En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo ordinario los Sres. jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Dres. Diego DE ROSA, Gonzalo A. LÓPEZ CARDOSO y Edgardo Pablo MOLINS, con la presencia de la Sra. Secretaria se trajo a despacho para dictar sentencia la causa Nº 31998 caratulada "QUIROS OCHOA RENE ALBERTO C/ EXPRESO VILLA GALICIA SAN JOSE SA LINEA DE COLECTIVOS 263 Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Excelentísima Cámara resolvió votar las siguientes 

CUESTIONES:

  1ra.) ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

  2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley (art. 263 última parte del CPCC) dio el siguiente orden de votación: Doctores Diego De Rosa, Gonzalo A. López Cardoso y Edgardo Pablo Molins.

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR DIEGO DE ROSA DIJO:

1) Han sido remitidos los presentes a este Tribunal a fin de analizar y resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora el 26 de Mayo de 2026 contra la sentencia dictada por el Sr. Juez de grado con fecha 18 de Mayo de 2026, mediante la cual rechazara la demanda por daños y perjuicios promovida oportunamente por el Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa e impusiera las costas del proceso a su cargo por resultar vencido (Art. 68 del CPCC).

1.2) Radicadas las actuaciones en el Tribunal, y llamada a expresar agravios la parte recurrente, la misma lo hizo a través del escrito de fecha 12/06/2026,  el que mereció replica de la contraria el día 23/06/2026.

1.3) Atento el estado de autos, con fecha 04 de Agosto de 2026 se llamó autos para dictar sentencia mediante providencia que se encuentra firme, todo lo cual posibilita el dictado del presente pronunciamiento (art. 263 CPCC).

2) Agravios de la parte actora

En su presentación recursiva, a la cual cabe remitirse brevitatis causae, la parte disconforme centra sus quejas, en los siguientes puntuales aspectos:

2.1) Primer Agravio 

Que "....El razonamiento del sentenciante resulta jurídicamente contradictorio y configura una errónea aplicación del régimen de responsabilidad objetiva expresamente reconocido en el propio fallo...".

Que "...Asimismo, tiene por reconocido y acreditado el carácter de pasajero del actor; la ocurrencia de la caída dentro del colectivo; la existencia de una relación de consumo; y la obligación de seguridad que pesa sobre la empresa transportista...".

Que "...Sin embargo, pese a todo ello, termina rechazando la acción por considerar que esta parte no acreditó un obrar reprochable del conductor consistente en un “frenado brusco”...".

Que "...Tal conclusión importa desnaturalizar completamente el régimen objetivo aplicable al caso, trasladando indebidamente a la víctima la carga de acreditar la culpa del chofer, extremo jurídicamente irrelevante bajo el sistema de responsabilidad objetiva expresamente reconocido por el propio judicante...".

Que "...En los supuestos de daños sufridos por pasajeros durante el transporte, acreditado el contrato de transporte, la caída dentro de la unidad y el daño padecido, pesa sobre la transportista la carga de demostrar la ruptura del nexo causal mediante la acreditación de culpa de la víctima, hecho de un tercero o caso fortuito, circunstancias que no han sido probadas de manera suficiente en autos...".

Que "...La sentencia incurre en una evidente contradicción lógica al afirmar, por un lado, que la demandada debía acreditar la eximente y, por otro, exigirle al actor prueba acabada de la mecánica exacta del accidente y de la culpa del conductor...".

Que "....No existe en autos prueba objetiva alguna que permita concluir que la conducta del actor constituyó la causa exclusiva del daño, ni que el hecho haya obedecido a circunstancias ajenas al riesgo propio del transporte...".

Que "...Por el contrario, la propia caída del pasajero dentro de la unidad durante el viaje constituye materialización típica del riesgo creado por la actividad desplegada por la empresa transportista, encontrándose plenamente operativa la obligación de conducir al pasajero sano y salvo a destino...".

Que "...El sentenciante descalifica arbitrariamente la prueba pericial e informativa producida, afirmando dogmáticamente que carecen de utilidad probatoria, sin desarrollar fundamentación concreta que permita comprender las razones de dicha conclusión, vulnerando el deber de motivación suficiente de las sentencias judiciales...".

Que "...En consecuencia, corresponde revocar el decisorio apelado, teniendo por acreditada la responsabilidad de la demandada en virtud del régimen objetivo aplicable al transporte público de pasajeros, con expresa imposición de costas...".

2.2) Segundo agravio

Que la sentencia también la agravia en tanto "... pese a reconocer expresamente la existencia de una relación de consumo entre el actor y la empresa transportista, omite aplicar las consecuencias jurídicas derivadas del régimen protectorio previsto en la Ley 24.240 y en el artículo 42 de la Constitución Nacional...".

Que "...Al momento de valorar la prueba y distribuir las cargas probatorias, el sentenciante prescinde absolutamente de los principios protectorios que informan dicha normativa, efectuando una interpretación restrictiva y desfavorable al consumidor...".

Que "...Particularmente, se omite considerar que en materia consumeril rige el principio “favor debilis”, así como el deber de interpretación más favorable al consumidor...". 

Que "...La demandada se encontraba objetivamente en mejores condiciones técnicas, operativas y probatorias para acreditar la mecánica del hecho y eventualmente demostrar la ruptura del nexo causal, pudiendo incluso haber acompañado registros fílmicos, reportes internos, GPS de la unidad, pericias técnicas o cualquier otro elemento idóneo que corroborara su versión exculpatoria...".

Que "...Lejos de ello, la accionada se limitó a aportar la declaración de un chofer dependiente de la propia empresa, testimonio insuficiente para desvirtuar la responsabilidad objetiva derivada de la obligación de seguridad...".

Que "...La sentencia termina así invirtiendo indebidamente la carga de la prueba en perjuicio del consumidor damnificado, exigiéndole acreditar extremos que, bajo el régimen consumeril y de responsabilidad objetiva aplicable, correspondían a la empresa demandada....".

Que "...Tal razonamiento importa una clara vulneración de los principios protectores que inspiran el derecho del consumidor y desnaturaliza el estándar de tutela reforzada que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a los usuarios del servicio público de transporte...".

Que "...Corresponde revocar la sentencia apelada, haciendo efectiva la responsabilidad de la demandada conforme el régimen protectorio consumeril y la obligación de seguridad incumplida..."

2.3) Tercer agravio

Que "...El fallo fundamenta el rechazo de la acción apoyándose de forma exclusiva y dogmática en los dichos del Sr. Víctor Hugo Fernández, chofer de la unidad...".

Que "...El propio magistrado reconoce en el texto de la sentencia que dicho testigo es el chofer dependiente de la empresa demandada y conductor de la unidad al momento del hecho...".

Que "...Si bien el juzgador cita formalmente la doctrina legal de esta Excma. Cámara respecto a que los dichos de los dependientes deben ser examinados con el 'máximo rigor, severidad y estrictez'..., en la práctica hace exactamente lo contrario porque toma la versión de la persona que conducía, es decir el colectivo como una verdad absoluta e incontestable...".

Que "...Da por probada la supuesta eximente ('hecho de la víctima'...) únicamente con la declaración unilateral, interesada y sin control de otros testigos del propio chofer causante del daño...".

Que "...La demandada no aportó pericias, ni filmaciones, ni declaraciones de pasajeros ajenos que corroboraran que el actor "se tambaleaba"...".

Que "...La somnolencia no es caso fortuito...".

Que "...Encontrarse somnoliento, cansado o dormido en un transporte público urbano a las 16:00 hs jamás puede revestir las características de imprevisibilidad e inevitabilidad requeridas...para quebrar el nexo causal...".

Que "...El pasajero paga un boleto y tiene derecho a viajar en el estado biológico en que se encuentre...".

Que "...Elevar la "somnolencia" a hecho de la víctima interruptivo del nexo causal, sin ninguna otra prueba objetiva, viola las reglas de la sana crítica...".

