En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada con los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso, Diego De Rosa y el magistrado subrogante, Edgardo Pablo Molíns, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "RODRIGUEZ ROMINA GISELLE C/ GUIDO GUIDI SA Y OTRO/A S/DAÑOS Y PERJ. INCUMP. CONTRACTUAL (EXC. ESTADO)" , causa Nº 32608.     

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del CPCC, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso, Dr. Diego De Rosa y Dr. Edgardo Pablo Molíns.

LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1°) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2°) ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

1) Antecedentes

Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver la apelación interpuesta por Volkswagen Argentina S.A. contra la sentencia definitiva dictada el 21/10/2025.

La Sra. magistrada de grado hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios promovida por la Sra. Romina Giselle Rodríguez contra Guido Guidi S.A. y Volkswagen Argentina S.A. y las condenó a abonar $13.061.112, comprensivos de (i) $5.000.000 por daño moral, (ii) $1.000.000 por daño emergente y (iii) $7.061.112 por daño punitivo.

En materia de intereses, declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad del artículo 7 de la ley 23.928 –según ley 25.561–, fijó la indemnización a valores actuales y adicionó al capital una tasa pura del 6% anual desde el hecho lesivo –18/03/2013– hasta la sentencia, disponiendo que, en caso de falta de pago dentro del plazo allí establecido, el capital se actualice conforme al Índice de Precios al Consumidor publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

Impuso las costas a las demandadas y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.

En la demanda la actora manifestó que el 01/03/2011 adquirió en la concesionaria Guido Guidi S.A. un vehículo Volkswagen Suran, dominio JLP-097 y que durante el período de garantía comenzó a presentar diversos desperfectos mecánicos. 

Desde el 06/02/2012 debió ingresarlo reiteradamente al servicio técnico por el encendido del testigo de avería, ruidos, filtraciones de agua y problemas en el freno de mano, sin que las sucesivas reparaciones solucionaran definitivamente los inconvenientes.

El 04/02/2013 lo ingresó nuevamente por un fuerte zumbido y vibraciones en la caja de cambios, permaneciendo allí hasta el 12/03/2013 y persistiendo la falla luego de su retiro. El 18/03/2013, mientras circulaba con su familia, la caja de cambios se rompió, por lo que el vehículo fue nuevamente llevado al servicio técnico el 26/03/2013 y devuelto el 28/03/2013, presuntamente reparado y sin constancia de los trabajos efectuados.

Atribuyó los perjuicios reclamados al fabricante y al vendedor, como integrantes de la cadena de comercialización, por el incumplimiento de los deberes de seguridad y reparación a su cargo.

Reclamó daños y perjuicios por la suma de $255.592, o lo que en más o en menos resultara de la prueba, con más intereses, costos y costas.  

2) Agravios de la parte demandada (Volkswagen Argentina S.A.)

La accionada centró sus críticas en el escrito presentado el 11/12/2025.

2.1) Primer agravio. Solidaridad y legitimación pasiva

Cuestiona la responsabilidad solidaria atribuida a Volkswagen Argentina S.A. y el rechazo de la falta de legitimación pasiva. 

Afirma que no intervino en la compraventa celebrada entre la actora y Guido Guidi S.A. y que el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor no permite responsabilizarla automáticamente por actos propios del concesionario. 

Solicita que se admita la defensa o, subsidiariamente, que la responsabilidad recaiga sobre la concesionaria.

2.2) Segundo agravio. Valoración de la prueba en lo atinente al cumplimiento de la garantía

Objeta la valoración de la prueba relativa al cumplimiento de la garantía. Considera que cumplió sus obligaciones al poner a disposición la red oficial de servicio postventa y suministrar las piezas necesarias, siendo la eficacia de las reparaciones responsabilidad del concesionario. 

Agrega que no se acreditó un defecto de fabricación irreparable o estructural y pide ser eximida de responsabilidad.

2.3) Tercer agravio. Daño moral

Se agravia del daño moral fijado en $5.000.000 frente a los $52.500 reclamados. 

