.

9) Con fecha 22/05/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia firme, lo que habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).

10) PUESTO A RESOLVER, corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas las argumentaciones de las partes, sino únicamente aquellas que resulten conducentes y relevantes para decidir el caso (CSJN, Fallos: 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros; Fassi-Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 825).

En su mérito, no habré de seguir a las partes recurrentes en todas sus alegaciones, sino únicamente en aquellas que resulten conducentes para resolver el conflicto. Del mismo modo, tampoco corresponde ponderar la totalidad de las pruebas producidas, sino aquellas que resulten apropiadas para decidir el caso y produzcan mayor convicción en concordancia con los restantes elementos de mérito de la causa (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros). Se atenderá, en definitiva, a los hechos jurídicamente relevantes (Aragoneses Alonso, Proceso y Derecho Procesal, Madrid, Aguilar, 1960, p. 791, párrafo 1527) o singularmente trascendentes (Calamandrei, La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, p. 369 y ss.).

11) Deserción recursiva

En cuanto a la deserción planteada por los actores al contestar los recursos, es sabido que el cumplimiento de los recaudos exigidos por el artículo 260 del CPCC debe examinarse con criterio amplio y razonable, a fin de evitar un rigorismo excesivo que vede a los litigantes el acceso a la segunda instancia.

Analizadas las expresiones de agravios de las recurrentes, considero que, más allá de la suerte final de sus planteos, satisfacen mínimamente la carga procesal referida, por lo que corresponde su tratamiento (argumento artículos 16, 18, 31 y concordantes de la CN y 34, 36, 242, 243, 260 y concordantes del CPCC).

Tampoco puede prosperar el planteo de la actora sustentado en la falta del depósito previo previsto en el artículo 29 de la ley 13.133, toda vez que las presentes actuaciones no han sido subsumidas en el régimen consumeril y, por ello, dicha normativa no resulta aplicable al caso (argumento artículos 163, 242, 243, 263 y concordantes del CPCC).

12) La responsabilidad de los profesionales

12.a) Los hechos alegados ocurrieron con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (CCCN). En consecuencia, la responsabilidad debatida debe juzgarse conforme a la legislación vigente al momento del hecho, esto es, el Código Civil entonces aplicable (argumento artículo 7 del CCCN; SCBA, causas C. 121.943, sentencia del 21-11-2018; C. 119.623, sentencia del 25-04-2018, entre otras).

Se entiende por profesional a quien desarrolla una actividad en la que predomina el ejercicio intelectual, reconocida por el Estado y cuyo ejercicio requiere habilitación mediante título académico.

"Se consideran notas distintivas de la profesionalidad: la habitualidad, la autonomía técnica, la matrícula, la habilitación, la reglamentación, la presunción de onerosidad, la sujeción a colegiación, la sumisión a normas éticas codificadas y el sometimiento a potestades disciplinarias" (Agolia, María Martha, "Análisis comparativo de la responsabilidad de los profesionales en el Código de 1871 y el vigente", Revista de Derecho de Daños. Responsabilidad de los profesionales, 2016–3, Sta. Fe, Rubinzal–Culzoni, 2016, p. 68).

12.b) Como ha sostenido esta Sala en su anterior conformación (RS-119-2022, entre otras), en criterio que se comparte, la responsabilidad profesional es aquella en la que incurre quien ejerce una profesión por faltar a los deberes especiales que ésta le impone, requiriéndose para su configuración los mismos presupuestos comunes a todo supuesto de responsabilidad civil.

La responsabilidad médica, como especie dentro de la responsabilidad profesional, se encuentra sometida a los mismos principios que rigen la responsabilidad civil en general, sin que corresponda limitarla a supuestos de culpa grave o notoria (SCBA, Ac. 31.702; Ac. 44.440; Ac. 50.801; esta Sala, RSD 57/2001 y RSD 141/2015).

"El médico no se obliga a sanar al enfermo, sino a cuidarlo, a dedicarle toda la atención diligente y técnica que corresponde al grado de evolución de la ciencia (...) El médico –salvo contadas excepciones– no promete el resultado, pero sí asume el compromiso de utilizar toda su pericia, ciencia y técnica para lograrlo" (Calvo Costa, Carlos A., Responsabilidad civil médica. Aspectos relevantes. Tratado de Derecho de Daños, Picasso, Sebastián–Saenz, Luis R. J., directores, Bs. As., La Ley, 2022, t. III, p. 414/415).

De allí que, "como regla general, se trata de obligaciones de medios (...) por lo que la sola falta de obtención del interés final no es suficiente para patentizar la responsabilidad del deudor. En consecuencia, el basamento de la responsabilidad de los profesionales es de índole subjetiva (...) requiriéndose la demostración de la culpa alegada para la procedencia de la acción indemnizatoria" (Cámara Nacional Civil, Sala K, "A. D. S. M. A. c/ Sanatorio San Lucas SA y otros s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 15015/2013, sentencia del 06/03/2026).

Cuando el profesional omite las diligencias que la naturaleza de la prestación exige, sea por impericia, imprudencia o negligencia, incurre en incumplimiento y se coloca en la posición del deudor culpable (argumento artículo 512 del Código Civil).

La culpa puede manifestarse como negligencia, cuando se omite la conducta necesaria para evitar el daño; como imprudencia, cuando se actúa precipitadamente sin prever las consecuencias del obrar; o como impericia, tratándose de profesionales, entendida como el desconocimiento de las reglas y métodos propios de la disciplina, pues quien ejerce una profesión debe poseer los conocimientos teóricos y prácticos correspondientes y actuar con la previsión y diligencia que ellos exigen (SCBA, Ac. 31.702; esta Sala, RSD 57/2001 y RSD 141/2015).

12.c) Respecto de los establecimientos asistenciales, la acreditación de la culpa del médico resulta indispensable para atribuirles responsabilidad, no porque ésta se refleje en la entidad como una responsabilidad indirecta, sino porque importa la demostración de la violación del deber de seguridad que, como obligación tácita, integra el contrato asistencial, cuya inobservancia genera la responsabilidad directa del establecimiento, además de la que concierne personal y directamente al profesional (Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de la profesión", LL 1976-C-63; SCBA, Ac. 46.712; esta Sala, RSD 57/2001 y RSD 141/2015).

Ello obedece a que el establecimiento asistencial cumple su obligación valiéndose de la actividad de los médicos, debiendo responder por la culpa en que incurran sus sustitutos, auxiliares o copartícipes, pues al acreedor le resulta indiferente que la prestación sea cumplida por el propio deudor o por un tercero del cual éste se valga para tal fin. De allí que, por la equivalencia de comportamiento entre el obligado y quienes actúan en su nombre, el hecho de cualquiera de ellos se considere como si proviniera del propio deudor.

A diferencia de lo que ocurre en la esfera extracontractual, como el fundamento de esta responsabilidad radica en la estructura y efectos de la relación jurídica obligacional, para que el deudor responda civilmente por el hecho del auxiliar no resulta necesario que exista entre ambos una relación de dependencia o subordinación (SCBA, Ac. 33.539; Ac. 43.518; Ac. 46.712; Ac. 50.801; esta Sala, RSD 57/2001 y RSD 141/2015).

12.d) Ante la existencia de hechos controvertidos, corresponde determinar sobre quién recae la carga probatoria. El artículo 375 del CPCC establece que incumbe a la parte que afirma la existencia de un hecho controvertido acreditar el presupuesto de hecho de la norma o normas que invoca como fundamento de su pretensión, defensa o excepción (SCBA, Ac. 34.963).

Sin embargo, dicha carga no depende de la condición de actor o demandado, sino de la situación que cada uno adquiere en el proceso conforme a los hechos establecidos o reconocidos, incumbiendo la prueba a quien pretende modificar el estado normal de las cosas o la posición adquirida por la otra parte en la litis (SCBA, Ac. 79.421; Ac. 83.284; Ac. 85.360).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Suprema Corte provincial han reconocido, en materia de responsabilidad médica y frente a la especial dificultad probatoria que estos casos suelen presentar, la relevancia del criterio de las cargas probatorias dinámicas o prueba compartida, conforme al cual debe aportar los elementos necesarios quien se encuentra en mejores condiciones de hacerlo (CSJN, P.120.XXXVI, "Plá, Silvio Roberto y otros c/ Clínica Bazterrica S.A. y otros"; SCBA, Ac. 82.684).

