En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo ordinario los Sres. jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Dres. Diego DE ROSA, Gonzalo A. LÓPEZ CARDOSO y el Juez Subrogante Dr. Edgardo Pablo MOLINS, con la presencia de la Sra. secretaria, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa N° 32485 caratulada "SALINAS HECTOR HUGO C/ CLUB SOCIAL DE QUILMES S/ ACCION DECLARATIVA (TRAM. SUMARISIMO)". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes 

CUESTIONES:

  1ra.) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

  2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley (art. 263 última parte del CPCC) dio el siguiente orden de votación: Doctores Diego De Rosa, Gonzalo A. López Cardoso y Edgardo Pablo Molins.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR DIEGO DE ROSA DIJO:

1) Han sido remitidos los presentes a este Tribunal a fin de analizar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 6 de Julio de 2026 contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de grado con fecha 30 de Junio de 2026, mediante la cual se desestima la demanda de Acción Declarativa impetrada por HÉCTOR HUGO SALINAS contra CLUB SOCIAL DE QUILMES ASOCIACION CIVIL SIN FINES DE LUCRO.

Finalmente impuso las costas del proceso en el orden causado (Art. 68 del CPCC).

1.1) Fundado el recurso mediante el memorial presentado con fecha 15 de julio de 2026, y sustanciado en legal forma, el mismo no fue contestado por la parte demandada Club Social Quilmes dándosele por decaído el derecho dejado de usar.

1.2) Atento el estado de autos, con fecha 02/09/2026 se llamó autos para dictar sentencia mediante providencia que se encuentra firme, todo lo cual posibilita el dictado del presente pronunciamiento (art. 263 CPCC).

2) Agravios de la parte actora

En su presentación recursiva, a la cual cabe remitirse brevitatis causae, la parte actora centra sus quejas, en los siguientes puntuales aspectos:

2.1) Primer Agravio - Falta de mención de la expulsión en la contestación de demanda

Alega que "…la parte demandada en su escrito de contestación de demanda, no ha expresado que a este actor se lo expulsó…", ni "…hace referencia que ello se resolvió conforme acta 35 de fecha 2/10/2019…", por lo que "…la sentencia no se ajusta a la exposición de los hechos relatados en la contestación de la demanda…". 

Sostiene que …"la sentencia se aparta de los hechos, y da un alcance erróneo, arbitrario y agraviante a dicha prueba (acta 35 de fecha 2/10/2019) para rechazar la acción…" y que "…agravia la sentencia al considerar que la demanda se tornó abstracta por haber sido resuelta con anterioridad la cuestión disciplinaria…". 

Añade que "…en la misma sentencia se da por cierto que el actor nunca ha tenido conocimiento de la resolución tomada por la demandada, ya que esta nunca notificó al actor…", lo que — concluye — "…no es ni más ni menos que reconocer expresamente que al momento de iniciar la demanda la acción disciplinaria estaba inconclusa y por lo tanto prescripta…".

2.2) Segundo Agravio - Prueba documental e instrumental (Acta 35)

Que "…la sentencia agravia cuando da por reconocido el instrumento (acta 35 de fecha 2/10/2019) aportada por la demandada, la cual niego categóricamente en su contenido y autenticidad…". 

A ello aduna que "…el Sr. Juez de primera instancia, al dar por válido tal instrumento, violó los arts. 354 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial", toda vez que "la copia del Acta 35 de fecha 2/10/2019 no se encuentra certificada por escribano pues en la misma no obra atestación ni se relaciona con la intervención notarial…". 

Que "…al demandado no le cabe la carga de negar o reconocer la autenticidad de un documento cuya confección no se le atribuye…", siendo que "…la demandada debió valerse de otras pruebas para valerse del citada acta (arts. 354 y 375 del CPCC)…". 

Que "…cuando se lo solicitó por el Juzgado acompañar el original, no lo hizo, y se le dio por perdido el derecho (ver providencias de fecha 21-12-23, 29-12-23, 3-6-24, 25-6-24 y 5-8-24)…", concluyendo que "…la sentencia en tal sentido es agraviante, y ajena a derecho…".