Considera que no se acreditó una lesión espiritual que exceda las molestias derivadas de las reparaciones y solicita el rechazo del rubro o su reducción.

2.4) Cuarto agravio. Daño emergente

Impugna el daño emergente fijado en $1.000.000 frente a los $5.892 reclamados. 

Afirma que los gastos corresponden al mantenimiento y accesorios ordinarios del vehículo, por lo que no resultan indemnizables ni habilitan la estimación prevista en el artículo 165 del CPCC. Solicita el rechazo del rubro o su reducción a lo reclamado y probado.

2.5) Quinto agravio. Daño punitivo

Critica el daño punitivo fijado en $7.061.112 por ausencia de dolo, culpa grave o grave menosprecio hacia la consumidora y de un beneficio indebido para la fabricante. 

Objeta, además, su cuantía y la utilización de Canastas Básicas Totales para determinarla. 

Solicita su revocación o reducción.

2.6) Sexto agravio. Inconstitucionalidad decretada, intereses y actualización 

Se queja de la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y la actualización por IPC, por considerar que vulnera la prohibición de indexar y, al aplicarse sobre valores actuales junto con una tasa pura del 6% anual desde el hecho, produce una doble recomposición.

Solicita dejar sin efecto la actualización o, subsidiariamente, aplicar una tasa judicial sobre valores históricos o, de mantenerse los actuales, computar la tasa pura desde la sentencia.

3) Contestación de agravios

El memorial fue contestado por la actora el 28/12/2025. 4) Arribados a este tribunal de alzada, con fecha 22/09/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia que ha adquirido firmeza, lo cual habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).

5) Tratamiento de los agravios

PUESTO A RESOLVER, corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino únicamente aquellas que resulten conducentes para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi–Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 825).

Del mismo modo, tampoco deben ponderar todas las pruebas producidas, sino aquellas que estimen apropiadas para resolver el conflicto (CSJN, Fallos 274:113; 144:611), inclinándose por las que produzcan mayor convicción en concordancia con los restantes elementos de mérito de la causa.

Constituye una atribución propia de la magistratura, en el marco del deber de dictar sentencias razonablemente fundadas (argumento artículos 1, 2, 3 y concordantes del CCCN), aplicar el derecho y efectuar la calificación jurídica de los hechos alegados y controvertidos (SCBA LP C 122523 S, 10/07/2019, Sumario Juba B 26424; Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Sta. Fe, Rubinzal–Culzoni, 2014, t. X, p. 180/181).

Arriba incontrovertido a esta instancia que el 01/03/2011 la Sra. Romina Giselle Rodríguez adquirió en la concesionaria demandada Guido Guidi S.A. un vehículo cero kilómetro marca Volkswagen, modelo Suran, dominio JLP-097, y que durante el período de garantía ingresó reiteradamente al taller de la concesionaria por diversos desperfectos.

En cambio, a tenor de los agravios postulados, subsiste controversia en torno a: (i) la legitimación pasiva de Volkswagen Argentina S.A. y el alcance de su responsabilidad como fabricante; (ii) la procedencia y cuantificación del daño moral; (iii) la procedencia y cuantificación del daño emergente; (iv) la procedencia y cuantificación del daño punitivo; y (v) los intereses y el mecanismo de actualización.

5.a) Falta de legitimación pasiva

En primer lugar, corresponde tratar los agravios vinculados con la falta de legitimación pasiva opuesta por Volkswagen Argentina S.A.

La falta de legitimación para obrar encuentra su fundamento en la imposibilidad de quien interviene o es llamado al proceso de ser parte por no ser titular del derecho cuya tutela jurídica se reclama. Debe distinguirse de la representación procesal, pues, mientras ésta supone la actuación en juicio por cuenta de otro, la legitimación exige que quien demanda o es demandado tenga aptitud para intervenir respecto de un derecho propio que lo vincule directamente con la relación jurídica debatida (Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1998, t. VI, p. 96 y ss. y 132 y ss.).