Dada la complejidad de la cuestión y sin desmedro de la regla general que gobierna la materia, aun cuando, por tratarse de una obligación de medios, la culpa médica debe ser acreditada por la parte reclamante, resulta indudable que la demandada debe colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos, en atención a sus incumbencias específicas. De allí la flexibilidad que caracteriza la distribución de la carga probatoria, criterio que ha recibido expresa recepción en el artículo 1735 del CCCN.

13) Tratamiento de los agravios

13.a) Atribución de responsabilidad y valoración de la prueba

Los agravios vinculados con la atribución de responsabilidad formulados por Paraná S.A. de Seguros, Sanatorio Bernal S.R.L., El Progreso Seguros S.A. y los sucesores del Dr. Víctor Mario Bagú serán abordados en forma conjunta, dada su sustancial conexidad.

En esencia, todos cuestionan la valoración de la prueba médica efectuada en la instancia de origen y, en particular, la preeminencia otorgada al dictamen del Dr. Álvarez frente a los restantes elementos de prueba producidos en autos. Sostienen que no se encuentra acreditado que la patología que presentaba la paciente exigiera una intervención quirúrgica inmediata, ni que la conducta seguida por el Dr. Bagú hubiera ocasionado su fallecimiento.

Corresponde analizar la pericia médica producida en autos, por tratarse de un medio probatorio de especial relevancia para el esclarecimiento de este tipo de controversias (en igual sentido, esta Cámara: Sala I, causas 6905, RSD 80/04, 1-7-04; 9649, RSD 72/07, 5-9-07; 10618, RSD 58/08, 29-8-08).

"La peritación es una actividad desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas especialmente calificadas, distintas e independientes de las partes y del juez (...) mediante la cual se le suministran al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento (...) Es una prueba ilustrativa sobre alguna materia técnica, que escapa al conocimiento del magistrado" (Falcón, Enrique M., Tratado de la prueba, Bs. As., Astrea, 2009, t. 2, p. 198).

De la experticia elaborada por el Sr. Perito Médico designado, Dr. Oscar Eduardo Álvarez, y de las explicaciones posteriores (ver fojas 491/495 y 593/594), apreciadas conforme a las reglas de la sana crítica (argumento artículo 384 del CPCC), se desprenden elementos determinantes para resolver los cuestionamientos formulados en torno a la valoración de la prueba, la configuración de la culpa profesional y la acreditación de la relación de causalidad adecuada.

El Sr. perito médico designado, Dr. Oscar Eduardo Álvarez, informó que frente al cuadro de hernia umbilical atascada que presentaba la paciente correspondía intervenir quirúrgicamente lo antes posible (argumento artículos 384, 457, 473, 474 y concordantes del CPCC).

Del análisis integral de la pericia médica, sus explicaciones y las restantes constancias de la causa surge que: (i) la Sra. Trangoni ingresó con una hernia umbilical atascada; (ii) según el Sr. perito médico, correspondía intervenir quirúrgicamente lo antes posible; (iii) el Dr. Bagú practicó una maniobra de reducción manual o taxis, sin intervención quirúrgica inmediata; (iv) posteriormente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva, donde presentó una leve mejoría de su descompensación; (v) la cirugía fue realizada el 20/05/2003; (vi) durante la laparotomía no se hallaron vísceras dentro del saco herniario, líquido patológico, asas desvitalizadas ni perforaciones; y (vii) no se practicó autopsia ni consta diagnóstico histopatológico de la causa del fallecimiento.

Ahora bien, las opiniones posteriormente vertidas por los Dres. Miguel Ángel Miñones y Alberto Obregón no alcanzan para desvirtuar las conclusiones de la pericia oficial. En el primer caso, porque dicho informe fue incorporado mediante un medio probatorio distinto de la prueba pericial, cuya producción había sido encomendada en estas actuaciones al Dr. Oscar Eduardo Álvarez luego de su correspondiente desinsaculación (argumento artículos 358, 457, 474 y concordantes del CPCC).

En cuanto al informe producido por el Dr. Alberto Obregón, advierto que sus conclusiones carecen de fundamentación suficiente para conocer las razones médicas que las sustentan y, por lo tanto, para desplazar las alcanzadas por el perito oficial (argumento artículo 474 del CPCC).

Si bien el Dr. Obregón señaló que la reducción manual podía resultar adecuada durante las primeras horas de evolución, condicionó expresamente dicha posibilidad a un control ulterior estricto de la paciente. Sin embargo, al concluir que los actos médicos cumplidos por el Dr. Bagú se ajustaron a las reglas del arte de curar, no explicó de qué modo aquel control fue efectivamente llevado a cabo en las circunstancias concretas del caso ni brindó fundamentos médicos suficientes que sustenten dicha conclusión.

A ello se suma la expresa oposición formulada por los actores respecto de la incorporación y alcance probatorio de ambas piezas, todo lo cual, apreciado conjuntamente con las particularidades procesales señaladas y conforme a las reglas de la sana crítica, les resta fuerza probatoria suficiente para sustentar la declaración de irresponsabilidad pretendida por la demandada (argumento artículos 384, 474 y concordantes del CPCC).

No se advierte que la Sra. magistrada de primera instancia, en lo atinente a esta parcela del pronunciamiento, se haya apartado de las reglas de la lógica ni incurrido en una apreciación irrazonable o errónea de los medios de prueba vinculados con los hechos conducentes y controvertidos. Por el contrario, de la lectura de la sentencia surge que examinó la prueba producida, comenzando por la pericial médica, y se expidió luego sobre el mérito de la pretensión deducida.

En ejercicio regular de sus facultades, analizó los hechos pertinentes y valoró los medios de prueba que estimó esenciales para fundar su decisión. De allí que, en lo atinente a la configuración de la culpa profesional, la solución adoptada se presente como jurídicamente correcta y debidamente motivada (CSJN, Fallos: 313:912; 315:562 y 839, entre otros; SCBA, P. 74.290, sentencia del 11-6-2003, entre otros).

Teniendo en cuenta la especial relevancia de la prueba pericial en este tipo de cuestiones, por versar sobre conocimientos ajenos a la ciencia jurídica y necesarios para el esclarecimiento de los hechos controvertidos, considero que existen elementos probatorios suficientes para concluir que la actuación profesional del Dr. Víctor Mario Bagú se apartó de las reglas del arte de curar.

El Sr. perito médico oficial informó que, frente al cuadro de hernia umbilical atascada que presentaba la paciente, el tratamiento quirúrgico constituía la terapéutica de elección; que la maniobra de taxis podía resultar adecuada en forma inmediata, pero no como tratamiento definitivo; que correspondía verificar, sin margen de dudas, que el atascamiento no persistiera; y que no surgía de la historia clínica la realización de estudios destinados a comprobar la eficacia o ineficacia de aquella maniobra.

Señaló también que no correspondía mantener una actitud expectante, que la intervención quirúrgica practicada el día 20/05/2003 fue tardía y, finalmente, que los actos médicos cumplidos por el profesional demandado no se ajustaron a las reglas del arte de curar, habida cuenta de que las hernias umbilicales atascadas y/o estranguladas en adultos debían ser intervenidas quirúrgicamente de inmediato (argumento artículos 512, 902, 909 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 384, 457, 473, 474 y concordantes del CPCC).

Por ello, propondré al Acuerdo el rechazo de los agravios formulados al respecto.

13.b) Análisis de la relación de causalidad adecuada

Cuando se habla de relación de causalidad se hace referencia, en términos generales, a la correspondencia entre determinados hechos y sus consecuencias, esto es, entre las causas y los efectos que de ellas se derivan. Sin embargo, en el plano jurídico y, en particular, en materia de responsabilidad civil, la causalidad adquiere una significación específica, pues no procura únicamente establecer el origen material del daño, sino determinar si éste puede ser jurídicamente atribuido a una persona como presupuesto del deber de reparar.

No toda condición antecedente de un resultado dañoso resulta jurídicamente relevante para atribuir responsabilidad e imponer el deber de indemnizar. El ordenamiento exige, por el contrario, una adecuada vinculación entre el hecho, acto u omisión atribuidos y las consecuencias dañosas cuya reparación se pretende.