2.4) Cuarto agravio

Que "...Incurre la sentencia en un vicio de fundamentación aparente y absurdo procesal al etiquetar en bloque a la totalidad de las pruebas periciales producidas en la causa como 'carentes de utilidad a los fines probatorios del accidente'...".

Que "...El juzgador despachó el trabajo científico de cuatro peritos de oficio desnaturalizando el objeto de la prueba pericial: el objeto de la pericia...".

Que "...El objeto de la pericia no es relatar de forma testimonial el hecho, sino dictaminar la correlación científica entre el trauma y el daño...".

Que sobre la Pericia Mecánica "....El experto determinó de forma categórica en su respuesta al Punto 4 que: “El accidente como lo relata la parte actora es de factible ocurrencia. Validó desde las leyes de la física que una alteración brusca en la marcha de un ómnibus posee la entidad inercial necesaria para lanzar a un pasajero de la última fila contra el guardabarros interno...”.

Que "...Si el hecho es físicamente factible y la caída está admitida por las demandadas, el nexo causal se encuentra científicamente probado...".

Que sobre la Pericia Psicológica "...La psicóloga hizo lo científicamente correcto: administró la batería de test... y detectó indicadores de posible organicidad y rotación de figuras en el Test de Bender que indican una lesión cerebral por el traumatismo de cráneo...".

Que "...En la técnica neuropsicológica del 'Reloj a la orden' el suscrito obtuvo apenas 2 puntos sobre un mínimo de 6, lo que determina la existencia de un deterioro cognitivo real. Asimismo determinó que en el Test Desiderativo el peritado presenta fallas en la comprensión por compromiso cognitivo traumático...".

Que "...Lo que el juez interpretó como una 'conducta somnolienta previa', los test de la Corte demostraron que es la secuela neurológica y traumática directa del grave traumatismo de cráneo...".

Que "...Confirmó que el discurso del actor es 'coherente y verosímil', descartando simulación...".

Que apoyándose en la Pericia Médica Legista rendida en la causa afirma que "...'El actor presenta secuelas físicas que son compatibles a la litis en cuestión'....".

Que "...En autos no hay pruebas de preexistencia de las lesiones'...".

Que "...La correlación causal entre la mala maniobra del conductor y el daño sufrido no es una conjetura del actor, sino una certeza científica...".

2.5) Quinto agravio

Que "...El sentenciante omitió asignarle el valor probatorio legal y tarifado a los instrumentos públicos aportados a la causa, los cuales hacen plena fe de su contenido al no haber sido redarguidos de falsos...".

Que "...En dichos instrumentos públicos consta de forma indiscutible que el suscrito ingresó de urgencia el mismo día 8 de julio de 2018 a las 17:00 hs ,es decir, de manera contemporánea e inmediata a la ocurrencia del accidente de tránsito, presentando un cuadro clínico agudo de politraumatismo, traumatismo de cráneo y herida sangrante en la región frontal que requirió la colocación de doce (12) puntos de sutura...".

Que "...El nexo temporal, espacial y fáctico entre el viaje en la unidad de la Línea 263 (conforme el registro de la tarjeta SUBE y el reconocimiento del carácter de pasajero) y la atención hospitalaria de emergencia es total, absoluto e indestructible...".

Que "...Constituye un verdadero absurdo lógico y jurídico que el juzgador ignore que ninguna persona se autoinflinge un traumatismo de cráneo con 12 puntos de sutura arriba de un colectivo por mero capricho...".

Que "...Omitir la valoración integral de estos documentos públicos para decretar con ligereza que el actor "no probó los hechos" constituye una arbitrariedad manifiesta que descalifica al fallo como acto judicial válido...".

2.6) Sexto agravio

Que "...Se agravia esta parte por la total omisión de tratamiento de los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda y por la arbitraria imposición de costas a este trabajador accidentado...".

Que "...Al haber rechazado la demanda bajo un fundamento absurdo y contra legem, el magistrado de primera instancia dejó sin tratar ni cuantificar los severos daños sufridos por el Sr. Quirós Ochoa, conculcando el principio de reparación plena..."

Que "...Proceda a determinar y cuantificar los rubros de la cuenta indemnizatoria plenamente acreditados:..."

Que por la Incapacidad Física y Psíquica Sobreviviente: "...Solicito a V.E. que proceda a calcular este rubro aplicando las fórmulas matemáticas de capitalización de rentas vigentes...tomando como base la edad del actor al momento del hecho (45 años), sus ingresos estimados como oficial albañil independiente y el 23,9% de Incapacidad Total, Parcial y Permanente (con aplicación de la fórmula de capacidad restante) determinado de forma científica e incontrovertible por el perito médico legista oficial...".

Que por los Gastos de Tratamiento Médico Futuro: "...Reclamo de forma autónoma la suma determinada por el perito médico en el Punto 7 de su dictamen, destinada a costear el tratamiento especializado en dolor crónico no oncológico por el plazo de 3 meses...".

Que por el Daño Moral dice que "...El sufrimiento espiritual derivado de la lesión cortical, la vergüenza social de portar una cicatriz frontal de 10 cm visible a más de un metro que obliga al actor a ocultarse bajo una gorra, y el dolor crónico neuropático (alodinia) que altera su descanso nocturno, constituyen un agravio moral inconmensurable que debe ser resarcido con un criterio de reparación plena...".

Que por la Imposición de Costas manifiesta que "...Como consecuencia obligada de la revocación de la sentencia, solicito que se dejen sin efecto las costas impuestas a mi parte en la instancia de grado..."

 Tratamiento de agravios

3) PUESTO A RESOLVER, y, comenzando con el análisis del recurso traído a tratamiento, luego de la lectura y relectura de las actuaciones, adelanto desde ya que considero el mismo se encuentra fundado, correspondiendo que -en mi opinión- la sentencia atacada merece ser revocada, debiendo hacerse lugar a la demanda incoada, por las razones que a continuación se desarrollaran.

3.1) Para ello cabe primeramente recordar que nuestro más Alto Tribunal ha decidido que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan solo las que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225, entre otros y remarcado por destacada doctrina:  Fassi- Yánez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado, t.1, pág. 825).

En su mérito, no habré de seguir a los recurrentes en todas y cada una de sus alegaciones sino, tan solo, en aquellas que sean conducentes para decidir este conflicto. 

Asimismo, en sentido análogo, tampoco es deber del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino aquellas que estime apropiadas para resolver el caso (CSJN, Fallos: 274:113; 144:611, entre otros), razón por la cual me inclinaré por las que produzcan mayor convicción, en concordancia con los demás elementos de mérito de la causa. En otras palabras, se considerarán los hechos que Aragoneses Alonso llama jurídicamente relevantes (Proceso y Derecho Procesal, Aguilar, Madrid, 1960. pág. 791, párrafo 1527), o singularmente trascendentes, como los denomina Calamandrei (La génesis lógica de la sentencia civil, en Estudios sobre el proceso civil, págs. 369 y ss.) 

4) Por otra parte, es dable señalar que  los tribunales ordinarios de apelación, al atacarse la totalidad de lo resuelto en la instancia anterior, revierte al tribunal de alzada la totalidad de su jurisdicción, de modo que al analizar ampliamente los extremos debatidos en el caso, ejerce en forma normal la competencia apelada (CSJN 8-3-77, Fallos, v.297 pag.130, cit. por MORELLO y otros "Códigos..." t.III pag.417 art.272 ap. e). 

Con otras palabras, la Cámara asume, con motivo de la apelación interpuesta por el vencido, competencia plena sobre el material litigioso, y las cuestiones quedan sometidas a su decisión, siempre, claro está, respetando la extensión del recurso y el principio de congruencia (conf. Palacio, Lino E., "Derecho Procesal Civil", t. V, Actos procesales, pág. 465, ed. Abeledo-Perrot).

Reconocimiento del accidente ocurrido

5) Dicho ello, no puedo dejar de destacar el reconocimiento efectuado por la parte demandada y citada en garantía del carácter del accionante, Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa como pasajero transportado en el ómnibus perteneciente a la empresa demandada el incontrovertido día (8/7/2018) y lugar en que ocurrió el accidente que dio motivo al inicio de los presentes actuados. 