2.3) Tercer Agravio - Prescripción al momento de contestar demanda / Doble instancia

Que "…el procedimiento disciplinario no se ejerció conforme lo determina el art. 180 del CCyCN, la acción disciplinaria al momento de ser contestada la demanda se encontraba prescripta, por cuanto al no haber sido notificada con anterioridad a contestar demanda, el procedimiento disciplinario estaba sin concluir, pues nunca se abrió en el plazo legal la etapa recursiva…". Concluye que, al tiempo de promoverse la demanda, el estado de incertidumbre jurídica respecto de la relación asociativa subsistía, dado que el proceso disciplinario seguía sin resolución firme ni ejecutoriada, y por ello la acción disciplinaria se encontraba prescripta.

2.4) Cuarto Agravio - Inacción de la demandada por falta de notificación

Que "...El juez mediante un erróneo enfoque, no involucro en su razonamiento ambas instancias del procedimiento disciplinario que debieron ser analizados en forma global, sujetos a una interpretación armónica, lo cual deriva a un incorrecto computo de la prescripción de la acción disciplinaria...".

2.5) Quinto Agravio - Error sobre el objeto del proceso

Que "...Se equivoca el Sr. Juez al considerar que esta demanda tiene por objeto la prescripción de la medida de suspensión... esta demanda tiene por objeto la prescripción de la acción disciplinaria. el objeto de la demanda es un todo, es toda la acción disciplinaria, constituida por las dos etapas...".

2.6) Sexto Agravio - Teoría de los propios actos

Que "...Haber ocultado la demandada lo resuelto por la comisión directiva, por el simple hecho de no notificar al actor, nos conduce necesariamente a que la Institución accionada sea calificada como de mala fe, por ocultamiento de la sanción por falta de notificación, la que debió haber sucedido antes de que se conteste la demanda, pues no fue un simple descuido...".

2.7) Séptimo Agravio - Sentencia incongruente y arbitraria

Que "...El sentenciante equivoca el objeto de la demanda, que es la prescripción de la acción disciplinaria (el todo) y resuelve sobre la base de una media precautoria... la sentencia valida el ocultamiento de la notificación, cuando ese proceder da a lugar a que la sentencia vulnere su derecho de defensa...".

2.8) Octavo Agravio - Incongruencia entre los hechos de la demanda y la defensa de la demandada

En relación con ello, la parte apelante sostiene que: “…La acción es por la prescripción del proceso disciplinario (...) La sentencia entiende que la acción de prescripción va dirigida contra la suspensión preventiva, y en razón que la accionada expulsó al actor, la cuestión devino abstracta. Claro está que la sentencia es incongruente porque no consideró que la demanda tiene por objeto la prescripción de la acción disciplinaria iniciada por el club contra este actor, y esa acción es un proceso en un todo, es único, y que para el actor nunca concluyó porque tomó conocimiento al contestarse la demanda…”

2.9) Noveno - Falta de apertura de la vía recursiva

Que el apelante manifiesta que la sentencia le causa agravio al considerar abstracto el tratamiento de la prescripción, pues “…la sanción que nunca adquirió firmeza ni quedo ejecutoriada, pues al momento de la toma de conocimiento de la sanción, la acción disciplinaria que nunca concluyo, ya estaba prescrita…”. Asimismo, sostiene que “…del estatuto social del club social Quilmes, no se encuentra reglamentada la vía recursiva ante la Asamblea…” y que el juez omitió considerar dicha circunstancia

2.10) Décimo agravio – Falta de agotamiento de la vía interna y afectación del derecho de defensa.

Que el apelante, por último, manifiesta que la sentencia agravió su derecho a recurrir la sanción, pues “…la sanción de expulsión no se encuentra a la fecha de inicio de demanda ni consentida ni ejecutoriada. por lo tanto inconclusa y alcanzada por la prescripción…”. 