"La relación de causalidad es el vínculo externo que liga materialmente y jurídicamente, de manera directa, el incumplimiento obligacional o el hecho ilícito aquiliano con el daño y, en forma indirecta, a éste con el factor de atribución. Se trata de resolver si un resultado dañoso determinado puede ser imputado fácticamente a una persona. O, lo que es igual, si existe un vínculo material entre un hecho antecedente y otro consecuente que permita determinar a quién debe atribuirse fácticamente la autoría del primero y cuáles son las consecuencias jurídicas del segundo" (Pizarro, Ramón Daniel–Vallespinos, Carlos Gustavo, Tratado de responsabilidad civil, Sta. Fe, Rubinzal-Culzoni, 2024, t. I, p. 517).

En materia de responsabilidad civil médica, la acreditación de la relación de causalidad presenta particularidades derivadas de la complejidad propia de la ciencia médica y de la posible concurrencia de diversos factores en la producción del daño.

La sola comprobación de una conducta profesional culposa no resulta suficiente para atribuir al médico los perjuicios ocurridos, sino que debe acreditarse, además, que aquella conducta tuvo adecuada incidencia causal en la producción del daño.

"La prueba de la relación causal incumbe, en principio, a quien reclama el resarcimiento. Sin embargo, cuando resulta dificultoso determinar con certeza si el acto médico constituyó la causa adecuada del resultado dañoso, fue una concausa o intervinieron otros factores, corresponde flexibilizar las exigencias probatorias. En tales supuestos, la prueba de presunciones puede asumir un rol decisivo y la relación causal puede tenerse por acreditada cuando se hayan aportado suficientes elementos probatorios que, aun sin demostrar fehacientemente el nexo, resulten reveladores de su existencia y permitan formar la convicción judicial conforme a las reglas de la experiencia y al buen sentido del juzgador" (Cámara Nacional Civil, Sala D, "Padilla, Martín Miguel c/ Aizenberg, Gabriel Jorge y otros s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 56.335/2013, sentencia del 23/12/2021).

La cuestión exige distinguir entre la culpa profesional y las consecuencias que pueden serle causalmente atribuidas. Acreditada la primera, el fallecimiento de la paciente no autoriza, sin más, a imputar ese resultado al médico interviniente, sino que corresponde determinar, a partir de la prueba producida y de las presunciones judiciales, en qué medida aquella conducta incidió sobre las posibilidades de la paciente de superar favorablemente la dolencia por la cual requirió asistencia médica.

"El daño médico, si bien se exterioriza legalmente mediante la muerte o lesiones del paciente, estructuralmente está dado por el hecho de no haber interrumpido el curso causal natural de la enfermedad, sea por medio de una conducta omisiva (no hacer), errónea (hacer mal) o tardía (hacer después de tiempo), por consiguiente, éste será parcialmente responsable por su aporte causal al desenlace final (...) el análisis del nexo de causalidad se funda sobre una constatación real efectuada sobre la incidencia causal de aquel comportamiento médico (activo o inerte) en la salud del paciente. Con el auxilio de la ciencia médica (prueba pericial) es posible establecer su efectivo aporte, aun cuando inserto en un proceso patológico ya iniciado (enfermedad), es decir, no obstante su coexistencia con otras causas con las cuales simplemente ha cooperado" (Prévôt, Juan Manuel-Chaia, Rubén Alberto, Pérdida de chance de curación, Bs. As., Astrea, 2007, p. 268/269).

En el caso, aun cuando la patología que motivó la atención no fue provocada por el profesional demandado y no puede establecerse con certeza la causa concreta del fallecimiento, la pericia oficial resulta clara en cuanto a que correspondía intervenir quirúrgicamente lo antes posible y que la demora agravaba el cuadro y aumentaba el riesgo de vida. De allí que corresponda examinar la incidencia que aquellas circunstancias pudieron tener en la disminución de las posibilidades de curación de la paciente.

El Sr. perito oficial, al expedirse acerca de la relación causal, dictaminó: "la causalidad es directa, la conducta médica de resolver tardíamente el cuadro, desencadenó en el fallecimiento de la paciente (...) las hernias abdominales atascadas y/o estranguladas en el adulto deben ser operadas a la brevedad para evitar que el intestino sufra y para evitar la descompensación metabólica del paciente, si esto se prolonga en el tiempo el paciente desmejora y el riesgo perioperatorio es mayor corriendo mucho riesgo la vida" (ver pericia de fojas 491/495).

Al brindar las explicaciones requeridas, expresó: "que no surja de autos ninguna prueba objetiva de que la hernia se haya complicado y sea la causa de la descompensación y/o muerte, esa es la cuestión! (...) sostengo que fue un error de táctica en la solución del cuadro (...) El nexo causal existe porque (...) el conocimiento científico es que las hernias umbilicales del adulto atascadas y/o estranguladas se deben operar inmediatamente, de no ser así el paciente corre riesgo de muerte" (ver fojas 593/594).

A tenor de lo expuesto y de las restantes constancias de la causa, efectuado el juicio de probabilidad que exige la determinación de la causalidad jurídica y valorada la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, corresponde concluir que la demora atribuida al profesional demandado tuvo adecuada incidencia causal en la disminución de las posibilidades de curación de la paciente y que, por lo tanto, se encuentra suficientemente acreditada la relación causal como recaudo necesario para la configuración de la responsabilidad civil (argumento artículos 901, 902, 906 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 163, 384, 474 y concordantes del CPCC).

"La relación de causalidad jurídicamente relevante es la que vincula a un hecho antecedente con otro consecuente, cuando aquél tiene la virtualidad de producir a éste según el curso natural y ordinario de las cosas (...) Para ahondar en el examen de tal presupuesto, el juez debe efectuar un juicio de probabilidad (...) en función de lo que regularmente acontece. Mas en supuestos como el de autos, cobra virtualidad la previsibilidad del médico, medida bajo el prisma de su capacitación profesional, que lo obliga a tratar de eliminar los factores de riesgo, o reducirlos a su máxima expresión" (Cámara Nacional Civil, Sala I, "Labriola, Silvia Mabel y otros c/ Marcos y Hugo Libedinsky SA y otros s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 59.415/2020, sentencia del 11/12/2024).

No obsta a arribar a tales conclusiones la circunstancia de no haberse practicado la autopsia y, por consiguiente, no haberse podido determinar la causa concreta del fallecimiento. Ello es así porque la pericia médica oficial y las explicaciones brindadas, apreciadas conjuntamente con las restantes constancias de la causa y la secuencia lógica de los hechos acreditados, permiten vincular adecuadamente la demora en la intervención quirúrgica con la disminución de las posibilidades de curación de la paciente, conforme al curso normal y ordinario de las cosas (argumento artículos 901, 902, 906 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 384, 473, 474 y concordantes del CPCC).

13.b.1) Alcance de la relación causal

Las demandadas y las citadas cuestionan el porcentaje de incidencia causal establecido en la sentencia, por considerar que carece de suficiente respaldo científico y probatorio.

La Sra. magistrada de grado atribuyó a la omisión médica del demandado una incidencia causal del 90%, porcentaje que luego aplicó al cuantificar los daños reconocidos.

En este tipo de controversias cobran especial relevancia las presunciones judiciales y la prueba indiciaria, pues, aun cuando la pericia médica constituye un elemento esencial para el esclarecimiento de los hechos, corresponde al órgano jurisdiccional determinar la incidencia causal del obrar médico y la extensión del daño atribuible, mediante la valoración integral de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

La falta de una estimación pericial concreta del porcentaje de posibilidades de curación de la paciente, conforme a estadísticas médicas, no impide a la judicatura establecer su entidad a partir de las restantes probanzas incorporadas a la causa.

"El resarcimiento de la pérdida de una chance de curación no requiere contar con elevados porcentajes estadísticos, sino que va resarcida toda vez que el pretensor logre demostrar una serie de hechos constitutivos de los cuales se deduzca que las probabilidades favorables de cura o supervivencia son mayores de cero, claro está, siempre y cuando el demandado no pueda constatar hechos impeditivos que habrían obstruido su consumación" (Prévôt, Juan Manuel-Chaia, Rubén Alberto, Pérdida de chance de curación, obra citada, p. 60/61).

En esa siempre difícil tarea, y sólo una vez acreditados los recaudos que hacen nacer la responsabilidad civil, corresponde determinar, con base en la prueba producida, las máximas de la experiencia y el curso regular de los acontecimientos, si aquellas posibilidades eran altas y, en su caso, en qué medida (en sentido similar: Cámara Nacional Civil, Sala G, "Pellón, Nancy Teresa y otros c/ Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y otros s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 55664, sentencia del 20/05/2026).