Ello, sin perjuicio de verificarse a lo largo del análisis de estas actuaciones ciertas citas confusas en torno a la fecha del acaecimiento del desafortunado infortunio que nos convoca (ver presentaciones de contestaciones de demanda de fecha 1/9/2021 y 25/4/2022, respectivamente, ver específicamente pto. V) Realidad de los hechos) 

Marco jurídico

5.1) En virtud de tal marco fáctico, sabido es que la responsabilidad de la empresa derivada del contrato de transporte oneroso de personas ha sido definida desde la doctrina como una obligación que asume una parte (porteador, transportista o transportador) en trasladar a otra (viajero, transportado, o pasajero), por medio de un vehículo automotor de un lugar a otro, mediante el pago de una retribución en dinero (Trigo Represas, Felix A. López Mesa, Marcelo, “Tratado de la responsabilidad”, La Ley, Bs. As., 2004, p. 214; Compagnucci de Caso, Rubén H., “Daños derivados de accidentes de automotores. Transporte oneroso de personas”, en “Los nuevos daños”, ed. Hammurabi, Bs. As., 2000, Coord. Carlos Ghersi, p. 486; Sagarna, Fernando, “El transporte civil oneroso de personas. Daños y Perjuicios”, en La Ley, 1996-D-286; Martorell, “Responsabilidad del transportador terrestre”, en Rev. de Derecho de Daños, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, Nro. 7, p. 19 y ss.).-

Lo cierto es que tiene más trascendencia la caracterización entre las denominadas “obligaciones de resultado” ya que especialmente el transportador asume el deber de transportar “sano y salvo” al viajero de un punto a otro (Salas Accdel E., “La responsabilidad en el transporte”, ed. Abeledo, Bs. As., 1963, p. 34; Acuña Anzorena, Arturo: “Transporte en ómnibus y naturaleza jurídica de la responsabilidad del porteador”, en JA. 70 - 113).-

5.1.1) La Corte Federal, en virtud de lo establecido por el entonces vigente art. 184, Cód. de Comercio ha decidido que “ ...toda vez que el transportista asume una verdadera obligación de seguridad consistente en llevar sano y salvo al pasajero hasta su lugar de destino, cualquier inconveniente que éste sufra configura, en principio, un incumplimiento de la debida prestación del transportador dando nacimiento a la responsabilidad de éste, a menos que demuestre algunos de los eximentes prescriptos legalmente...” (Fallos: 322:139; La Ley, 1999-E-454-99393; JA. 1999-IV-780).

5.1.2) Debe traerse a colación, también, que la Suprema Corte Provincial ha sostenido que el transportista asume una típica obligación de resultado, consistente en el traslado del pasajero sano y salvo a su lugar de destino. Su deber jurídico, a tenor de lo acordado en el contrato, no se limita al mero traslado; se integra, entre otros, con el inherente al resguardo de la seguridad del pasajero. En efecto, en el transporte oneroso de personas el transportista no sólo tiene el deber de no ocasionar un daño -que pesa indeterminada y genéricamente sobre todos- sino que sobre aquél recae una obligación que se extiende a la carga de realizar todas las acciones que exija la naturaleza del convenio tendientes a evitar el daño (causa C. 94.657, cit.).

El rigor de la mencionada disposición legal en cuanto a la responsabilidad del transportista de pasajeros, se funda en la idea de forzar al prestatario a extremar, entre otras cosas, las precauciones atinentes a la buena calidad, perfecto estado y funcionamiento del material rodante, la capacitación y buen desempeño del personal, así como el estricto cumplimiento de leyes y reglamentos.

De allí que el hecho de que la obligación de los transportistas sea de tipo objetivo, impone un análisis restrictivo de las causales exculpatorias previstas en tal norma, por analogía al criterio adoptado para los casos de responsabilidad objetiva previstos en el entonces vigente art. 1113 del Código Civil, hoy art. 1757 y ccdtes del CC y CN   (conf. SCBA C. 94.657, sent. del 29-XII-2008; C. 95.720, sent. del 15-IX-2010; C. 100.562, sent. del 22-XII-2010).

5.1.3) Consecuentemente, ante la falta de prueba del caso fortuito o del hecho de la víctima o de un tercero por quien no deba responder, la empresa transportista no se libera de responsabilidad por los daños ocasionados.

5.2) En definitiva, en el caso, y dado el marco jurídico trazado (teniendo presente la fecha en que se produjo el accidente: 8/7/2018), resultan específicamente aplicables al sub examine el régimen del contrato de transporte previsto en el CC y CN (ley 26.994), cuyo art. 1286 (haciéndose eco ciertamente de las conceptualizaciones doctrinarias y jurisprudenciales referidas) regula la responsabilidad del transportista por daños a las personas transportadas, y, remite a los arts. 1757 y concordantes del CC y CN, configurando un supuesto de responsabilidad objetiva.

A su vez, el art. 1289 del CC y CN impone al transportista, entre otras obligaciones, la de garantizar la seguridad del pasajero, lo que refuerza el deber de responder por los daños derivados del riesgo propio de la actividad, liberándose únicamente mediante la acreditación de una causa ajena (art. 1722 CCyCN).

Falta de acreditación de la eximente de responsabilidad

5.3) Desarrollado el marco jurídico, se advierte que -como inicialmente se anticipara- la accionada reconoció que el incuestionado día en que ocurrió el accidente, el actor Rene Alberto Quiros Ochoa revestía el carácter de pasajero, más manifestó que el desafortunado desenlace lesivo se produjo en virtud que el citado se encontraba viajando en la última hilera de asientos "...completamente dormido..." y perdió la estabilidad y cayó en el interior de la unidad, sin tener el cinturón de seguridad colocado.

Consecuentemente, atento la presunción de responsabilidad de la empresa transportadora, es la demandada quien debía acreditar la causa de su eximición (arts. 375 del CPCC y  1736 del CC y CN).

5.4) Recuérdese, que, conforme se expusiera, en el caso de transporte de personas, el pasajero debe acreditar solamente la existencia del daño y que éste se produjo mientras era transportado (art. 1744 del CC y CN). 

Dados esos dos supuestos, la ley presume que dicho daño se produjo como consecuencia del transporte siendo a cargo de la empresa transportadora demostrar que él provino de un hecho de fuerza mayor o del accionar de la víctima o de un tercero por quien no deba responder.

5.5) Repasado entonces el modo en que ha quedado planteada la cuestión, advierto que se encuentra reconocido el carácter de pasajero del accionante, y su lesión padecida por éste durante el viaje, quien fue atendido el mismo día del accidente en el Hospital Materno Infantil Dr. Eduardo Oller de la localidad San Francisco Solano -Quilmes- (ver informe agregado a tramite Augusta de fecha 13/11/2023).

Es decir, se encuentra cumplida la carga que pasaba sobre el pasajero, mientras que no estimo se encuentre configurada y probada, a diferencia de lo resuelto en la instancia anterior, la eximente de responsabilidad de "causa ajena" invocada por la parte demandada (arts. 375 del CPCC y 1722, 1729, 1730, 1731, 1736 y ccdtes del CC yCN)

El factor de atribución de la responsabilidad civil en materia de accidentes como el que nos ocupa, es indudablemente el deber de seguridad que le cabe a la empresa transportadora, por tanto, si ésta no  probó, que el accidente provino de la fuerza mayor o sucedió por culpa de la víctima o de un tercero por quien no es civilmente responsable, indefectiblemente deberá hacerse cargo de las consecuencias dañosas que se le reclaman.

5.6) Desde tales premisas, me aparto del análisis realizado por el juez de grado quien tuvo por probada tal eximente de responsabilidad acudiendo al único testigo, Sr. Victor Hugo Fernandez, ofrecido por la demandada quien, nada más ni nada menos, resultaba ser el chofer que conducía la unidad en que ocurrió el accidente, por cierto, dependiente en su entonces de la empresa demandada (ver audiencia videograbada en trámite Augusta de fecha 14/5/2024, a partir de min. 2.40 aprox.)

