En la Ciudad de Quilmes, en la fecha de la firma digital del presente resolutorio, reunida en acuerdo ordinario la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, integrada con los Sres. jueces Gonzalo A. López Cardoso, Diego De Rosa y el magistrado subrogante, Edgardo Pablo Molíns, con la presencia de la Sra. Secretaria, se trajeron para dictar sentencia los autos caratulados "CUTELLE CARLOS ALBERTO  C/ NAVE MOTORS (LE MANS AUTOMOVILES SA) S/ DAÑOS Y PERJ. DEL./CUAS. (EXC.USO AUT. Y ESTADO)", causa Nº 32073.  

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266 del CPCC, se practicó el sorteo de ley, que dio el siguiente orden de votación: Dr. Gonzalo A. López Cardoso, Dr. Diego De Rosa y Dr. Edgardo Pablo Molíns.

LA CÁMARA RESOLVIÓ PLANTEAR LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

1°) ¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

2°) ¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR?

VOTACIÓN:

A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

1) Antecedentes

Viene el expediente al Tribunal a fin de resolver las apelaciones interpuestas por las partes actora y demandada contra la sentencia definitiva dictada el 05/03/2026.

La sentencia de grado hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios por incumplimiento contractual promovida por el Sr. Carlos Alberto Cutelle contra Nave Motors, Concesionaria Oficial Le Mans Automóviles S.A., y condenó a esta última a abonar al actor la suma de $19.626,20, con más intereses moratorios, a partir del vencimiento del plazo de diez días fijado para el pago, calculados a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días y hasta el efectivo pago.

Impuso las costas a la demandada vencida y difirió la regulación de honorarios.

En la demanda, el actor relató que en enero de 2013 adquirió en Nave Motors una Citroën Multispace SX 0km por $125.450, entregando como parte de pago una Peugeot Partner dominio IBW-764, más dinero en efectivo. En diciembre de 2014, al intentar renovar su licencia de conducir, constató numerosas infracciones vinculadas con aquel vehículo, cuya transferencia no había sido realizada, por lo que debió abonar $11.126,20 y permaneció aproximadamente un mes sin licencia. Atribuyó responsabilidad a la demandada por el incumplimiento contractual y de la Ley de Defensa del Consumidor, reclamó los daños ocasionados y solicitó el acogimiento de la demanda con costas.

2) Agravios de la parte actora

El pretensor centró sus críticas en el escrito presentado el 01/07/2026, que mereció réplica de la contraria el 13/07/2026.

2.1) Primer agravio. Intereses

Cuestiona la decisión de no reconocer intereses desde la mora o, subsidiariamente, desde la interposición de la demanda. Sostiene que, aun cuando no hubieran sido expresamente solicitados, constituyen accesorios implícitos del crédito resarcitorio y que su omisión, frente al prolongado incumplimiento, la rebeldía de la demandada y el tiempo transcurrido, importa una solución inequitativa.

Añade que debió ponderarse el contexto inflacionario, los principios de reparación integral, razonabilidad y principio de calificación legal, así como evitar un enriquecimiento sin causa del deudor moroso.

Solicita, en consecuencia, que los intereses sean fijados desde el 16 de enero de 2013 o, en subsidio, desde la interposición de la demanda.

2.2) Segundo agravio. Daño moral

Se agravia del monto reconocido por daño moral, al que considera sensiblemente insuficiente frente a la entidad del incumplimiento, el tiempo transcurrido y el contexto económico verificado durante la sustanciación del proceso. Entiende que la suma fijada no satisface el principio de reparación integral ni refleja adecuadamente las consecuencias padecidas, por lo que solicita su elevación a $2.750.000.

Reserva el caso federal.

3) Agravios de la demandada

La demandada, declarada rebelde durante la sustanciación del proceso, compareció con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva e interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento.

Centró su críticas mediante el escrito de 16/07/2026, el que recibió réplica de la contraria el 03/08/2026.

3.1) Primer agravio. Valoración de la rebeldía

Objeta la valoración asignada a su rebeldía, por entender que se le otorgó un alcance absoluto, cuando sólo genera una presunción y no releva al actor de acreditar los presupuestos de su pretensión, en particular la existencia y cuantía de los daños.

Afirma que la sentencia tuvo por ciertos hechos que requerían mayor respaldo probatorio.

3.2) Segundo agravio. Daño moral

Cuestiona la indemnización de $8.500 reconocida por daño moral. Entiende que, tratándose de un incumplimiento contractual, el perjuicio extrapatrimonial no puede presumirse y debía ser acreditado, sin que exista prueba de una afectación que exceda las molestias propias del incumplimiento administrativo. 

Solicita su modificación.

3.3) Tercer agravio.  Monto de la condena

Se queja de la condena de $11.126,20 correspondiente a multas y patentes. Atribuye al actor haber omitido efectuar oportunamente la denuncia de venta ante el Registro del Automotor y considera que dicha conducta contribuyó a la acumulación de las deudas, produciendo una ruptura parcial del nexo causal que debió conducir a reducir la indemnización. 

3.4) Cuarto agravio. Intereses moratorios

Se agravia de la imposición de intereses moratorios por no haber sido solicitados en la demanda. Entiende que su reconocimiento vulnera el principio de congruencia y el derecho de defensa, por lo que solicita la modificación de la sentencia en este aspecto.