Aunque el Sr. perito oficial no indicó expresamente cuál era el porcentaje de posibilidades de curación de la paciente de haberse practicado oportunamente la intervención quirúrgica, sí estableció con claridad que ese tipo de dolencia debía ser operada a la brevedad; que la prolongación del cuadro provocaba el desmejoramiento del paciente, incrementaba el riesgo perioperatorio y ponía en serio riesgo su vida; y que, en el caso, la conducta médica adecuada imponía la intervención inmediata.

Tales conclusiones permiten inferir, desde la dimensión jurisdiccional y a partir de las pruebas colectadas, que las posibilidades de obtener un resultado favorable de haberse procedido conforme a las reglas del arte de curar eran elevadas.

"Con respecto a la relación de causalidad (...) no sabríamos a ciencia cierta si (...) se hubiera podido revertir el estado que, a la postre, la condujo a su fallecimiento; pero es indudable que si hubiera sido diagnosticada tempranamente y tratada de forma adecuada, habrían aumentado sus chances de sobrevida (...) Concluyo (...) que, aunque las impericias antes descriptas no han sido las causantes del fallecimiento de la paciente (daño final), es indudable que han tenido incidencia causal en la pérdida de chance de sobrevida (...) Ello, claro está, constituye un daño autónomo e independiente de la consecuencia final, lo que tendrá repercusión sobre el monto de la indemnización a concederse en autos" (Cámara Nacional Civil, Sala A, "Melendreras, Marcela c/ Clínica Calchaquí y otro s/ Daños y Perjuicios", expediente Nº 76225, sentencia del 08/07/2026).

"Es indudable que una intervención oportuna hubiera brindado (...) mejores chances de sobrevida (...) Y aunque no es posible afirmar que de haberse practicado la intervención de inmediato el niño no hubiera sufrido (...) las lesiones que le causaron la muerte, es un hecho cierto que habría tenido mejores chances de sobrevida; ergo, postergar dicha terapéutica importó para la víctima lo que en doctrina se ha denominado 'pérdida de chance de curación'" (Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II, "M., R. del V. y otro vs. Hospital Subzonal de Balcarce y otros s. Daños y perjuicios", sentencia del 23/02/2017, Rubinzal Online, RC J 1239/17).

Si bien el Sr. perito oficial afirmó expresamente la existencia de relación causal entre la demora en la intervención quirúrgica y el fallecimiento de la paciente, también informó que no constaba en las actuaciones ni en la historia clínica un diagnóstico histopatológico que permitiera establecer la causa concreta del deceso.

Valoradas conjuntamente tales circunstancias, la necesidad de intervenir quirúrgicamente lo antes posible, el incremento del riesgo de vida derivado de la demora y las restantes probanzas de la causa, y efectuado el juicio de probabilidad que imponen las particularidades del caso, considero razonable compartir el criterio de la Sra. magistrada de grado en cuanto estimó en un 90% la posibilidad de curación frustrada.

Tampoco modifican lo expuesto los resultados de la ecografía practicada ni los motivos invocados por las accionadas como posibles causas del deceso, pues ninguno resulta suficiente para excluir, a la luz de lo que emerge con claridad de la pericia oficial, la incidencia causal atribuida a la demora en el tratamiento quirúrgico.

No se advierte que la sentencia haya objetivado la responsabilidad médica ni inferido la culpa a partir del resultado final, toda vez que la atribución efectuada se sustentó en la conducta profesional del médico interviniente previamente examinada y en su adecuada incidencia causal, de conformidad con la prueba producida.

Igual suerte han de correr las impugnaciones formuladas en la instancia de origen y las objeciones que portan los agravios en tratamiento, habida cuenta de que no encuentran suficiente respaldo probatorio para desvirtuar las conclusiones médicas alcanzadas por el perito oficial ni la valoración jurisdiccional efectuada respecto de la incidencia causal de la demora (argumento artículos 384, 474 y concordantes del CPCC).

13.c) Responsabilidad del establecimiento asistencial

Establecida la responsabilidad profesional del Dr. Bagú en los términos señalados, corresponde analizar las quejas formuladas por el Sanatorio Bernal S.R.L. en torno a la responsabilidad que le fuera atribuida en la sentencia.

Tal como se indicara, la responsabilidad del establecimiento asistencial encuentra fundamento en el deber de seguridad que integra la prestación a su cargo, pues para su cumplimiento se vale de la actividad de los profesionales médicos que intervienen en la atención de los pacientes y debe responder por la culpa en que éstos incurran.

La obligación de seguridad asumida por la entidad asistencial consiste en que el paciente no sufra daño por deficiencias de la prestación prometida o por la utilización de objetos bajo su custodia (SCBA, Ac. 43.518 del 16-7-95; argumento artículo 1198 y concordantes del Código Civil).

En consecuencia, encontrándose acreditado que la conducta profesional del demandado se apartó de las reglas del arte de curar y que la demora en el tratamiento quirúrgico tuvo adecuada incidencia causal en la disminución de las posibilidades de curación de la paciente, corresponde confirmar la responsabilidad atribuida al Sanatorio Bernal S.R.L. y rechazar los agravios formulados al respecto.

14) Tratamiento de los rubros indemnizatorios

La demandada y las citadas en garantía cuestionan la procedencia y cuantificación de la pérdida de chance, el daño moral y el daño psicológico.

(i) Respecto de la pérdida de chance de ayuda económica, niegan que se haya acreditado una expectativa cierta de asistencia futura o un perjuicio patrimonial concreto y consideran excesivos los montos según las circunstancias personales y económicas de la víctima. 

Impugnan, asimismo, la indemnización reconocida a la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros por el cuidado de sus hermanos menores. El Progreso objeta, además, la aplicación de los artículos 1084 y 1085 del Código Civil y la distinción probatoria entre hijos mayores y menores. 

En cuanto a la pérdida de chance de curación, controvierten el 90% fijado por carecer de respaldo científico o estadístico.

(ii) Consideran excesivos e insuficientemente fundados los importes reconocidos por daño moral y cuestionan la falta de adecuada individualización de las circunstancias de los reclamantes.

(iii) Respecto del daño psicológico, objetan su autonomía y la eficacia de la pericia, por entender que no permite diferenciar la afección psíquica del duelo ni acredita suficientemente su relación causal, duración, concausas e impacto funcional. Añaden que las afecciones constatadas serían leves, transitorias o reversibles y que su reparación independiente importaría una doble indemnización.

14.a) Pérdida de chance de ayuda económica

La indemnización por muerte de la víctima no importa asignar un precio a la vida humana, sino reparar las consecuencias que su pérdida genera en quienes se encontraban vinculados a ella por lazos de asistencia o dependencia. En tal sentido, el rubro procura resarcir la privación de los aportes económicos que la víctima efectuaba o razonablemente podía efectuar en el futuro y la pérdida de chances de ayuda material.

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que "el llamado 'valor vida' no es en sí mismo un valor económico o susceptible de apreciación pecuniaria (...) El objeto de estas actuaciones es un bien patrimonial. Se trata de medir económicamente el perjuicio que ocasionó a los actores la irrevocable pérdida de que se trata (...) en este orden de ideas, este Tribunal ha sostenido que, para fijar la indemnización por valor vida, no han de aplicarse fórmulas matemáticas, sino considerar y relacionar diversas variables relevantes de cada caso en particular, tanto en relación con la víctima (edad, condición económica y social, profesión, expectativa de vida, etc.) como con los damnificados (grado de parentesco, edad, educación, etc.)" (CSJN, "Lacave, Flora B. y otros vs. Provincia de Buenos Aires y otros s. Daños y perjuicios", sentencia del 05/03/2024, Rubinzal Online, RC J 1608/24).

"Para establecer el quántum de la indemnización, se atiende a la condición socio-económica de la víctima (...) ello dará el criterio para valorar la cuantía de la pérdida patrimonial sufrida por los damnificados ante la falta de quien sostenía el hogar. A tal fin se atenderá en cada caso a la edad, sexo, profesión, educación, lapso probable de vida útil, condición social, número de miembros de la familia, etc." (Mosset Iturraspe, Jorge, director, Responsabilidad civil, Bs. As., Hammurabi, 1997, p. 265).