Corresponde determinar si la referida empresa, en su carácter de fabricante del vehículo de marras, se encuentra legitimada para ser demandada y, eventualmente, resultar alcanzada por la sentencia, tal como se resolvió en la anterior instancia.

Analizadas las actuaciones, adelanto que no le asiste razón a la apelante.

Ello es así, pues la ajenidad que invoca sobre la base de no haber intervenido en la operación de compraventa del vehículo carece de sustento jurídico suficiente para desvincularla de los alcances del pronunciamiento condenatorio. En efecto, la responsabilidad solidaria que le ha sido atribuida encuentra sustento en lo dispuesto por el artículo 40 de la ley 24.240, en cuanto incluye al fabricante entre los sujetos responsables por los daños ocasionados por el vicio o riesgo de la cosa o de la prestación del servicio.

Nótese que se encuentran acreditados los reiterados ingresos del vehículo al servicio de postventa de la concesionaria demandada durante la vigencia de la garantía. Al respecto, la pericia mecánica a cargo del ingeniero Guillermo Fernando Vitullo, valorada conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 384 del CPCC), dio cuenta de nueve preórdenes de reparación y seis ingresos al servicio por fallas, destacando que el encendido de la luz "check engine" se reiteró en seis oportunidades y que la falla inicial no fue solucionada o, en su defecto, fue sucedida por otras averías.

El experto precisó que, a partir del 04/02/2013, comenzaron a manifestarse zumbidos y vibraciones en la caja de velocidades que persistieron luego de su paso por el taller y culminaron con su rotura mientras el vehículo circulaba por una autopista. Añadió el ingreso de agua por la puerta del acompañante y ruidos al accionar el freno de mano, y entendió inadmisibles las fallas de la caja para un vehículo de tan escasa antigüedad y kilometraje, destacando que su rotura generó un episodio de extrema peligrosidad para sus ocupantes y terceros.

De este modo, quedó demostrado que el vehículo fabricado por Volkswagen Argentina S.A. presentó diversos desperfectos durante la vigencia de la garantía y que las reiteradas intervenciones del servicio de postventa de su concesionario oficial no lograron brindar una solución satisfactoria.

A ello puede agregarse que quien fabrica e introduce en el mercado un bien durable de tal naturaleza debe ofrecerlo en condiciones aptas para su correcto funcionamiento y asegurar, durante la vigencia de la garantía y aun después de su vencimiento, un servicio técnico adecuado, pues quien adquiere un vehículo y recurre posteriormente a la red oficial de la marca deposita razonablemente su confianza en la profesionalidad y especialización de quienes intervienen en su fabricación, comercialización y reparación.

De allí que Volkswagen Argentina S.A. no pueda quedar excluida de la responsabilidad derivada de los desperfectos presentados por el vehículo que fabricó ni de las reparaciones insatisfactorias efectuadas por su concesionario oficial en cumplimiento de aquella garantía, respecto de la cual el propio ordenamiento establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que integran la cadena de comercialización (argumento artículos 11, 12, 13, 19, 20, 23, 40 y concordantes de la ley 24.240).

Al respecto, nuestro Superior Tribunal ha señalado que "las empresas deberían tener un mayor conocimiento que los consumidores del producto que venden (...) y, en base a ese conocimiento y calidad de lo que ofrecen, asegurar al consumidor un nivel de calidad del producto para que no tenga que transitar un recorrido sesgado de obstáculos (...) para obtener una cosa en óptimas condiciones. Vale decir, el ofrecimiento de una determinada marca en un auto 0 kilómetro lleva ínsito una promesa de calidad, en relación al alto costo del producto" (SCBA, C. 115.486, "Capaccioni, Roberto Luis c/ Patagonia Motor S.A. y BMW de Argentina S.A. Infracción a la Ley del Consumidor", sentencia del 30/09/2014).

Nada obsta para arribar a tales conclusiones la circunstancia de que las reparaciones hayan sido materialmente realizadas por la concesionaria y no directamente por el fabricante. Ello responde, en todo caso, a la organización interna de funciones entre quienes integran la cadena de comercialización y no puede ser opuesto al consumidor, quien permanece ajeno al modo en que las empresas han distribuido entre sí las obligaciones asumidas para la venta y atención en garantía del rodado.