Sostiene que la sentencia erró al considerar que existió un cambio fáctico de suspensión a expulsión, ya que “…dicha circunstancia es imputable a la accionada, quien actuó de modo omiso al no notificar al actor de la sanción de expulsión…”, y que “…lo que se solicito es la prescripción de la acción disciplinaria…”. Finalmente, afirma que “…la notificación tardía impidió que el procedimiento disciplinario concluya pues se privó al actor a recurrir la sanción de expulsión…”

3) Tratamiento de agravios

PUESTO A RESOLVER, comienzo recordando que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina:  Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, pág. 825).

En su mérito, no habré de seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto. 

3.1) Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. pág. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.).

3.2) Abordando la cuestión traída a revisión, cabe recordar que esta Sala ha sostenido que la acción meramente declarativa tiende a obtener un "acertamento", esto es, a suprimir un estado de incertidumbre acerca de un derecho o una situación de hecho o jurídica. Remover aquello que “actualmente” pone en duda la existencia, eficacia, la modalidad, la oponibilidad o interpretación de una determinada y concreta relación o estado jurídico. (el destacado me pertenece)

Dicha acción, en este marco, persigue y se limita a un simple pronunciamiento sobre una materia de hecho o de derecho que no produce efectos constitutivos ni de condena, y su característica fundamental radica en que la mera declaración de certeza resulta suficiente para satisfacer el interés jurídico de quien la promueve (conf. esta Sala, causa N° 30346, "Sanz Carlos Alberto c/ Club Social de Quilmes s/ Acción declarativa (tram. sumarísimo)", sent. del 23/09/2025; cfr. CC0001 QL 7899 RSD-37-5, S 25/04/2005, "Bordatto, Nancy Débora c/ González y Siso Longueira, Andrés y otros s/ Acción Declarativa", voto del Dr. Celesia).

3.3) Merece agregarse a ello, que este tipo proceso ha sido previsto como una acción subsidiaria, por lo que su admisibilidad supone la inexistencia de otro medio legal que permita ponerle fin al estado de incertidumbre que la motiva.

En línea con ello, se ha sostenido que: "…La acción meramente declarativa que la ley ritual prevé no supone la previa evaluación del grado de ventaja que la misma significa frente a otras alternativas procesales, sino que para su procedencia requiere la configuración de los extremos establecidos puntualmente por el legislador en la norma citada, entre los que se encuentra la residualidad de la legitimación activa, por la que si el interesado contara con otro medio legal que le procurara la cancelación inmediata de las causas generadoras de esa situación de falta de certeza, a aquéllas, ha de ocurrir y no a la mera declarativa…" (cfr. CC0100 SN 10059, RSD-52-11, "Bocco Carlos Alberto s/ Acción declarativa", sentencia del 03/05/2011).

3.4) Ahora bien, a los recaudos reseñados corresponde añadir otro de igual jerarquía, cual es que la incertidumbre que habilita esta vía revista carácter actual. En tal sentido, se ha sostenido que existe un "caso" que autoriza la intervención jurisdiccional cuando concurre un estado de incertidumbre sobre la existencia y modalidad de una relación jurídica respecto de la cual se ha producido la totalidad de los hechos concernientes a su configuración, de modo que la controversia resulta actual y concreta (conf. args. CC0203 LP 107883 RSD-58 S 13/04/2007, "L., J. A. c/ A., C. A. y otros s/ Acción declarativa").

De ello se sigue que, despejada la duda que motivó la promoción de la acción, el pronunciamiento requerido no reportaría beneficio alguno a quien lo solicita (arg. art. 322 del CPCC).

3.5) Sentado ello, y desde tal perspectiva, corresponde examinar e interrogarse si al tiempo de promoverse la demanda existía el estado de incertidumbre invocado por el accionante en su tercer agravio (ver ut supra pto. 2.3). 