Es menester diferenciar la pérdida de posibilidades de curación derivada de la mala praxis médica, de la pérdida de chance de ayuda económica que corresponde valorar al determinar la extensión de los daños resarcibles. La primera constituye el perjuicio directamente vinculado con el obrar negligente y delimita la responsabilidad imputable al profesional; en cambio, la segunda se refiere al menoscabo patrimonial sufrido por los legitimados ante la pérdida de los aportes que razonablemente podían esperar de la víctima.

En el caso, no se atribuye al demandado haber causado la muerte de la paciente, sino haberla privado de una alta posibilidad concreta de curación. Por ello, la reparación debe guardar adecuada proporción con esa posibilidad frustrada, conforme a lo establecido en la sentencia de grado y en los apartados 13.b y 13.b.1 de la presente.

"El límite de su responsabilidad estará dado por la pérdida de la chance de curación y no por el desarrollo definitivo de la enfermedad. Por ello lo que correspondería determinar (...) a los efectos de la indemnización, es la chance de curación o de sobrevida que le fue privada al paciente por el accionar eventualmente irresponsable del demandado" (Vázquez Ferreyra, Roberto, Daños y perjuicios en el ejercicio de la medicina, Bs. As., Hammurabi, 2002, p. 134, citado por: Acevedo, Rafael A., en "La tesis de la pérdida de la chance en medicina", RCyS 2011-X, 58, TR LALEY AR/DOC/2652/2011).

14.a.1) Para cuantificar el rubro, corresponde ponderar que la Sra. Hilda Alba Trangoni tenía 48 años al fallecer, se desempeñaba desde 1986 en el área de laboratorio del Sanatorio La Trinidad de Quilmes y percibía ingresos mensuales de $850 a mayo de 2003. Era divorciada y convivía con sus hijos entonces menores de edad Marina Leonor Quinteros (17 años), Luis Humberto Quinteros (16 años) y Juan Manuel Comas (8 años), quienes se encontraban a su cargo.

"Los derogados artículos 1084 y 1085 (...) contienen una presunción de daño en favor de la viuda e hijos menores del muerto que se funda en que éstos revisten carácter de alimentarios de aquél" (Cámara Nacional Civil, Sala M, "Martínez, Jaqueline c/ Transporte Automotores Plusmar S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 56.643/2013, sentencia del 03/06/2024).

Acreditadas la composición del grupo familiar, la edad de los hijos reclamantes y su convivencia con la madre, quien tenía a su cargo el cuidado y manutención de éstos, cabe concluir que su fallecimiento los privó de la asistencia material que efectivamente les proporcionaba, configurándose así un perjuicio cierto cuya reparación resulta procedente.

"La suma de dinero que fuere necesaria para alimentos a que hace referencia el artículo 1084 del Código Civil (...) tiende a reemplazar el apoyo económico que este último les prestaba o debería prestar durante su vida (...) no se trata de que el obligado indemnice de acuerdo a sus recursos, ni que los damnificados perciban de conformidad con sus necesidades, sino del otorgamiento de una reparación sustitutiva de contenido alimentario en función del tiempo probable de vida de la víctima, sus condiciones personales y las del reclamante" (CC0201 LP 134891 385 S 07/12/2023, "B. L. R. c/ Instituto del Diagnóstico de La Plata S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", Sumario Juba B259161).

Nótese, además, que luego del fallecimiento de la Sra. Trangoni, su hija mayor, la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros, debió asumir el cuidado de sus hermanos menores Marina Leonor y Luis Humberto, circunstancia que dio lugar al trámite y posterior otorgamiento judicial de la guarda. Ello no sólo evidencia la alteración de la organización familiar, sino que corrobora la efectiva privación de la asistencia que aquéllos recibían de su madre.

No obsta a tales conclusiones que Juan Manuel Comas, entonces de 8 años, luego del fallecimiento de su madre, pasara a convivir con su progenitor, el Sr. Orlando Arturo Comas (ver fojas 321), pues el cuidado asumido por éste no excluye ni neutraliza la pérdida de la asistencia material que razonablemente habría continuado recibiendo de aquélla y, por lo tanto, tampoco impide la procedencia del rubro ni justifica la reducción del monto reconocido.

Para la cuantificación de esta parcela, debe ponderarse especialmente la edad de cada uno de los hijos, toda vez que la extensión temporal de la asistencia material frustrada no resulta idéntica en todos los casos. Cuanto menor era la edad del damnificado indirecto al momento del fallecimiento de su madre, mayor era el período durante el cual razonablemente cabía esperar la contribución económica de aquella hasta que el hijo alcanzara la mayoría de edad (con orientación similar: Cámara Nacional Civil, Sala M, "Martínez, Jaqueline c/ Transporte Automotores Plusmar S.A. y otro s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 56.643/2013, sentencia del 03/06/2024).

Teniendo especialmente en cuenta la edad de la víctima, su prolongada inserción laboral, el salario que percibía, la composición del grupo familiar, la cantidad de años que restaba a cada uno de sus hijos para alcanzar la mayoría de edad, las tareas de cuidado y atención doméstica que desarrollaba en el seno familiar y la evolución experimentada por los ingresos durante el extenso período transcurrido desde su fallecimiento hasta el dictado de la sentencia, no se advierte que las sumas fijadas en favor de los hijos resulten irrazonables o desproporcionadas. Por el contrario, guardan adecuada relación con las circunstancias particulares de la víctima y de cada uno de los reclamantes (argumento artículos 1084, 1085 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 163, 263, 384 y concordantes del CPCC).

14.a.2) En cuanto a la indemnización reconocida a la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros, su situación merece una consideración particular, toda vez que al momento del fallecimiento de su madre era mayor de edad y el resarcimiento otorgado encuentra fundamento en las obligaciones de cuidado y asistencia que debió asumir respecto de sus hermanos menores.

Se encuentra probado que, luego del deceso de su progenitora, la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros fue designada judicialmente guardadora de sus hermanos menores Marina Leonor y Luis Humberto (ver causa 16.075), quienes hasta entonces convivían con aquella y se encontraban a su cargo.

El otorgamiento judicial de la guarda tuvo así por finalidad procurar la adecuada protección y asistencia de los hermanos menores. De ahí que las constancias de dicho expediente resulten particularmente relevantes para tener por acreditada la asunción de las tareas de cuidado, asistencia y manutención que, a partir de entonces, quedaron a cargo de su hermana mayor, con la consiguiente incidencia económica.

Acreditados el fallecimiento de la Sra. Trangoni, los ingresos regulares que percibía, la incidencia causal de la culpa médica en la pérdida de la chance de curación, la circunstancia de que sus hijos menores convivían con ella y se encontraban a su cargo, las tareas de cuidado posteriormente asumidas por la hermana mayor y el ulterior otorgamiento judicial de la guarda solicitada por esta última, considero razonable la conclusión alcanzada en la instancia de origen en cuanto tuvo por configurado el perjuicio cuya reparación fue reconocida.

De ello se sigue que, respecto de la Sra. Alejandra B. Quinteros, entonces, no se trata del reconocimiento de una pérdida de chance de ayuda económica personal derivada de la pérdida de su madre, sino de reparar la carga patrimonial que ese hecho le generó al asumir el cuidado de sus hermanos menores y, posteriormente, al serle otorgada judicialmente su guarda, con las consiguientes obligaciones asistenciales y materiales que hasta entonces se encontraban a cargo de la progenitora.

Dada la naturaleza asistencial de tales prestaciones, no cabe exigir, en un caso como el presente, una prueba directa y particularizada de cada una de las erogaciones efectuadas por la hermana mayor como consecuencia de las obligaciones de cuidado y asistencia que debió asumir respecto de sus hermanos menores, privados de la ayuda económica que hasta entonces les brindaba su progenitora.

Por ello, atendiendo a las circunstancias acreditadas, a la naturaleza del perjuicio y a las facultades judiciales para estimar prudencialmente su extensión cuando no resulte posible determinarla con exactitud, considero que la suma reconocida en la instancia de origen a favor de la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros resulta razonable y ajustada a derecho (argumento artículos 1068, 1069, 1079, 1083 y concordantes del Código Civil; 163, 165, 263, 375, 384 y concordantes del CPCC).

14.a.3) Con relación al agravio vinculado con la pérdida de chance de curación, entiendo que la queja ha quedado suficientemente abordada al tratar las cuestiones inherentes a la responsabilidad civil atribuida, en particular, al resolver la causalidad y su alcance en los apartados 13.b y 13.b.1 de la presente. 