Aceptar la postura de la recurrente importaría, por un lado, trasladar al consumidor las consecuencias del modo en que fabricante y concesionario organizaron sus respectivas funciones y, por el otro, admitir que el fabricante quede eximido de responder tanto por los desperfectos presentados por el bien que introdujo en el mercado como por las reparaciones insatisfactorias efectuadas por el concesionario durante la vigencia de la garantía. Y tal solución resulta incompatible con el régimen protectorio aplicable.

Por consiguiente, Volkswagen Argentina S.A., en su carácter de fabricante del automotor que presentó los desperfectos comprobados, se encuentra legitimada para ser demandada y resulta alcanzada por el régimen de responsabilidad solidaria previsto para un reclamo resarcitorio como el de marras, por lo que la sola circunstancia de no haber intervenido directamente en la compraventa no basta para excluirla de la responsabilidad que le ha sido atribuida (argumento artículo 40 de la ley 24.240).

"La responsabilidad que se deriva del daño causado al consumidor por el riesgo o vicio propio de la cosa, halla reconocimiento expreso en la LDC 40, que dispone la solidaridad, en lo que aquí interesa, entre el fabricante y el vendedor. Es que sin duda la quejosa detenta en esta relación la calidad de fabricante y, en tanto no hay ninguna prueba de la que pueda inferirse que la causa del daño le resulte ajena (...) las deficiencias parecieran obedecer a cuestiones que se presentaron desde la fabricación, lo que corrobora su responsabilidad frente al consumidor" (Cámara Nacional Comercial, Sala F, "Alonso Adriana Elena y otros c/ Armoraut S.A. y otro s/ ordinario", expediente COM 12727/2021, sentencia del 31/07/2023).

En consecuencia, corresponde rechazar el agravio vertido al respecto.

5.b) Valoración de la prueba. Cumplimiento de la garantía

Se agravia de la valoración de la prueba vinculada con el cumplimiento de la garantía, al considerar que cumplió las obligaciones a su cargo y que la eventual ineficacia de las reparaciones resulta imputable exclusivamente al concesionario.

Adelanto que el agravio no puede ser admitido.

El fabricante participa del sistema de comercialización y se beneficia de la actividad desarrollada a través de la red de concesionarios mediante la cual coloca sus productos en el mercado, por lo que la circunstancia de que, conforme a su organización empresarial, el servicio técnico sea prestado materialmente por aquéllos no lo exime de la responsabilidad que legalmente le corresponde. En otras palabras, haber puesto a disposición del adquirente una red oficial de postventa no basta para excluir su responsabilidad cuando las reparaciones efectuadas resultaron insatisfactorias.

De ello se sigue que, a la luz de las circunstancias acreditadas, ni las reparaciones efectuadas por el concesionario oficial ni el alegado suministro de las piezas necesarias por parte del fabricante resultan suficientes para liberar a Volkswagen Argentina S.A. de la responsabilidad solidaria que le corresponde frente a un reclamo resarcitorio como el de marras. Las consecuencias derivadas de la organización adoptada para la prestación del servicio no pueden ser trasladadas al consumidor, máxime cuando las intervenciones realizadas no lograron solucionar adecuadamente los desperfectos verificados (argumento artículos 11, 12, 13, 17, 40 y concordantes de la ley 24.240).

Tampoco merece favorable recepción lo señalado en torno a la falta de acreditación de un defecto de fabricación irreparable o estructural, desde que, tal como se indicara, en la especie lo relevante es que el vehículo presentó diversos desperfectos y que, pese a las reiteradas intervenciones del servicio técnico oficial, aquéllos persistieron.

A ello se suma que, dadas las características y entidad del bien de que se trata, su condición de vehículo cero kilómetro y la profesionalidad que ostentan tanto el fabricante como el concesionario oficial, pesa sobre quienes lo introducen y comercializan en el mercado el deber de ofrecer un producto en condiciones adecuadas para su correcto funcionamiento y de brindar una respuesta eficaz frente a las fallas que puedan presentarse.