Tal circunstancia, si bien de por si, descalificaría su credibilidad de sus decires por considerar que se encuentran teñidos de parcialidad; reparo que efectivamente el citado testigo, a pesar de manifestar estar ya jubilado al momento de su declaración testimonial, manifestó ser el mismo conductor del vehículo en que ocurrió el accidente, reitero, dependiente en su entonces de la Empresa demandada (art. 384, 439 inc. 5, 456 y ccdtes del CPCC).

Pero aun así, si nos atenemos a sus aparentes espontáneas declaraciones, observo que el mismo relató "gesticulando" que en circunstancias inmediatas anteriores a la ocurrencia del accidente que dijo haber presenciado, realizó una suerte de maniobra atípica de tránsito (dado el especial momento que tuvo que intervenir), y, en tales circunstancias, primero, oyó una caída (la del Sr. Quiros) para luego ver por el espejo retrovisor, presumiendo que tal caída hubiera obedecido a su estado de somnoliencia y/o su condición de estar dormido (ver audiencia citada con especial detenimiento en minutos 3.41', 4.02' y 4.40' aprox, arts. 384 y 456 del CPCC) . 

5.7) En concreto, no aprecio que de tal declaración testimonial, como de ningún otro medio probatorio que surja de la causa, emerja circunstancia alguna que refiera a que el actor se encontrara sentado en la última hilera de asientos del ómnibus en que era transportado, que este a su vez se encontrara dormido (o en estado de somnolencia), y que, por no llevar colocado cinturón de seguridad, éste haya perdido su estabilidad, habiendo por tales razones sufrido el accidente que aquí nos convoca. 

6) En consecuencia, conforme a lo expuesto, luego de valoradas en su conjunto las pruebas aportadas en autos, a diferencia de lo resuelto en la anterior instancia, coincido con la parte apelante en cuanto que se encuentra demostrado la ocurrencia del accidente en la forma que lo relata el demandante, primando por tanto el incumplimiento del deber de seguridad del contrato de transporte por parte de la accionada.  

Aprecio así que de la prueba rendida, analizada bajo las reglas de la sana crítica, surge que se encuentra acreditado que el actor Quiroz en momentos de ser transportado cayó dentro del colectivo de la demandada y como consecuencia de ello se produjeron lesiones en su persona, sin que se encuentre acreditada eximente de responsabilidad alguna. 

7) En consecuencia, si mi voto es compartido, pongo a consideración de mis colegas la revocación de la sentencia apelada, proponiendo hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa, condenando a la Empresa Expreso Villa Galicia San José S.A, debiendo hacerse extensiva tal condena a la aseguradora  Mutual Rivadavia Seguros, en la medida del seguro  (art. 118 de la ley 17.418). 

8) Por lo cual, paso a analizar a continuación, en virtud de lo señalado más arriba bajo el pto. 4.1) los daños y perjuicios reclamados.

Partidas indemnizatorias

9) Establecido ello y continuando con la labor revisora propuesta, se pasan a abordar los reclamos de la parte actora según detalle expuesto en la expresión de agravios bajo el pto. VIII (ver más arriba pto. 2.6), teniendo en cuenta, por cierto, los planteos de la parte demandada, de acuerdo al siguiente orden.

Incapacidad sobreviniente

10)  Bajo el vocablo incapacidad entiendo que debe computarse a los efectos de una reparación plena: a) la lesión en sí misma como ofensa a la integridad corporal del individuo (incapacidad estrictamente física); b) el detrimento que ello produce en su aptitud de trabajo ; c) el menoscabo que además, apareja en su vida de relación toda, al amenguar y dificultar sus interrelaciones con los otros en el plano social, cultural, deportivo, lúdico, sexual, etc., al lado de similares inconvenientes e impedimentos en sus relaciones con las cosas (para lo que puede utilizarse la denominación de incapacidad o disminución de la capacidad integral del sujeto); d) el daño o incapacidad estética y e) el daño o incapacidad psicológica, cuando estos dos últimos perjuicios no son tarifados en forma autónoma y diferenciada de aquella triada de minusvalías que, al presente y por lo general, se consideran integrativas de la incapacidad sobreviniente a indemnizar (SCBA Ac.90471)

Igualmente debe tenerse en cuenta que la persona humana es titular del derecho a la vida, a la integridad física y su dignidad como bienes cuyo desmedro da lugar a indemnización, independientemente de que las lesiones provoquen o no incapacidad a la víctima como secuela de las mismas, pues la incapacidad puede ser también parcial y transitoria y no dejar secuelas incapacitantes (art. 51, 1746 y ccdtes. del CC y CN y su comentario en Alterini Jorge H. Código Civil y Comercial Comentado … Ed. La Ley T I, pags. 421 y sigs).-

10.1) Apuntando ello y a los efectos indemnizatorios como principio general, resulta necesario probar, entre otros extremos, la existencia del daño, pues para que el perjuicio pueda ser materia de resarcimiento, es necesario que sea cierto y no puramente eventual e hipotético, debiendo mediar certidumbre en cuanto a su existencia real, ya sea presente o futura, y la disminución de la genérica aptitud invocada siempre debe traducirse en secuelas incapacitantes irreversibles, debiendo en caso que ello no ocurra, o sea, que sea provisoria o redimible, traducirse en el costo del tratamiento terapéutico (conf. S.C.B.A., Ac. 33.797, del 18-6-85 y Ac. 50.203 del 12-3-93).-

10.2) Con pie en lo expuesto paso a ponderar la prueba obrante en autos en torno al rubro bajo tratamiento.

Lo reclamado en demanda

10.3) Por un lado, en el escrito inicial la actora denuncia que, como consecuencia del accidente, fue trasladada por el chofer de la unidad en que viajaba, al Hospital Materno Infantil Eduardo Oller de San Francisco Solano, en el que lo atendieron y practicaron doce puntos de sutura en su cabeza, diagnosticándosele allí traumatismo de cráneo y politraumatismos. (ver específicamente fs. 16 vta).

Lo probado en autos

10.3.1) En efecto, las lesiones denunciadas por la parte accionante se desprenden de la prueba informativa proveniente del citado establecimiento Hospitalario, obrante en enlace adjunto al trámite Augusta de fecha 13/11/2023, en el que puede observarse que el Sr. Quiroz Alberto ingresó al nosocomio referido el 8/07/2018 con diagnóstico de "...herida cortante en cuero cabelludo en zona parietal izquierda. Sutura + RX analgésico +ATB..."  (ver tambien fs. 8 y 10 de la causa penal adjunta PP-13-00-019853-18, que en este acto tengo a la vista)

10.3.2) Por otro lado, de la pericia médica presentada por el perito Dr. Sebastián L. Faiad con fecha 13/09/2024, y su ampliación de fecha 31/10/2024 (con motivo de las impugnaciones de realizadas por la parte demandada), se desprende que luego de haber el experto realizado al Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa, la entrevista, inspección, palpación y semiología de cráneo macizo facial y columna cervical, junto al análisis de estudios complementarios y consideraciones médico-legales, del caso;  destaco que el galeno afirma y describe que el actor presenta secuelas físicas que son compatibles con las lesiones por las que reclama. 

Detalla así que "...El actor presenta clínica positiva para cervicalgia y se constata la presencia de una cicatriz en la cabeza como consecuencia directa del accidente ..." Del impacto sufrido "... resultó ... una herida en la región frontal que requirió 12 puntos de sutura, dejando como secuela una cicatriz eutrófica de 10 cm que se extiende hacia la zona parietotemporal izquierda... Además del traumatismo craneal, el accidente causó un daño significativo en la columna cervical del actor..." 