En consecuencia, corresponde remitirse a lo allí establecido a sus debidos efectos.

14.b) Daño moral

El daño moral, como es sabido, "es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la persona, insusceptible de apreciación pecuniaria. Consiste en el desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agraviada, o los padecimientos físicos, el dolor, las inquietudes o cualquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial" (Llambías, Jorge J., Manual de Derecho Civil. Obligaciones, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998, p. 102).

Para la procedencia del rubro no corresponde exigir una prueba directa y específica. Lo importante es que las circunstancias objetivas acreditadas en la causa permitan a la magistratura, mediante una apreciación razonada de la prueba y conforme a las reglas de la experiencia, concluir que el hecho dañoso resulta idóneo para provocar el menoscabo espiritual cuya reparación se persigue.

La determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía dependen –en principio– del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de su existencia, sin que sea necesaria otra precisión ni deba la cuantía guardar proporcionalidad con el daño material, pues no depende de este sino de la índole del hecho generador (conforme doctrina causas Ac. 86.834, "L., N. R. M. y o.", sent. de 8-VI-2005; C. 94.577, "Mansilla", sent. de 9-V-2007; L. 99.451, "Palacios", sent. de 1-VI-2011, entre otras; argumento artículo 1078 y concordantes del Código Civil).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el precedente "Baeza, Silvia Ofelia c/ Provincia de Buenos Aires y otros" (12/04/2011), sostuvo que el daño moral constituye el "precio del consuelo", y que su reparación debe tender a restablecer -dentro de lo posible- el equilibrio quebrantado en los bienes extrapatrimoniales de la víctima, siendo el dinero un medio de procurarle satisfacciones sustitutivas o compensatorias.

En las presentes, nos encontramos con el fallecimiento de la progenitora de los reclamantes, Sra. Hilda Alba Trangoni, acontecimiento con entidad suficiente para provocarles una tribulación anímica jurídicamente relevante y susceptible de reparación.

Incluso corresponde merituar que, al momento del deceso, en mayo de 2003, sus hijos Marina Leonor Quinteros, Luis Humberto Quinteros y Juan Manuel Comas eran menores de edad y convivían con su madre, quien ejercía su cuidado. Estas circunstancias deben ser ponderadas al establecer la entidad del perjuicio sufrido. Por lo demás, la mayoría de edad de los restantes hijos no puede conducir, por sí sola, a disminuir la entidad del padecimiento espiritual derivado de la pérdida de su madre.

Para la procedencia y cuantificación del daño moral ante el fallecimiento de la progenitora de los reclamantes, no resulta necesaria una descripción pormenorizada de las circunstancias personales de cada uno de los damnificados indirectos, pues, más allá de alguna situación particular que pudiera incidir en la entidad del perjuicio, la ausencia de esa descripción no impide reconocer el dolor y la aflicción que, conforme al curso normal y habitual de las cosas, provoca la pérdida de una persona con quien los unía un lazo afectivo de semejante magnitud.

Teniendo en cuenta el estrecho vínculo que unía a los reclamantes con su madre, sus edades al momento del fallecimiento, el padecimiento espiritual que razonablemente cabe inferir de su pérdida conforme a las reglas de la experiencia y el grado de incidencia causal atribuido al obrar médico en la pérdida de la chance de curación, considero que las sumas reconocidas en la instancia de origen resultan razonables y ajustadas a derecho (argumento artículos 1078 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 165, 384 y concordantes del CPCC).

En consecuencia, corresponde rechazar los agravios formulados al respecto y confirmar lo decidido en la instancia de origen.

14.c) Daño psicológico

Es sabido que la integridad personal y el derecho a la reparación integral se encuentran garantizados por los tratados internacionales con jerarquía constitucional (artículo 75 "inciso 22" de la CN).

El daño psíquico no constituye un daño autónomo sino un aspecto comprendido en la incapacidad sobreviniente, en tanto traduce una disminución de aptitudes con consecuencias patrimoniales y en la vida de relación. Por ello, para que una alteración psíquica pueda ser indemnizada como incapacidad sobreviniente, deberá encontrarse acreditada su adecuada vinculación causal con el hecho dañoso y el carácter permanente de la alteración.

La reparación integral, concebida como un principio insoslayable del derecho de daños, impone la necesidad de analizar adecuadamente el reclamo resarcitorio en sus diversas dimensiones, tal como sucede con el aspecto psicológico. Ello porque, como se anticipara, la persona, considerada en la totalidad de su ser y en tanto eje y centro de atención del sistema jurídico, cuando resulta víctima directa o indirecta de un injusto reprochable desde el punto de vista civil, tiene derecho a obtener la reparación de las consecuencias dañosas que de aquél se deriven en adecuada relación de causalidad.

A través de este rubro, corresponde determinar si el fallecimiento de la progenitora de los reclamantes, además de las aflicciones espirituales que un acontecimiento de semejante magnitud provoca, ha tenido aptitud para producir en los damnificados indirectos una alteración o menoscabo en su salud psíquica susceptible de reparación.

Cuando se reclama esta parcela indemnizatoria, resulta de especial importancia la producción de prueba pericial psicológica respecto de cada uno de los pretensores, a fin de determinar la existencia del perjuicio, su adecuada vinculación causal, su extensión y el carácter que eventualmente revistan las afecciones informadas.

Corresponderá establecer asimismo si el trastorno constatado requiere tratamiento psicológico y, en su caso, ponderar su costo a valores actuales, ya sea con la finalidad de procurar su reversión cuando ello resulte posible o, frente a secuelas permanentes, para paliar sus efectos adversos y procurar una mejor calidad de vida de los damnificados.

Analizadas las presentes actuaciones, surge que la Sra. Perito psicóloga interviniente, Licenciada Raquel Alicia Sánchez, en la pericia de fojas 578/589 y al brindar las explicaciones requeridas, informó distintas afecciones psicológicas en los reclamantes, estableció porcentajes de incapacidad respecto de cada uno de ellos y las vinculó causalmente con el evento de marras, conclusiones que corresponde apreciar conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 384 del CPCC).

Sin embargo, al expedirse acerca del carácter de las incapacidades informadas, no determinó que aquéllas fueran permanentes, sino que señaló que podían o no persistir en el tiempo y que su evolución dependería del tratamiento psicoterapéutico y de las particularidades de cada paciente.

Pesa sobre quien reclama la reparación la carga de acreditar la existencia y extensión del perjuicio invocado (argumento artículo 375 del CPCC). En materia de daño psicológico, cuando se pretende su reparación como incapacidad sobreviniente, ello comprende demostrar, mediante prueba idónea, el carácter permanente de la alteración constatada. Al no surgir con certeza de la prueba producida dicho carácter y depender su eventual persistencia de la evolución particular de cada paciente, no corresponde entonces reconocer las afecciones informadas como incapacidad psíquica permanente.

Ahora bien, la falta de acreditación del carácter permanente de las alteraciones informadas no conduce al rechazo íntegro del reclamo, desde que los actores solicitaron en la demanda la reparación de los gastos de tratamiento psicológico y la experta indicó su necesidad, por lo que las erogaciones que dicho tratamiento demande resultan susceptibles de reparación.

La Corte Suprema ha sostenido que "en cuanto al tratamiento psicológico aconsejado (...), se trata de un gasto que debe ser indemnizado, por cuanto supone erogaciones futuras que constituyen un daño cierto indemnizable" (CSJN, 28/05/2002, "Vergnano de Rodríguez, Susana Beatriz c/ Buenos Aires, Provincia de y otro", Fallos 325:1277).

En este caso, la profesional recomendó la realización de un tratamiento psicoterapéutico y explicó que su duración no podía determinarse anticipadamente, por encontrarse sujeta a las variables propias de cada proceso terapéutico y a la evolución particular de cada damnificado.

Los demás cuestionamientos dirigidos a controvertir las conclusiones periciales (proceso de duelo, eventual incidencia de concausas y repercusión de las afecciones informadas) tampoco alcanzan para modificar la solución propuesta, habida cuenta de que se encuentran suficientemente acreditadas las alteraciones informadas, su adecuada vinculación causal con el evento y la necesidad del tratamiento indicado, cuyo costo corresponde indemnizar por los fundamentos expuestos precedentemente.