Adelanto, desde ya, que, conforme a los argumentos traídos y precedentemente transcriptos, considero que la respuesta es negativa, compartiendo el criterio adoptado por el sentenciante de grado, dado que, compenetrado en el planteo recursivo, aprecio que no resulta predicable acudir a esta vía para intentar concluir una situación respecto de la cual no existe incertidumbre actual.

3.5.1) En efecto, el Sr. Salinas promovió la presente acción en el año 2022 con el objeto de que se declare prescripta la acción disciplinaria iniciada en sede social en su contra, en cuyo marco se dispuso inicialmente como medida cautelar: su suspensión como socio a partir del 20 de septiembre de 2016. 

Fundó su pretensión judicial, en lo sustancial, en que aquel sumario nunca había sido resuelto y en que el tiempo transcurrido había operado la prescripción de la potestad disciplinaria de la entidad.

3.5.2) Sin embargo, de la documental acompañada por la contraria al contestar la demanda (ver presentación de fecha 29/12/2022) surge que, con fecha 2 de octubre de 2019 —esto es, con anterioridad a la promoción de estas actuaciones—, la Comisión Directiva del Club Social de Quilmes resolvió expulsar al actor de la institución, conforme se desprende del Acta N° 35, cuyo punto 1.G consigna: "…Sr. Hugo Salinas, comunicar por carta documento expulsión a partir de la fecha…”. Por lo demás, y contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la demandada invocó expresamente en su responde la expulsión dispuesta mediante dicha Acta.

3.5.3) Cabe destacar, asimismo, que el accionante no impugnó oportunamente dicha documental, toda vez que contestó en forma extemporánea el traslado conferido (tal como luce a fs. 31), razón por la cual no resulta admisible su cuestionamiento en esta instancia. (art. 272 del CPCC).

No es ocioso señalar en tal dirección que fue el propio accionante quien requirió la declaración de la cuestión de puro derecho (ver acta de audiencia preliminar de fecha 9/6/2023).

A mayor abundamiento, y en respuesta a lo alegado por el recurrente en su segundo agravio (ver ut supra pto. 2.2), no obsta a tal conclusión lo argüido por el recurrente en torno al valor probatorio del Acta N° 35 (art. 354 inc. 1 del CPCC) y a la falta de presentación de su original. Ello así, por cuanto, ante la omisión de la demandada de acompañarlo, se dispuso que únicamente quedaría excluida de valoración aquella documentación que careciera de la nitidez necesaria para su lectura (ver providencia de fecha 05/08/2024), supuesto en el que no se encuentra el Acta N° 35.

3.5.4) A ello se añade que el propio apelante construye sus agravios sobre la base de la decisión expulsiva que ahora cuestiona: afirma haber tomado conocimiento de ella al contestarse la demanda, sostiene que el procedimiento disciplinario se inició con una suspensión y "se siguió con la expulsión", e incluso solicita que ésta se deje sin efecto por haber sido dictada cuando la acción ya se encontraba prescripta. Tal postura resulta, pues, incompatible con el desconocimiento de la existencia misma de dicha decisión.

3.6) Así las cosas, entiendo que con la reconocida decisión expulsiva adoptada en el seno de la institución, plasmada en el Acta N° 35, concluyó el procedimiento disciplinario seguido contra el actor, y la suspensión cautelar sobre la que versaba la pretensión declarativa perdió toda virtualidad. De tal modo, al tiempo de incoarse esta acción, la situación que el actor pretendía esclarecer ya se encontraba definida por la propia entidad, circunstancia que sella la suerte adversa de la vía intentada (art. 322 del CPCC).

3.7) Frente a ello, los agravios del recurrente no logran conmover la solución adoptada en la instancia de origen.

Sin perjuicio de que lo expuesto resulta suficiente para desestimar el recurso bajo tratamiento, se estima pertinente agregar las siguientes consideraciones:

3.7.1) En primer término, no puede prosperar el argumento según el cual la prescripción de la acción disciplinaria operaría con independencia de la expulsión dispuesta. Es que la prescripción invocada se refería a la potestad del Club de resolver el sumario e imponer una sanción; y dicha potestad fue ejercida el 2/10/2019, con anterioridad a la promoción de la demanda. No existía, por tanto, potestad alguna pendiente de prescribir.