Una solución distinta no sólo resultaría incompatible con el régimen protectorio y el principio de buena fe que rigen especialmente en las relaciones de consumo, sino que adquiriría especial gravedad cuando los desperfectos, como ocurrió finalmente con la caja de velocidades, resulten susceptibles de comprometer la seguridad del adquirente y de terceros (argumento artículo 42 de la Constitución Nacional y argumento artículos 5, 11, 12, 13, 17, 40 y concordantes de la ley 24.240).

En lo atinente a la valoración de la prueba, es sabido que, particularmente en los procesos de conocimiento, la fuerza probatoria para acreditar los hechos se construye a partir de una apreciación razonada e integral de los elementos incorporados a la causa, complementada, en su caso, con las presunciones judiciales pertinentes (argumento artículo 163 del CPCC).

En el caso no se advierte que la Sra. jueza de grado se haya apartado de las reglas de la lógica, de las máximas de experiencia o que hubiera efectuado una valoración irrazonable de las probanzas producidas (Fenochietto, Carlos Eduardo, Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, comentado, anotado y concordado, Bs. As., Astrea, 2006, p. 451/452).

Por el contrario, los reiterados ingresos del vehículo al servicio técnico oficial, la persistencia de los desperfectos y las conclusiones de la pericia mecánica anteriormente examinadas brindan suficiente sustento a lo decidido en la anterior instancia. El pronunciamiento apelado aparece así como una derivación razonada de los hechos acreditados y de las pruebas producidas, sustentada en una apreciación integral y coherente del plexo probatorio y del régimen jurídico aplicable (argumento artículos 34, 36, 163, 384, 474 y concordantes del CPCC).

En consecuencia, corresponde rechazar el agravio también en este aspecto.

5.c) Daño moral

La demandada entiende que no se acreditó una lesión espiritual que exceda las molestias derivadas de las reparaciones y solicita el rechazo del rubro o, subsidiariamente, su reducción.

El daño moral "es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la persona, insusceptible de apreciación pecuniaria. Consiste en el desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agraviada, o los padecimientos físicos, el dolor, las inquietudes o cualquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial" (Llambías, Jorge J., Manual de Derecho Civil. Obligaciones, Bs. As., Abeledo–Perrot, 1998, p. 102).

Si bien históricamente la doctrina y la jurisprudencia sostuvieron, en materia contractual, un criterio restrictivo para la apreciación de su procedencia, la evolución experimentada a partir de la sanción de la ley 24.240 y de la incorporación del artículo 42 de la Constitución Nacional condujo, con acierto, a admitir su reparación en el marco de las relaciones de consumo, flexibilizando los criterios para su reconocimiento (en el mismo sentido: CC0001 LM 213 RSD-25-S, 09/09/2004, Sumario Juba B3350686, entre otros).

Para la procedencia del rubro no corresponde exigir una prueba específica. Lo importante es que las circunstancias objetivas acreditadas en la causa permitan a la magistratura, mediante una apreciación razonada de la prueba y conforme a las reglas de la experiencia, concluir que el incumplimiento verificado resulta idóneo para provocar el menoscabo espiritual cuya reparación se persigue (en sentido similar, esta Sala, RS-93-2024, sentencia de fecha 28/11/2024; RS-127-2026, sentencia de fecha 14/07/2026).

Las constancias del expediente permiten concluir que los reiterados desperfectos presentados por el vehículo cero kilómetro adquirido, la frustración de las razonables expectativas depositadas en un bien de tales características, las sucesivas intervenciones del servicio técnico que no lograron brindar una solución adecuada, la persistencia de las fallas y, finalmente, la rotura de la caja de velocidades en las circunstancias anteriormente descriptas tuvieron entidad suficiente para provocar una lesión en los sentimientos de la actora y configurar un daño extrapatrimonial susceptible de reparación.