Véase que la Lic. Sánchez, luego de desarrollar las características propias del proceso de duelo y examinar individualmente a los actores, informó la existencia de distintas afecciones psicológicas, estableció porcentajes de incapacidad, las vinculó causalmente con el evento y recomendó tratamiento psicoterapéutico, dejando expresamente establecido respecto de todos los examinados que no padecían "patología psiquiátrica o psicológica previa" (ver fojas 579 vuelta).

En lo que respecta a su cuantificación, atendiendo a la distinta entidad de las afecciones constatadas, la necesidad de tratamiento indicada respecto de cada uno de los reclamantes, la imposibilidad de determinar anticipadamente su duración, el arancel mínimo sugerido para la práctica clínica individual, fijado en $29.940 desde el 1 de abril de 2026 (ver www.colpsiba.com.ar/mtr/val_mtr.php), y las facultades judiciales para estimar prudencialmente el perjuicio, considero razonable fijar por este concepto las sumas de (i) $3.000.000 para la Sra. Margarita Andrea Quinteros, (ii) $2.250.000 para la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros, (iii) $4.000.000 para la Sra. Gabriela Natalia Quinteros, (iv) $2.250.000 para la Sra. Marina Leonor Quinteros y (v) $2.250.000 para el Sr. Luis Humberto Quinteros (argumento artículos 1068, 1069, 1079, 1083 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 163, 165, 263, 375, 384, 473, 474 y concordantes del CPCC).

Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios formulados por las recurrentes y dejar sin efecto la indemnización reconocida en la instancia de origen en concepto de daño psicológico, admitiendo únicamente los gastos de tratamiento oportunamente reclamados por la parte actora a fojas 24 y fijándolos en las sumas precedentemente establecidas.

15) Límite de la cobertura

Por razones de economía y buen orden, corresponde abordar conjuntamente los agravios formulados por las citadas en garantía respecto de la extensión de la cobertura asegurativa.

En lo sustancial, ambas empresas cuestionan la extensión de la condena conforme a la cobertura vigente al momento del efectivo pago y sostienen: (i) que deben respetarse los límites establecidos en las respectivas pólizas; (ii) que resulta inaplicable el precedente "Martínez c/ Boito", por tratarse de seguros voluntarios de responsabilidad civil por mala praxis médica; y (iii) que la solución adoptada contradice la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la oponibilidad de los límites de cobertura.

El Progreso Seguros S.A. agrega que la sentencia omitió analizar específicamente su póliza y, subsidiariamente, solicita la aplicación del límite previsto por la Resolución 551/24 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Paraná S.A. de Seguros, por su parte, pretende que su obligación quede limitada a la suma de $100.000 establecida en la póliza Nº 16.729.

En cuanto a la extensión de la cobertura dispuesta en la sentencia, adelanto que los agravios no pueden ser de recibo. No resulta razonable mantener inalterados los límites nominales originalmente pactados frente a las variaciones económicas operadas durante los más de veintitrés años transcurridos desde el hecho (20/05/2003), circunstancia que resulta de público y notorio conocimiento.

Lo contrario importaría mantener esos límites frente a una realidad económica sustancialmente diferente de la existente al tiempo de la celebración de los respectivos contratos, con aptitud para vulnerar la equivalencia de las prestaciones y desnaturalizar la finalidad del vínculo asegurativo.

Desde esta perspectiva, la adecuación de los límites dispuesta en este caso no importa desconocer los términos de las pólizas ni ampliar el riesgo originariamente asumido por las aseguradoras, sino evitar que la aplicación puramente nominal de los límites pactados, en un contexto económico sustancialmente diferente, desnaturalice el contenido económico de las coberturas contratadas.

En palabras similares, se ha sostenido, específicamente en materia de responsabilidad profesional médica, que "las expresiones 'hasta el límite de la garantía', 'en la medida del seguro' o 'en el límite de la cobertura' contratada no deben ser entendidas como un congelamiento perpetuo de la importancia económica del riesgo asegurado en la suma nominal fijada en la póliza (...) mantener aquel tope en el marco de una situación económica diferente puede frustrar o desvirtuar el sinalagma contractual como consecuencia del proceso inflacionario, resultando razonable efectuar un nuevo análisis del límite de cobertura mediante el cotejo de la reparación a la fecha del hecho con la realidad económica actual" (CC0002 SM 82469 23 S 13/02/2025, "Vasinger María Imelda y otros c/ Sanatorio General Sarmiento Clínica Privada S.R.L. s/ Daños y Perjuicios", Sumario Juba B2005916. En el mismo sentido: CC0100 SN 2486 S 12/12/2023, "Prinzio, Rosa Elizabeth c/ Manfredi, Oscar Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios", Sumario Juba B862370).

No obsta a esta conclusión que la Sra. Magistrada de grado haya acudido al precedente "Martínez c/ Boito" ni que nos encontremos frente a seguros voluntarios de responsabilidad civil médica. La solución adoptada no importa trasladar al caso el régimen propio del seguro automotor, sino atender a los fundamentos desarrollados en aquel precedente en cuanto resultan aplicables para preservar, con criterio de actualidad, el valor económico de la cobertura originariamente contratada.

La objeción vinculada con el análisis particular de cada una de las pólizas tampoco conduce a una conclusión diferente. Véase que de la pericia contable y demás presentaciones efectuadas por el Sr. Perito Contador José Joaquín Ministro Chumbinho (ver fojas 666/667, 710 y 737), apreciadas de conformidad con las reglas de la sana crítica (artículo 384 del CPCC), surge que la póliza Nº 16.729 de Paraná S.A. de Seguros establecía un límite de cobertura de $100.000 por acontecimiento, mientras que la correspondiente a El Progreso contemplaba igualmente una suma asegurada de $100.000 por evento.

Tales importes, frente a los más de veintitrés años transcurridos desde el hecho, evidencian la sustancial pérdida de significación económica experimentada por las coberturas originariamente contratadas. Nótese, a modo ilustrativo, que el límite de $100.000 previsto en ambas coberturas equivalía, al momento del fallecimiento, a más de sesenta ingresos mensuales de la víctima (ver copia obrante a fojas 8 de estos actuados y asimismo copia de fojas 10 de la causa número 16.075).

Lo expuesto no importa desconocer la oponibilidad del límite de cobertura ni apartarse de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto, sino determinar el alcance que corresponde reconocer a dicho límite en las particulares circunstancias del caso, frente al prolongado tiempo transcurrido y a la consecuente depreciación de la suma asegurada (en sentido similar: Cámara Nacional Civil, Sala J, "Varela, Elías y otros c/ Rophe S.A. y otros s/ Daños y Perjuicios", expediente N° 47.086/2019, sentencia del 18/06/2026).

Por iguales razones, no corresponde limitar la obligación de Paraná S.A. de Seguros a aquella suma nominal ni adoptar el límite previsto por la Resolución 551/24 invocada por El Progreso Seguros S.A., toda vez que ninguno de dichos argumentos tiene entidad suficiente para desvirtuar los fundamentos que justifican, en este caso, la adecuación de las coberturas conforme al criterio establecido en la sentencia de grado.

Por ello, encuentro razonable la solución adoptada en cuanto dispuso que la extensión de la condena a las citadas en garantía comprenda, para el caso de muerte, "la mayor suma que se encuentre prevista y vigente a la fecha del efectivo pago", pues permite preservar el valor económico de la garantía contratada, sin desconocer el límite convenido ni ampliar el riesgo asumido por las aseguradoras (argumento artículos 16, 17, 28, 31 y concordantes de la CN, argumento artículos 1197, 1198 y concordantes del Código Civil, argumento artículos 61, 109, 118 y concordantes de la ley 17.418 y argumento artículos 163, 263, 384, 456, 473, 474, 484 y concordantes del CPCC).

En consecuencia, corresponde el rechazo de los agravios y la confirmación de lo decidido sobre este aspecto.

16) Condena contra el demandado fallecido

Los actores cuestionan que la sentencia haya condenado al profesional demandado pese a haber fallecido durante el proceso, omitiendo dirigir la condena contra sus herederos, quienes acreditaron tal calidad e intervinieron en autos como continuadores del causante.

Entienden que ello torna parcialmente nulo el pronunciamiento y genera dificultades para su ejecución, solicitando que la condena recaiga contra las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, en su carácter de herederos del Dr. Víctor Mario Bagú.