3.7.2) En segundo lugar, las alegaciones vinculadas con la ausencia de previsión estatutaria de la vía recursiva, la falta de apertura de la instancia revisora ante la asamblea y la ausencia de firmeza o ejecutoriedad de la sanción (art. 180 del CCyC) atañen a la regularidad y eficacia de esa decisión —cuestión que excede el marco de esta causa—, mas no a su existencia, que es lo que aquí determina la falta de incertidumbre actual. La acción declarativa, en este contexto, no constituye vía sucedánea de impugnación de decisiones asamblearias.

3.8) Tampoco modifica la solución propiciada la alegada falta de notificación fehaciente de la expulsión. 

De la aludida Acta N° 35 se desprende que la Comisión Directiva adoptó la decisión expulsiva y dispuso, como paso ulterior, su comunicación al actor (punto 1.G). 

De allí que, aun de admitirse que dicha comunicación no se concretó en debida forma, ello no privaría de existencia a la decisión ya adoptada ni reabriría el procedimiento disciplinario que con ella concluyó.

Costas

3.9) Por último, en referencia al agravio referido en el punto 2.7) a la imposición de costas en el orden causado, cabe señalar que no se advierte la incongruencia que el recurrente atribuye al pronunciamiento.

Se aprecia en tal sentido que, como bien señaló el sentenciante de grado, el fundamento explicitado para distribuir las costas en el orden causado en modo alguno importa reconocer razón al actor en cuanto al fondo de la cuestión, ni se vincula con la ausencia de incertidumbre que determinó el rechazo de la demanda. Por ello, no estimando de arribo los argumentos traídos por el recurrente en esta parcela, corresponde confirmar lo decidido en la instancia de origen. (art. 68, 2° párr. del CPCC).

3.10) En consecuencia, estimo que corresponde rechazar el recurso incoado, debiendo confirmarse la sentencia apelada de fecha 30/06/2026.

4) Costas de Alzada

Las costas de alzada deberán ser impuestas en el orden causado, atento la falta de contradictorio (art. 68, 2do. párr. del CPCC). 

En consecuencia, al primer interrogante planteado y por las razones expresadas, doy mi voto por la AFIRMATIVA.

  A la misma primera cuestión, los Dres. Gonzalo A. López Cardoso y Edgardo Pablo Molins VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR DIEGO DE ROSA DIJO: 

Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde:

1°) Rechazar el recurso interpuesto el día 06/07/2026 por la parte actora, Sr. Héctor Hugo Salinas, confirmando la sentencia de primera instancia dictada el día 30 de junio de 2026;

2°) Imponer las costas de Alzada en el orden causado, atento a la falta de contradictorio (art. 68, segundo párrafo, CPCC).

ASÍ LO VOTO

A la misma segunda cuestión, por compartir los mismos fundamentos, los Dres. Gonzalo A. López Cardoso y Edgardo Pablo Molins, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que terminó el Acuerdo firmando los Señores Jueces en forma digital (arts. 1, apartado b.1.1. de la Res. 10/20 y 1, 2 y 4 de la Res. 18/20 ambas de la SCBA.).

En la ciudad de Quilmes,

SENTENCIA:

AUTOS Y VISTOS: CONSIDERANDO: Que en el acuerdo que precede ha quedado resuelto que la sentencia apelada se ajusta a derecho.

FALLO:

1°) Se rechaza el recurso interpuesto el día 06/07/2026 por la parte actora, Sr. Héctor Hugo Salinas, confirmando la sentencia de primera instancia dictada el día 30 de junio de 2026;

2°) Se imponen las costas de Alzada en el orden causado, atento a la falta de contradictorio (art. 68, segundo párrafo, CPCC).

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (art. 11, Reglamento para la notificación por medios electrónicos, Ac., SCBA. 3845/17 modif. por Ac. 3991/20). Oportunamente, DEVUÉLVASE.