Los incumplimientos y demás extremos comprobados han excedido ampliamente una mera molestia o simple incomodidad, pues frustraron la confianza legítimamente depositada por la actora en empresas de las que, por su profesionalidad y especialización, razonablemente debía esperar una respuesta adecuada frente a los desperfectos presentados por el vehículo adquirido.

Los sucesivos ingresos al servicio técnico, la persistencia de las fallas, la posterior rotura de la caja de velocidades, el tránsito por la vía administrativa y, finalmente, la necesidad de promover este proceso judicial, con las vicisitudes que ello conlleva, para obtener el reconocimiento de sus derechos constituyen circunstancias idóneas para provocar una tribulación anímica con significación jurídica y, por consiguiente, un menoscabo espiritual de entidad suficiente para configurar un daño moral resarcible.

Atendiendo a lo expuesto y a la incidencia que todo ello tuvo sobre la tranquilidad espiritual de la actora, provocándole incertidumbre, desasosiego y frustración frente a las reiteradas fallas del vehículo y la falta de una solución adecuada, estimo que el monto fijado en la anterior instancia resulta razonable y ajustado a las particularidades del caso y a las pautas de prudencia judicial (argumento artículos 40, 53 y concordantes de la ley 24.240, argumento artículo 1741 y concordantes del CCCN y argumento artículos 163, 165 y concordantes del CPCC).

En consecuencia, corresponde desestimar el agravio formulado sobre este aspecto.

5.d) Daño emergente

Cuestiona el daño emergente fijado en $1.000.000 frente a los $5.892 reclamados, correspondientes a servicios de mantenimiento, polarizado y grabado de cristales, por considerar que se trata de gastos ordinarios a cargo del propietario y no de erogaciones resarcibles derivadas de los desperfectos del vehículo. 

Solicita el rechazo del rubro o, subsidiariamente, su reducción a lo reclamado y probado.

El daño emergente se configura por la pérdida o disminución patrimonial efectivamente sufrida como consecuencia del hecho dañoso, por lo que su procedencia exige acreditar tanto la existencia del menoscabo como su vinculación causal con aquél (argumento artículos 1738, 1739 y concordantes del CCCN). A su turno, la facultad estimatoria prevista por el artículo 165 del CPCC permite determinar prudencialmente la cuantía de un perjuicio cuya existencia se encuentre comprobada, pero no suplir la falta de prueba acerca del daño mismo.

El agravio, en este aspecto, ha de prosperar. Ello por cuanto, más allá de la facultad que la norma citada confiere a la magistratura, lo cierto es que en el caso no se encuentra probado que la actora hubiera efectuado gasto alguno como consecuencia de los desperfectos presentados por el vehículo.

Por el contrario, se advierte un desajuste entre el fundamento utilizado para reconocer el rubro y el contenido de la prueba documental invocada en su sustento. En efecto, de las facturas emitidas por el concesionario oficial se desprende que las sumas abonadas correspondieron a servicios de mantenimiento, polarizado y grabado de cristales, es decir, a erogaciones propias del uso y conservación del vehículo que no guardan relación causal con las fallas objeto de autos.

De tal modo, la documental acompañada no sólo resulta insuficiente para acreditar el daño emergente reconocido, sino que evidencia que los gastos allí consignados obedecieron a conceptos ajenos a los desperfectos comprobados.

En consecuencia, corresponde revocar esta parcela del fallo y dejar sin efecto la indemnización reconocida en concepto de daño emergente.

5.e) Daño punitivo

Cuestiona el daño punitivo fijado en $7.061.112 por no haberse acreditado, a su respecto, dolo, culpa grave, grave menosprecio hacia la consumidora ni beneficio indebido. Objeta su cuantía y el uso de Canastas Básicas Totales para determinarlo. Pide su revocación y, en subsidio, su reducción.

El daño punitivo ha sido definido como las "sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro" (Pizarro, Ramón D., Derecho de Daños, Bs. As., La Rocca, 1993, 2ª parte, p. 291).