Nuestro ordenamiento procesal dispone que, ante el fallecimiento de la parte que actuare personalmente, deberá suspenderse la tramitación y citarse a sus herederos a fin de que continúen interviniendo en la causa (artículo 43 del CPCC).

De esta manera, se produce una sustitución procesal por causa de muerte, en virtud de la cual los herederos pasan a ocupar la posición procesal del causante, sin que ello importe retrotraer el trámite cumplido. En este sentido, se ha señalado que el heredero "adquiere la calidad de parte de su antecesor, no pudiendo retrotraer los procedimientos ya cumplidos, ni desconocer las actuaciones realizadas por aquél" (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado, Bs. As., Astrea, 2006, p. 64).

Una vez acreditada su condición e incorporados al proceso, la causa continúa con su intervención y la eventual sentencia condenatoria deberá dirigirse contra ellos en tal carácter y no contra la persona fallecida.

La legislación sustancial vigente al momento del fallecimiento del demandado dispone que la muerte de una persona produce la apertura de su sucesión y la transmisión de la herencia a las personas llamadas a sucederle, comprendiendo los derechos y obligaciones del causante, con excepción de aquellos que se extinguen por su fallecimiento (argumento artículos 2277, 2280 y concordantes del CCCN).

Tratándose de una obligación transmisible, los herederos suceden al causante en la relación jurídica sustancial y, una vez incorporados al proceso, ocupan también su posición procesal. En las presentes se encuentra acreditado que el demandado falleció durante la sustanciación del proceso y que sus herederos declarados, las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, fueron oportunamente incorporados y continuaron actuando en tal carácter.

En cuanto a la nulidad esgrimida en los agravios, estimo que no puede ser de recibo. Si bien asiste razón a los recurrentes respecto de los sujetos contra quienes, como sucesores del causante, debió dirigirse el pronunciamiento, no se advierte que dicha circunstancia haya provocado un estado de indefensión o menoscabado el ejercicio de sus derechos, desde que el defecto puede ser subsanado haciendo recaer la condena sobre los herederos declarados, en tal carácter, por lo que no existe fundamento que justifique la nulidad pretendida.

Por lo tanto, corresponde hacer lugar parcialmente a los agravios y modificar el pronunciamiento en cuanto condena al Dr. Víctor Mario Bagú, disponiendo que la condena recaiga sobre sus herederos declarados, las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, en tal carácter y con los alcances de ley (argumento artículos 2277, 2280, 2337 y concordantes del CCCN y argumento artículos 43, 169, 172, 253 y concordantes del CPCC).

17) Costas de primera instancia y de Alzada

17.a) Sanatorio Bernal S.R.L. cuestiona la imposición de las costas decidida en la instancia de origen, por considerar que la revocación de la sentencia debe alcanzar también a dicho aspecto.

El agravio no puede prosperar. La modificación parcial del pronunciamiento respecto del daño psicológico no altera sustancialmente la condición de vencidos de los demandados, desde que se mantiene la atribución de responsabilidad y la procedencia sustancial de la pretensión resarcitoria.

Por ello, se debe confirmar la imposición de las costas de primera instancia (argumento artículo 68 del CPCC).

17.b) En cuanto a las costas devengadas en esta segunda instancia, deberá atenderse al resultado obtenido por las partes en sus respectivos recursos.

En su mérito, más allá de la recepción parcial de los agravios en lo atinente al daño psicológico, teniendo en cuenta que se mantienen la atribución de responsabilidad, los restantes aspectos sustanciales de la condena y la extensión de las coberturas asegurativas, las costas de la Alzada deberán imponerse a los demandados y citadas en garantía en su condición de sustancialmente vencidos (argumento artículo 68 del CPCC).

18) Intereses

Sanatorio Bernal S.R.L. objeta la tasa de interés establecida, por considerar que la revocación de la sentencia debe alcanzar también a dicho accesorio.

La Sra. Magistrada de grado dispuso, de conformidad con la doctrina legal emanada de la SCBA, que los capitales reconocidos devengaran intereses desde la fecha del hecho (20/05/2003) a una tasa del 6% anual hasta el dictado de la sentencia y, a partir de entonces, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires hasta el efectivo pago.

El agravio se sustenta exclusivamente en la pretendida revocación de la condena y no contiene una crítica autónoma respecto del régimen establecido.

En tal virtud, mantenida la condena con las modificaciones precedentemente dispuestas, corresponde desestimar la queja.

Sin perjuicio de ello, como las sumas reconocidas en esta instancia en concepto de gastos de tratamiento psicológico han sido estimadas a valores actuales, corresponde adecuar el régimen de intereses aplicable a dichos importes. En consecuencia, devengarán intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho (20/05/2003) hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días.

Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por la parte actora y por el coactor Sr. Juan Manuel Comas, modificando la sentencia apelada en cuanto a la condena respecto del Dr. Víctor Mario Bagú, debiendo entenderse que ésta recae sobre sus herederos declarados, las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, en tal carácter y con los alcances de ley.

Asimismo, propiciaré que se haga lugar parcialmente a los recursos interpuestos por Paraná S.A. de Seguros, Sanatorio Bernal S.R.L., El Progreso + Astro Cía. de Seguros S.A. y los sucesores del Dr. Víctor Mario Bagú, dejando sin efecto las indemnizaciones reconocidas en concepto de daño psicológico y admitiendo únicamente los gastos de tratamiento psicológico en las sumas establecidas precedentemente.

En todo lo demás que ha sido materia de agravio, corresponde confirmar el pronunciamiento apelado.

Las costas de primera instancia se confirman y las correspondientes a esta Alzada se imponen a los demandados y citadas en garantía en su condición de sustancialmente vencidos (artículo 68 del CPCC).

En consecuencia, a la primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA NEGATIVA.

A la misma cuestión el Dr. De Rosa, por iguales fundamentos, VOTA EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

Tal como ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos, modificar la sentencia apelada en los términos precedentemente establecidos, confirmarla en todo lo demás que ha sido materia de agravio, incluida la imposición de las costas de primera instancia, e imponer las correspondientes a esta Alzada a los demandados y citadas en garantía en su condición de sustancialmente vencidos (artículo 68 del CPCC).

A la segunda cuestión planteada el Sr. Juez Doctor Diego De Rosa, por las mismas razones, adhiere al voto precedente.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A:

1) Hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por la parte actora y por el coactor, Sr. Juan Manuel Comas y modificar la sentencia apelada en cuanto a la condena respecto del Dr. Víctor Mario Bagú, debiendo entenderse que ésta recae sobre sus herederos declarados, las Sras. Ana María Bagú y Ana María Paterno y el Sr. Mariano Víctor Bagú, en tal carácter y con los alcances de ley.

2) Hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por Paraná S.A. de Seguros, Sanatorio Bernal S.R.L., El Progreso + Astro Cía. de Seguros S.A. y los sucesores del Dr. Víctor Mario Bagú, dejando sin efecto las indemnizaciones reconocidas en concepto de daño psicológico y admitiendo únicamente los gastos de tratamiento psicológico, los que se fijan en las sumas de: (i) $3.000.000 para la Sra. Margarita Andrea Quinteros, (ii) $2.250.000 para la Sra. Alejandra Beatriz Quinteros, (iii) $4.000.000 para la Sra. Gabriela Natalia Quinteros, (iv) $2.250.000 para la Sra. Marina Leonor Quinteros y (v) $2.250.000 para el Sr. Luis Humberto Quinteros.

3) En atención a la modificación introducida respecto de los gastos de tratamiento psicológico, readecuar el régimen de intereses aplicable a dichas sumas, estableciendo que devengarán intereses a una tasa del 6% anual desde la fecha del hecho (20/05/2003) hasta el dictado de la presente sentencia y, a partir de entonces y hasta el efectivo pago, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires para sus depósitos a treinta días.

4) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que ha sido materia de agravio.

5) Confirmar la imposición de las costas de primera instancia e imponer las correspondientes a esta Alzada a los demandados y citadas en garantía en su condición de sustancialmente vencidos.

6) Diferir la regulación de honorarios de esta instancia para su oportunidad.

7) Tener presente la reserva del caso federal.

8) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente a los domicilios electrónicos de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior –o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese– a aquel en que hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (artículos 10 y 13 del Acuerdo 4013, texto ordenado por el Acuerdo 4039 de la SCBA).