Se agrega a ello que, a su vez, el perito referido deja sentado que "...las secuelas que el actor presenta, tanto la cervicalgia como la cicatriz en la cabeza, están directamente relacionadas con el accidente sufrido. A pesar de haber recibido tratamiento y del tiempo transcurrido, persisten síntomas significativos que afectan su calidad de vida, sugiriendo una afectación persistente de las estructuras cervicales como resultado del traumatismo inicial..."

En base a los antecedentes y demás estudios complementarios solicitados que refiere, determina que el actor presenta  “…Cervicalgia 5%, Rigidez de Columna Cervical: 11%, Cicatriz eutrófica de 10 cm de extension a la altura del hueso frontal con direccion paretotemporal izquierdo 10%...Porcentaje de incapacidad total 23,9% (con aplicación de capacidad restante) Tipo: Permanente Grado Parcial..."

10.3.3) Consta a su vez producida en autos pericia llevada a cabo por el Dr. Jorge G. Seifer -perito médico neurólogo- de fecha 15/5/2024, ampliada mediante escrito de fecha 6/6/2024 (con motivo de las impugnaciones realizada por la parte demandada),  de la cual surge que -en lo que interesa destacar- tras hacer el citado galeno similares indagaciones médico legales que el anterior médico dictaminante, éste señala que al momento de la entrevista el Sr. Quiros refiere dolor crónico sobre la cicatriz fronto parietal izquierda, que ilustra con imágenes, y explica que se corresponde con una modalidad del dolor neuropático que resulta de un daño o enfermedad y afecta al sistema somatosensorial. 

Concluye así que como consecuencia de la lesión contusa cortante sufrida por el actor como producto del accidente, éste padece de una secuela de lesión antiestética que altera la naturalidad de su rostro y un dolor crónico de características neuropáticas que estima le han producido una incapacidad parcial y permanente del 28%, teniendo en cuenta el cálculo de incapacidad restante.

10.3.4) Conforme lo expuesto, en lo que respecta al rubro en tratamiento, no puedo soslayar que la prueba informativa que antes se aludiera obrante en autos, así como las experticias llevadas a cabo, referidas anteriormente, permiten tener por probada la relación entre los daños constatados con el hecho de autos (art. 384 y 474 del CPCC).-

10.3.5) En efecto, a la fecha nadie duda de la gravitación que tiene la prueba pericial en los juicios cuyas controversias exigen prueba de los hechos alegados. 

Dicho fenómeno, en buena medida, se explica por la orientación actual del proceso civil hacia la búsqueda y determinación de la verdad de los hechos para la efectiva tutela de los derechos materiales, y en la preferencia que para ello merecen los métodos científicos y técnicos de creciente precisión, disponibles para ser introducidos a juicio sin mayores dificultades, en cuanto suministran al juez fundamentos cognoscitivos más seguros, objetivos y controlables (Taruffo, M. “Ciencia y proceso”, en Páginas sobre Justicia Civil, Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 455; Peyrano J. W., “Sobre la prueba científica”, en L.L. 2007-C-865).-

A su vez, se ha sostenido que, cuando se trata de un informe técnico, científico, etc. ajeno a la formación cultural del juez, éste, para apartarse de sus conclusiones, deberá oponerle argumentos debidamente fundados (CNac. Fed. CC., sala III, 23-10-90, in re “Martinez Pedro y otro c/ Gobierno Nacional”, J.A. 1991-III).-

Es dable señalar que es labor indelegable del Juez establecer la relación de causalidad entre un hecho y el daño. 

Para ello, conforme también con la doctrina legal, es necesario hacer un juicio de probabilidad determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que debía resultar normalmente de la acción u omisión antijurídica, según el orden natural y ordinario de las cosas (arts. 1726, 1727 del CC y CN - 901 C.C).

El vínculo de causalidad exige una relación efectiva y adecuada (normal), entre una acción u omisión y el daño: éste debe haber sido causado u ocasionado por aquélla (arts. 1716, 1744, 1746 CC y CN - 1068, 1074, 1109, 1111, 1113, 1114 del C; SCBA LP C 121608 S 08/08/2018).-

10.3.6) Desde esta perspectiva, las conclusiones periciales aludidas estimo que resultan claras y detalladas en cuanto a las consecuencias dañosas sufridas por el actor; las cuales a su vez, entiendo, guardan relación de causalidad entre el hecho de autos y las lesiones constatadas en la actora, no encontrando razón alguna, a pesar de las impugnaciones planteadas por la demandada, para apartarme de las apreciaciones dadas por los peritos dictaminantes en autos (arts. 384 y 474 del CPCC).

Cuantificación del daño

10.4) Habiendo arribado a tales conclusiones, y a los fines de abordar la siempre difícil tarea de la cuantificación es preciso recordar que el concepto de la reparación integral responde al concepto de aquella sea justa, entendiéndose por tal la que ubica al reclamante, dentro de lo posible, en una situación equivalente a la que se encontraba si no hubiera acontecido la violación del derecho. La aplicación de este método requiere el cumplimiento de las siguientes reglas: a) el daño debe ser fijado al momento de la decisión; b) la indemnización no debe ser inferior ni superior al daño sufrido; c) la apreciación debe formularse en función de las características de cada caso (art. 1740 CC y CN).-

A los fines de considerar cómo indemnizar en forma justa y fundada y de tal modo cuantificar a través del art. 1746 del CC y CN la incapacidad dispuesta, habré de tener en cuenta no sólo el cómputo del menoscabo de carácter laborativo de la parte actora sino también las pautas apuntadas al inicio del tratamiento de este rubro (conf. args. SCBA c119794 del 11/4/2018, arts. 165 y 384, C.P.C.C.).-

10.4.1) Con relación a esta disposición se ha interpretado que la reparación, cualquiera sea su naturaleza y entidad debe seguir un criterio flexible, apropiado a las circunstancias de cada caso y no ceñirse a cálculos basados en relaciones actuariales, fórmulas matemáticas o porcentajes rígidos, desde que el juzgador goza de un margen de valoración amplio, ello concuerda con las pautas de valoración establecidas en el citado art. 1746 del CC y CN. y, si bien existen posturas tildadas por Jorge H. e Ignacio Alterini -en opinión que comparto- fríamente economicistas que no se condicen con el respeto a la vida y la dignidad como derechos fundamentales del hombre, apartándose de mandatos de tratados internacionales, de emplear fórmulas matemáticas para evaluar la cuantía del resarcimiento por incapacidad, llegando algunos a sostener que resulta ése ser únicamente el instrumento por el cual puede mensurarse el capital al que la norma alude; considero que la mejor reparación es aquella que contemple todas las circunstancias enunciadas en la norma bajo análisis y que permitan sustentar o plasmar la justicia de lo decidido, aun cuando no se apliquen fórmulas matemáticas predispuestas, las cuales tampoco están exentas de generar arbitrariedades por sus abstracciones (arts. 1 y 2 del CC y CN., 4 del Pacto de San José de Costa Rica, 1,4 y 6 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 2,3, 6 y 16 y ccdtes. de la declaración Universal de los Derechos Humanos -todos ellos de raigambre constitucional, art. 75 inc. 22 CN- conf. args. Cam Civ. LP 2da. S2da LP causa n°120364 17 S 14/02/2017 voto de la Dra. Patricia Bermejo; Alterini Jorge “Código Civil y Comercial Comentado…” T. VIII, pág. 289 y sigs. Ed. La Ley 2015).-

10.4.2) A ello creo oportuno agregar que “el valor de la vida humana no resulta apreciable con criterios exclusivamente económicos”. Tal concepción materialista debe ceder frente a una comprensión integral de los valores materiales y espirituales, unidos inescindiblemente en la vida humana y a cuya reparación debe, al menos, tender la justicia. No se trata pues, de medir en términos monetarios la exclusiva capacidad económica de las víctimas, lo que vendría a instaurar una suerte de justicia distributiva de las indemnizaciones según el capital de aquellas o según su capacidad de producir bienes económicos con el trabajo. Resulta incuestionable que tales aspectos no se agota la significación de la vida de las personas, pues las manifestaciones del espíritu insusceptibles de medida económica integran también aquel valor vital de los hombres (CSJN en sentencia dictada el 21/9/04 en la causa “Aquino, Isacio c/Cargo Servicios Industriales SA.”).-