Al respecto se ha señalado que, aun cuando el artículo 52 "bis" de la ley 24.240 aluda al incumplimiento de las obligaciones legales o contractuales del proveedor, la doctrina y la jurisprudencia mayoritarias coinciden en que la multa civil sólo procede frente a incumplimientos de particular gravedad (CC0102 MP, "Machinandiarena Hernández c/ Telefónica de Argentina", sentencia del 27/05/2009, Reg. 257-S; Stiglitz, Rubén S. y Pizarro, Ramón D., "Reformas a la ley de defensa del consumidor", LL 2009-B, 949).

Esta sanción persigue una finalidad esencialmente preventiva y represiva, procurando disuadir la reiteración de conductas similares y sancionar al proveedor cuya conducta revele un grave apartamiento de los deberes impuestos por el ordenamiento jurídico (Conclusión n.° 4, Comisión n.° 4, XXVII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, Santa Fe, 2019).

Bajo tales premisas, en el caso de autos se consideran reunidos los presupuestos necesarios para la procedencia del daño punitivo, razón por la cual el agravio dirigido contra este aspecto no es de recibo.

Las empresas accionadas omitieron brindar una respuesta adecuada y oportuna ante los reiterados reclamos formulados, obligando a la actora, luego de numerosas reclamaciones, a promover este juicio para obtener el reconocimiento de sus derechos. Dicha inoperancia y desaprensión frente a los sucesivos planteos de la consumidora, sin procurar una solución eficaz y definitiva a los desperfectos del vehículo, pueden apreciarse, de acuerdo con las particularidades de la causa, como un destrato comercial incompatible con los deberes que deben imperar en las relaciones de consumo, máxime si se ponderan el especial estándar de tutela de sus derechos, las características, el precio y la naturaleza del bien adquirido, así como la razonable expectativa de que un vehículo de tales condiciones funcione adecuadamente.

Tal conducta evidencia un grave desinterés por los derechos de la consumidora, excede ampliamente un simple incumplimiento y justifica la imposición de una sanción ejemplificadora y disuasiva (argumento artículos 8 "bis" y 52 "bis" de la ley 24.240).

Establecida la procedencia del daño punitivo, corresponde señalar que la determinación de su cuantía queda librada al prudente arbitrio de la magistratura, que debe ponderar la gravedad de la conducta desplegada y las particulares circunstancias del caso.

"A los efectos de determinar el quantum de la multa, no puede perderse de vista la función de este instituto: sancionatoria y disuasoria. Entonces, no corresponde evaluar el daño punitivo como una compensación extra hacia el consumidor afectado o como una especie de daño moral agravado. Antes bien, debe ponderarse muy especialmente la conducta del proveedor, su particular situación, la malignidad de su comportamiento, el impacto social que la conducta sancionada tenga o pueda tener, el riesgo o amenaza para otros potenciales consumidores, el grado de inmoralidad de la conducta reprochada y el de desprecio por los derechos del consumidor afectado, como antes se señaló" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala F, "Borbea, Ana María y otro c/ Guido Guidi S.A. y otro s/ ordinario", expediente N° COM 9019/2020, sentencia del 26/09/2025).

Desde esa perspectiva y limitado el análisis al marco de los agravios traídos a esta instancia, considero que el monto fijado en la sentencia apelada resulta adecuado y proporcionado a la gravedad de los incumplimientos verificados. Igual suerte adversa le cabe al cuestionamiento dirigido al empleo de Canastas Básicas Totales para su determinación, desde que se trata de un parámetro expresamente contemplado por el artículo 47 "inciso b" de la ley 24.240, al que remite el artículo 52 "bis", y cuya aplicación en el caso no conduce a un resultado irrazonable ni desproporcionado.

En consecuencia, propondré rechazar los agravios vertidos al respecto y confirmar esta parcela del fallo (argumento artículo 42 de la Constitución Nacional y argumento artículos 47 "inciso b", 52 "bis" y concordantes de la ley 24.240).

5.f) Inconstitucionalidad, intereses y actualización

Cuestiona la inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928 y la actualización por IPC, por entender que, junto con la tasa pura del 6% anual sobre valores actuales, generan una doble recomposición. Solicita dejar sin efecto la actualización o, en subsidio, modificar la tasa aplicada.