De ahí, que los porcentajes de incapacidad estimados por los peritos médicos, aunque elementos importantes que se deben considerar, no conforman pautas estrictas que el juzgador deba seguir inevitablemente toda vez que no solo cabe justipreciar el aspecto laboral sino también las consecuencias que afecten a la víctima, tanto desde el punto de vista individual, como desde el social, lo que le confiere un marco de valoración más amplio, considerando y relacionando diversas variables relevantes de cada caso particular tanto en relación con la víctima (capacidad productiva, cultura, edad, estado físico e intelectual, profesión, ingresos, laboriosidad, posición económica y social, expectativa de vida, entre otras).-

10.4.3) En tal sentido, destaco que el caso debe ser juzgado de conformidad con las pautas señaladas, a cuyo fin tengo por acreditado que el actor Sr. René Alberto Quiros Ochoa, de 45 años al momento del accidente, que se desempeñaba laboralmente como albañil -trabajador independiente-,  manifestando vivir con su mujer y dos hijos mayores de edad que estudian, dedicado actualmente a los quehaceres de la casa (ver copia de DNI a fs. 6 y vta y pericia psicológica de  fecha 5/12/2023)

Contemplo como pauta orientadora a la hora de cuantificar el rubro el salario mínimo vital y móvil mensual a la fecha de este pronunciamiento (y no a la fecha del accidente) ante la ausencia de acreditación de ingresos (Resol. 9/2004 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y Móvil, $ 391.200 Resolución N° 4/2026, art.1 inc.b)), lo que se establece como pauta de cuantificación a valores actuales (SCBA causa "Barrios" c 124.096  del 18/4/2024).-

En este aspecto vale aclarar dentro de esta etapa orientadora que -conforme la edad de la reclamante al momento del siniestro (45 años), contaba con aproximadamente 20 años, como mínimo, por delante para acogerse a los beneficios jubilatorios.-

Otra de las variables a tener en cuenta como parámetro, también establecida de modo actualizado a la fecha, es el costo de la canasta básica total actualizada a la fecha del presente pronunciamiento, la que asciende aproximadamente a la suma de $ $1.605.497 mensuales -hogar de cuatro integrantes-(https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_09_265C7188EBE6.pdf; ver a su vez manifestaciones plasmadas en la pericia aludida).

10.4.4) En consecuencia, en aplicación práctica de las pautas especificadas, conjugadas con lo dispuesto por el mencionado art. 1746 del CC y CN, los parámetros de la sana crítica y que el monto peticionado en la demanda ha sido dejado librado a lo que justa y razonablemente se determine (ver demanda específicamente fs. 33 vta), resulta prudente proponer que por el rubro incapacidad física se fije la indemnización en la suma de Pesos seis millones ($ 6.000.000) -fijándose la misma a valores actuales al dictado del presente decisorio- (arts. 1746, CCCN; 165, 384, 474 y ccdtes. CPCC).

Daño Estético

11)  En este aspecto comienzo por señalar que el daño a la persona (“daño a la persona en si misma”) puede tener consecuencias en dos planos de interés jurídico, igualmente resarcibles: el material y el moral.

En tal sentido, la afección estética, al igual que la incapacidad física y la psíquica, pueden influir en uno y en otro aspecto, o no.

Esta repercusión entiendo que se trata de una cuestión concreta propia que presenta cada caso en particular. 

De ahí que distinguir el daño estético, físico y psíquico a los fines de indemnizar la incapacidad resultante, obra solamente como una cuestión de buen orden y claridad en la pretensión contenida en la demanda (o reconvención), en la medida que no se superpongan, ya que no se trata estrictamente de daños autónomos: uno y otro convergen (o pueden convergir) para determinar la secuela incapacitante (conf. args. CC 0201 LP 134137204 S 11/7/2023)

En palabras de similar significación este Tribunal ha sostenido que el daño estético no reconoce en nuestro derecho positivo una categoría diferenciable y autónoma, vale decir, no constituye un “tertium genus”, entre daño moral y patrimonial, dado que el padecimiento de una lesión de este tipo puede incidir de manera indistinta y aún simultánea tanto en el daño moral como en el daño emergente por incapacidad sobreviniente (Sala 1 c 16950 RSD 29/17, e.o.)

Y, para que este rubro sea admitido debe estarse en presencia de un daño que se infiera a la faz estética del individuo la cual debe ser ostensible y manifestarse con una envergadura tal que acarree una verdadera limitación a las posibilidades económicas del damnificado y/o afectación en el orden no patrimonial o espiritual por los sufrimientos o mortificaciones que pueden provocar en la víctima.

11.1) Sobre estas premisas se aprecia que de la prueba pericial rendida en la causa a la que refiriera anteriormente bajo los ptos.  10.3.2), 10.3.3) –en lo que interesa remarcar en este tópico-, por un lado,  el  Dr. Sebastian L Faiad, perito médico legista, a más de lo expuesto, dejó a la luz que el actor, producto del accidente, presenta una "...cicatriz eutrófica de 10cm de extension a la altura del huesto frontal con direccion parietotemporal izquierdo..."

Por su parte, y en modo coincidente con ello, el Dr. Jorge G. Seifer perito neurólogo permitió apreciar que el actor "...En la actualidad presenta una gran cicatriz frontal izquierda, que intenta ocultar con una gorra por sentir vergüenza por ella...". Esta resulta ser "... hipocrómica en relación al color natural de la piel del actor, visible a más de 1 metro de distancia..."

Ello procede a exhibirlo con imágenes acompañadas a su presentación de pericia. 

Tal cicatriz frontal, refiere el perito médico, que, al tacto, provoca en el actor molestias tales como sensación de ardor, quemazón.

11.2) Llegado a este punto resulta necesario precisar que los dictámenes periciales deben valorarse de conformidad a las reglas de la sana crítica y con sujeción a las normas de aplicación al caso, y , que incluso al sopesar las experticias los jueces ejercen facultades propias, no teniendo sus conclusiones eficacia vinculante (SCBA B 52359 14/11/2007; Ac. 61475 3/3/1998 e.m.o)

11.3) En este sentido no encuentro razón alguna obrante en la causa para apartarme de las apreciaciones dadas por los expertos (arts. 384 y 474 del CPCC) de las que se advierte que el Sr. René Alberto Quiros Ochoa además de padecer las consecuencias incapacitantes descriptas al tratar el rubro anterior, presenta también secuelas estéticas de un tenor que suponen una afección que socava en la esfera no patrimonial a través de razonables sufrimientos o aflicciones dignas de ser resarcidas. 

11.4) Es por tales argumentos que considero que debe reconocerse el presente rubro; situación que subsumiré y cuantificaré al abordar el  tratamiento del daño moral (arts. 1737, 1741 sigs. y ccdtes. del CC y CN  aplicable en la especie)

Daño psicológico

12) Dable es recordar, que la incapacidad como factor generador del derecho a reclamar indemnización, la configura en principio, la existencia de una inhabilidad o impedimento o bien la dificultad apreciable en algún grado para el ejercicio de funciones vitales, que entrañe la pérdida o aminoración permanente de las potencialidades de que gozaba el afectado y que ese detrimento se encuentre relacionado causalmente con el hecho dañoso cuya responsabilidad se atribuye al accionado.-

Conforme a ello, comprende aquellas secuelas o disminuciones de la aptitud psíquica que le quedaran por el hecho dañoso y que se manifiesten a través de signos o secuelas incapacitantes de carácter perpetuo, es decir no recuperable. 

Es que, a los efectos indemnizatorios como principio general, resulta necesario probar, entre otros extremos, la existencia del daño (conf. S.C.B.A., Ac. 50.203 del 12-3-93), pues para que el perjuicio pueda ser materia de resarcimiento, es necesario que sea cierto y no puramente eventual e hipotético, debiendo mediar certidumbre en cuanto a su existencia real, ya sea presente o futura (S.C.B.A., Ac. 33.797, del 18-6-85), y la disminución de la genérica aptitud invocada siempre debe traducirse en secuelas incapacitantes irreversibles, debiendo en caso que ello no ocurra, o sea, que sea provisoria o redimible, traducirse en el costo del tratamiento terapéutico.

12.1) Desde ese vértice, se observa que la pericia llevada a cabo en estos obrados por la experta licenciada en psicología Verena Carla Durkop, que da cuenta la presentación de fecha 5/2/2023 (ampliada con fecha 3/1/2024 con motivo del pedido de explicaciones realizado por la actora) ésta manifiesta haber entrevistado y realizado diversos tests al actor, procediendo a realizar -en lo que interesa resaltar- las siguientes llamativas observaciones respecto al Sr, Quiros Ochoa:

12.1.1) "...Su discurso aparece un poco errático y al ser cuestionado al respecto admite no recordar mucho lo sucedido, que relata una reconstrucción entre lo poco que recuerda y lo que le relataron..."

"...Durante la entrevista su discurso aparece como un poco desordenado aunque coherente, verosímil, de explicaciones escuetas. El juicio de realidad se encuentra conservado aunque aparecen varios indicadores de posible organicidad..."

"...Se pueden ver indicadores de una personalidad equilibrada y algo desorganizada que mantiene buenas relaciones con los demás en los diferentes ámbitos de la vida con lazos afectivos que perduran a través del tiempo. Aparecen indicadores de ansiedad y de agresividad en medidas importantes..."

"...Los valores obtenidos que aparecen hablan de un cuadro clínico que no reviste gravedad ya que puede estar relacionado con las contingencias de la vida cotidiana y suelen remitir con el tiempo sin necesidad de tratamiento específico pero dado las particularidades del caso y la posibilidad de encontrarte comprometido en el orden de lo cognitivo es para tener en cuenta..."

"...[E]l peritado no logra responder satisfactoriamente a todas las consignas ya que presenta dificultades en la comprensión de la consigna relacionado con las reiteradas restricciones..."

"... Claramente el gran fallo aparece en la no comprensión de la técnica en general, en darse cuenta de su imposibilidad generándole gran ansiedad y a posteriori, negarse a la realización deliberadamente...."

12.1.2) Al dar respuesta a los interrogatorios formulados manifiesta que "... El cuadro que padece el peritado ... No se trataría claramente de Stress postraumático a pesar de encontrarse similitudes. Se desconoce la etiología..."

"...Claramente aparece un grado de incapacidad pero primeramente habría que evaluar de que se trata específicamente, evaluar su etiología y luego especificar si pudo estar relacionado el comienzo y el agravamiento con el accidente acaecido. Labor que excede mi conocimiento en el tema, recomendando por tanto una evaluación neurológica..."

12.1.3) Tales apreciaciones y conclusiones no las observo desvirtuadas en la ampliacion a su pericia citada a pesar de los cuestionamientos hechos por la actora (art. 384 y 474 del CPCC)

 12.2) En ese contexto, cabe resaltar que si del trabajo pericial no se extrae -como en el caso ocurre- la existencia de una lesión psíquica incapacitante clara y concreta que tenga relación causal con el accidente sucedido que nos convoca; no cabe más que concluir en que el reclamo por este rubro no puede tener favorable acogida, por lo que corresponde su rechazo (arts. 242, 260, 384, 474 y conc., CPCC).

 Daño Moral 

13) El concepto daño moral tiene por objeto indemnizar el quebranto que supone la privación o disminución de aquellos bienes que tienen un valor esencial en la vida del hombre y que son la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física, el honor y los más caros afectos (SCJBA Ac.40790); y no se encuentra sujeto a reglas fijas, su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el solo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- y es al responsable del hecho dañoso a quien incumbe acreditar la existencia de una situación objetiva que excluya la posibilidad del mismo (SCBA LP C 121424 S 29/05/2019) 

13.1) En el supuesto de marras ha quedado demostrado que el Sr. Quiros Ochoa, como ya se expusiera más arriba bajo los ptos. 10.3.2) y 10.3.3), ha sufrido consecuencias físicas que han arrojado secuelas  incapacitantes, a lo que se suma no sólo las lesiones corporales descriptas en el desarrollo anteriormente hecho, sino también las afecciones estéticas antes apuntadas en el pto. 11) y subsigs.; situaciones que entiendo razonablemente menoscaban espiritualmente al actor, configurando un daño moral por las consecuencias derivadas de ello.

13.2) Sentado ello, la Corte Nacional en la causa "Baeza" receptó la posición doctrinal y jurisprudencial que califica al daño moral como el "precio del consuelo" y que considera que para su cuantificación puede acudirse al dinero y a otros bienes materiales como medio para obtener satisfacciones y contentamientos que mitiguen el perjuicio extrapatrimonial o moral sufrido "Se trata -sostuvo- de compensar, en la medida posible, un daño consumado … El dinero es un medio de obtener satisfacción, goces y distracciones para restablecer el equilibrio en los bienes extrapatrimoniales", parámetro interpretativo recogido por el art. 1741 del CCCN (C.S.J.N, 12/4/2011 "Baeza, Silvia Ofelia c/ Buenos Aires, Provincia de y otros s/ Daños y Perjuicios", con nota en R.C. y S. 2011-XII, 259).

A los fines de su mensura, se ha sostenido que si bien la valoración cuantitativa se hace teniendo en cuenta intereses inconmensurables, también se deben tomar en cuenta, por aplicación de la "teoría de los placeres compensatorios", las satisfacciones que una determinada suma de dinero puede otorgar y dicha satisfacción es susceptible de ser medida en un importe indemnizatorio a partir del valor de los bienes y servicios que se pueden adquirir con dicho importe ("El daño moral no se cuantifica, se cuantifica la satisfacción") (Gonzalez Zavala Rodolfo M., "Satisfacciones Sustitutivas y compensatorias", RCCyC 2016 (noviembre), 17/11/2016, pág. 38). Este criterio ha sido receptado en el art. 1741 del Cód. Civil y Comercial de la Nación.

13.3) Con relación a la procedencia y cuantificación del daño moral he de destacar que conforme lo establecen los artículos 1738 y 1741 del CC y CN, la obligación de resarcir también lo comprende, además de la indemnización de las pérdidas e intereses. 

Se entiende entonces que el responsable del daño debe cubrir el quebranto que supone la privación o disminución de bienes como la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad individual, la integridad física y, en general, todo menoscabo a los más sagrados afectos (SCBA. AC: 35579 del 22-4-86; esta Sala, causa 96.891, sent. del 2-4-2002, RSD 46/2002). 

13.4) Por ende y atento a los antecedentes de la causa, tomando en consideración las condiciones particulares del Sr. René Alberto Quiros Ochoa siendo que contaba con 45 años de edad al momento del accidente, sumado a las demás condiciones personales a las que anteriormente se aludiera en el pto. 10.4.3). Y, que se probó que el mismo padeció producto del accidente afecciones físicas incapacitantes, habiendo sufrido también consecuencias estéticas antes señaladas y cuya cuantificacion ha quedado supeditada a este momento, lo cual supone razonablemente haber padecido de alteraciones en su tranquilidad tales como angustias, molestias que implican modificaciones disvaliosas en su vida en relación en distintos ámbitos personales de su vida incluso a nivel laboral, es que justiprecio prudente fijar indemnización por este rubro en la suma de Pesos cuatro millones ($ 4.000.000) -fijándose la misma a valores actuales al dictado del presente decisorio- (arts. 1738 y 1741 del CCyC, 375, 384, 474 CPCC)

Daño punitivo

14) Si bien observo que en autos el reclamo de éste tópico no ha sido objeto de agravios, más si reclamado en demanda; lo cual bastaría de por si para su desestimación en atencion a la limitacion recursiva apuntada mas arriba bajo el pto. 4);  me permito realizar las siguientes consideraciones.