El agravio no puede prosperar.

La Sra. jueza anterior fijó la indemnización a valores actuales y dispuso la aplicación de una tasa pura del 6% anual desde el hecho lesivo hasta la fecha de la sentencia, conforme la doctrina legal establecida por nuestro Superior Tribunal en las causas "Vera" y "Nidera". Asimismo, con fundamento en la doctrina emanada de "Barrios", declaró la inconstitucionalidad sobreviniente del artículo 7 de la ley 23.928 y estableció que, en caso de incumplimiento de la condena dentro del plazo fijado, el capital se actualice conforme al Índice de Precios al Consumidor.

Esta Sala, en su anterior integración y en criterio que se comparte, ha sostenido que la doctrina legal de la Suprema Corte, aun cuando no resulte directamente vinculante, lo es indirectamente a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto corresponde a dicho Tribunal mantener la unidad de la jurisprudencia bonaerense, sin que ello implique un seguimiento irreflexivo de sus precedentes ni menoscabe el deber de los jueces de fallar conforme a su ciencia y conciencia, quienes pueden dejar a salvo, en su caso, su opinión personal (causa 26.048, RR 202/2023 I, sentencia del 06/06/2023, Sumario Juba B5087243).

Tampoco se verifica la doble recomposición invocada. La determinación de los rubros a valores actuales contempla la depreciación monetaria producida hasta la fecha de la sentencia, mientras que la tasa pura del 6% anual aplicada desde el hecho hasta ese momento se encuentra despojada de todo componente destinado a compensar la pérdida del valor de la moneda. A su vez, la actualización por IPC sólo ha sido prevista para el período posterior a la sentencia y para el supuesto de incumplimiento de la condena dentro del plazo establecido.

De tal modo, los mecanismos dispuestos operan sobre períodos diferenciados y responden a finalidades distintas, sin que se advierta la superposición alegada por la recurrente.

En consecuencia, corresponde rechazar los agravios vertidos sobre el particular y confirmar esta parcela del fallo.

Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por Volkswagen Argentina S.A., revocar la sentencia apelada únicamente en cuanto reconoció la suma de $1.000.000 en concepto de daño emergente, cuya indemnización se deja sin efecto, y reducir, en consecuencia, el capital total de condena de $13.061.112 a $12.061.112, confirmándola en todo lo demás que decide, con costas de Alzada a Volkswagen Argentina S.A. por resultar sustancialmente vencida (argumento artículo 68 del CPCC).

En consecuencia, a la primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión los Dres. De Rosa y Molíns, por los mismos fundamentos, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por Volkswagen Argentina S.A., revocar la sentencia apelada únicamente en cuanto reconoció la suma de $1.000.000 en concepto de daño emergente, cuya indemnización se deja sin efecto, y reducir, en consecuencia, el capital total de condena a $12.061.112, confirmándola en todo lo demás que decide, con costas de Alzada a Volkswagen Argentina S.A. por resultar sustancialmente vencida (argumento artículo 68 del CPCC).

A la segunda cuestión planteada los Sres. jueces, Dres. Diego De Rosa y Edgardo Pablo Molíns, por las mismas razones, adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por Volkswagen Argentina S.A. y, en consecuencia, revocar la sentencia apelada únicamente en cuanto reconoció la suma de $1.000.000 en concepto de daño emergente, cuya indemnización se deja sin efecto, reduciéndose el capital total de condena a $12.061.112.

2) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide.

3) Imponer las costas de Alzada a Volkswagen Argentina S.A. por resultar sustancialmente vencida (argumento artículo 68 del CPCC).

4) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal pertinente.

5) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE mediante la remisión de copia digital de la presente al domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior, o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere, a aquel en que hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (artículo 11 del Reglamento para la Notificación por Medios Electrónicos, Ac. SCBA 3845/17, modificado por Acuerdo 3991/20). Oportunamente, DEVUÉLVASE.-