14.1) Entiendo que  la indemnización pecuniaria disuasiva prevista en el art. 52 bis de la ley 24.240 tiene las siguientes notas distintivas: a) requiere petición de parte (consumidor dañado), lo que impone que el interesado precise el monto en la demanda; b) es necesario la existencia de culpa agravada (culpa grave o dolo, negligencia  grosera, actitud temeraria) y de un daño grave (por su trascendencia social) repercusión institucional o por su gravedad – a lo que se agrega el desinterés del proveedor de las consecuencias dañosas de su conducta, -una apoyatura de ejemplaridad; c) se aplica en el ámbito de una relación de consumo; d) el legitimado pasivo es el proveedor del bienes o servicios; e) es una condenación pecuniaria autónoma de la conferida en concepto de resarcimiento del daño; f) el beneficiario de la indemnización es el consumidor (víctima que sufrió el daño; g) tiene un tope según la remisión al art. 47 inc. b) de la ley; h) siendo que rige en casos de gravedad, es de interpretación restrictiva;  i) su monto se graduará en función de la gravedad del hecho y demás circunstancias del caso, independientemente de otras indemnizaciones que corresponda. (conf args. CC0201 LP 120537 RSD 286/16 S 25/10/2016).

14.2) Analizando la conducta asumida por la demandada y las constancias que la causa ofrece, considero que no se encuentran presentes elementos que ameriten  juzgar que aquella adoptó una conducta tal que permita justificar la aplicación de la multa civil reclamada. 

14.3) Repárese que surge de los propios términos de la demanda que el actor expresamente manifiesta que "...El chofer bajo a todos los pasajeros del micro y lo trasladó al hospital más cercano..." (ver específicamente fs. 16 vta., ver tambien audiencia videograbada adjunta a trámite de fecha 14/5/2024 ) 

Asi pues, el hecho analizado  y  de la prueba ya valorada, se tiene por acreditado el accidente ocurrido ha ocurrido en el marco de contingencia ordinaria del tránsito vehicular, sin que el acto ilícito haya merecido encuadre de delito en el area penal, ni grave inconducta del conductor del transporte público, quien frente a las lesiones sufridas por el actor en calidad de pasajero, obró de manera correcta, trasladándolo inmediatamente al hospital mas cercano para que reciban adecuada atención médica.

Asi emerge admitido -reitero- en la demanda y también surge del relato del propio chofer que conducía el vehículo en que se trasladaba el actor.

14.4) De este modo, no encuentro acreditada grave inconducta  que  pueda justificar la aplicación de la sanción punitiva  peticionada.

En consecuencia, en base a tales lineamientos esbozados, corresponde desestimar este rubro. 

Daño a la vida de relación, gastos documentados y no documentados, tratamientos, medicamentos

15) La limitación recursiva puesta de manifiesto en el punto anterior: 14), la considero también aplicable al tratamiento de los rubros señalados en este título, lo cual de por si alcanza para disponer su desestimación. 

No obstante ello observo que tales rubros reclamados en demanda  se encuentran planteados en términos vagos, ambiguos y poco claros, lo cual impide, también, ingresar en su tratamiento (ver especificamente demanda fs. 29 / 33)

Gastos de tratamiento médico futuro

16) Reparo al respecto que la parte actora apelante, reclama este rubro recién en sede de agravios (ver expresión de agravios pto. VIII), no apreciando que éste pedido haya sido objeto de reclamo en la demanda, dados los términos vagos y ambiguos en los que han sido reclamados -en su mayoría- los rubros allí apuntados (ver específicamente demanda fs. 29/33 y vta., arts. 163, 330, 272 y ccdtes. del CPCC)  

16.1) Bajo este contexto estimo que corresponde desestimar este pedido.

Intereses

17) Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ha establecido como doctrina legal que en materia de responsabilidad aquiliana corresponde aplicar un interés puro del 6% anual desde la fecha del hecho hasta la sentencia y, desde allí, la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires (SCBA en C. 120.536 "Vera" de fecha 18/04/2018 y C. 121.134 "Nidera" de fecha 03/05/2018).

17.1) En este caso, no se advierten circunstancias excepcionales que justifiquen apartarse de la misma; ya que la fijación de los montos indemnizatorios a valores actuales realizado al momento del dictado de la presente sentencia, se entiende que ha evitado la licuación del crédito. Costas de ambas instancias

18) Conforme se propone resolver la cuestión traída a debate, las costas de ambas instancias entiendo corresponde deben ser impuestas a la parte demandada y citada en garantía sustancialmente vencidas (arts. 68, 274 y ccdtes del CPCC.)

19) En consecuencia, al primer interrogante planteado y por las razones expresadas, doy mi voto por la NEGATIVA.

  A la misma primera cuestión, los Dres. Gonzalo A. López Cardoso y Edgardo Pablo Molins  dijeron que VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DOCTOR DIEGO DE ROSA DIJO: 

Visto el acuerdo logrado al tratar la cuestión anterior, corresponde:

1°) Hacer lugar al recurso de apelación planteado por la actora con fecha 26/5/2026, y, en consecuencia revocar la sentencia dictada con fecha 18/5/2026.

2°) Hacer lugar a la demanda promovida por el Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa, contra  la Empresa Expreso Villa Galicia San José S.A por daños y perjuicios derivados del accidente por éste sufrido el día 8/7/2018 en su carácter de pasajero transportado en el ómnibus perteneciente a la empresa demandada.

3°) Hacer extensiva la demanda a la aseguradora  Mutual Rivadavia Seguros, en la medida del seguro  (art. 118 de la ley 17.418). 

4°) Condenar a la Empresa Expreso Villa Galicia San José S.A a abonar al Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa dentro de los diez dias de quedar notificada la presente sentencia, la suma de pesos diez millones ($10.000.000) que se fija como monto total de la indemnización que se concede. 

5°) Adicionar al citado capital de condena los intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho lesivo (8/7/2018) y hasta la fecha de esta sentencia. En caso de mora en el pago, el cálculo de intereses deberá practicarse a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta el efectivo pago.

6°) Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada y citada en garantia, en razon de su caracter de sustanciales vencidas (arts. 68, 274 y ccdtes. del CPCC)  

ASÍ LO VOTO

A la segunda cuestión, por compartir los mismos fundamentos, los Dres. Gonzalo A. López Cardoso y Edgardo Pablo Molins, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:

SENTENCIA   

1°) Se hace lugar al recurso de apelación planteado por la actora con fecha 26/5/2026, y, en consecuencia, se revoca la sentencia dictada con fecha 18/5/2026.

2°) Se hace lugar a la demanda promovida por el Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa, contra  la Empresa Expreso Villa Galicia San José S.A por daños y perjuicios derivados del accidente por éste sufrido el día 8/7/2018 en su carácter de pasajero transportado en el ómnibus perteneciente a la empresa demandada.

3°) Se hacer extensiva la demanda a la aseguradora  Mutual Rivadavia Seguros, en la medida del seguro  (art. 118 de la ley 17.418). 

4°) Se condena a la Empresa Expreso Villa Galicia San José S.A a abonar al Sr. Rene Alberto Quiros Ochoa dentro de los diez dias de quedar notificada la presente sentencia, la suma de pesos diez millones ($10.000.000) que se fija como monto total de la indemnización que se concede. 

5°) Se adiciona al citado capital de condena los intereses a la tasa pura del 6% anual desde la fecha del hecho lesivo (8/7/2018) y hasta la fecha de esta sentencia. En caso de mora en el pago, el cálculo de intereses deberá practicarse a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, hasta el efectivo pago.

6°) Se imponen las costas de ambas instancias a la parte demandada y citada en garantia, en razon de su caracter de sustanciales vencidas (arts. 68, 274 y ccdtes. del CPCC)

7°) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente en el domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquél en hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (art. 11, Reglamento para la notificación por medios electrónicos, Ac., SCBA. 3845/17 modio. por Ac. 3991/20). Oportunamente, DEVUÉLVASE.