4) Cumplidos los trámites de ley, el 21/08/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia que ha adquirido firmeza, lo cual habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).

5) Tratamiento de los agravios

PUESTO A RESOLVER, corresponde recordar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino únicamente aquellas que resulten conducentes para decidir el caso (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi–Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 825).

Del mismo modo, tampoco deben ponderar todas las pruebas producidas, sino aquellas que estimen apropiadas para resolver el conflicto (CSJN, Fallos 274:113; 144:611), inclinándose por las que produzcan mayor convicción en concordancia con los restantes elementos de mérito de la causa.

Constituye una atribución propia de la magistratura, en el marco del deber de dictar sentencias razonablemente fundadas (argumento artículos 1, 2, 3 y concordantes del CCCN), aplicar el derecho y efectuar la calificación jurídica de los hechos alegados y controvertidos (SCBA LP C 122523 S, 10/07/2019, Sumario Juba B 26424; Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Sta. Fe, Rubinzal–Culzoni, 2014, t. X, p. 180/181).

5.a) Arriba incontrovertido a esta instancia que, en enero de 2013, el Sr. Carlos Alberto Cutelle adquirió en Nave Motors, concesionaria oficial de Le Mans Automóviles S.A., un vehículo Citroën Multispace SX 0km, entregando como parte de pago una Peugeot Partner dominio IBW-764, respecto de la cual la demandada no efectuó la transferencia registral correspondiente, circunstancia que determinó que el actor debiera afrontar multas por infracciones cometidas con posterioridad a haberse desprendido del rodado.

En cambio, se encuentra cuestionado: (i) el alcance asignado a la rebeldía de la demandada; (ii) el reconocimiento y monto del daño moral; (iii) la condena correspondiente a las sumas abonadas por multas y patentes; y (iv) la procedencia de los intereses y el momento a partir del cual corresponde computarlos.

5.b) Alcance asignado a la rebeldía

Cabe recordar que quien, habiendo sido debidamente llamado a responder la acción, permanece rebelde durante la sustanciación del proceso, se encuentra sujeto a las consecuencias derivadas de aquella conducta procesal. De ello se sigue que su posterior comparecencia no permite retrotraer etapas precluídas ni introducir en la Alzada hechos, defensas o planteos que debieron ser oportunamente sometidos al conocimiento del juez de grado.

En tal sentido, el recurso puede dirigirse a cuestionar errores de juzgamiento, la aplicación del derecho o la valoración jurídica de las constancias incorporadas a la causa, pero no habilita a controvertir hechos que no fueron oportunamente desconocidos, ni a introducir circunstancias fácticas contrarias a aquellas sobre las cuales quedó trabada la relación procesal. Lo contrario importaría alterar los términos de la litis, con afectación de los principios de congruencia, preclusión y defensa en juicio (argumento artículo 18 de la Constitución Nacional y argumento artículos 253, 272 y concordantes del CPCC; en el mismo sentido esta Sala: RS-143/2025).

Bajo tales premisas habrá de examinarse el agravio mediante el cual la demandada cuestiona el alcance asignado a su rebeldía y la valoración probatoria efectuada en la sentencia.

Analizado el expediente, adelanto que el agravio no es de recibo.

No se advierte que la situación de rebeldía provocada por la demandada al no comparecer a estar a derecho ni contestar la demanda haya sido indebidamente ponderada en la sentencia de grado. Por el contrario, se observa que el estado presuncional derivado de aquella conducta procesal fue valorado conjuntamente con la prueba producida por la parte actora.

La documental acompañada, no desconocida en la oportunidad procesal pertinente por la demandada, da cuenta de la operación celebrada entre las partes, de la entrega del vehículo usado y del pago de una suma específica en concepto de gastos de gestoría, mientras que las restantes constancias de la causa acreditan el incumplimiento de la concesionaria respecto de la transferencia registral de ese bien.

De tal modo, la crítica formulada no logra conmover el criterio sostenido en la anterior instancia. Ello por cuanto, aun cuando en determinados procesos de conocimiento, atendiendo a la naturaleza de la pretensión y de los extremos invocados, resulta necesaria la producción de prueba pese a la rebeldía, en el presente caso dicha actividad probatoria se encuentra suficientemente satisfecha, sin que la apelante demuestre que el sentenciante hubiera otorgado a su rebeldía un alcance absoluto ni prescindido del restante material incorporado a la causa (argumento artículos 34, 36, 59, 64, 163, 353, 354, 358, 384, 385, 484 y concordantes del CPCC).

Más allá de la rebeldía decretada y de sus efectos procesales, la prueba documental e informativa producida corrobora el incumplimiento atribuido a la demandada respecto de la transferencia del vehículo recibido como parte de pago, así como las consecuencias patrimoniales derivadas de dicha omisión, extremos expresamente ponderados en la sentencia recurrida.

En consecuencia propondré al Acuerdo el rechazo del agravio vertido al respecto.

5.c) Daño moral

El actor cuestiona por exigua la suma reconocida en la instancia anterior y solicita su elevación a $2.750.000, atendiendo a la entidad y prolongación del incumplimiento y al tiempo transcurrido. La demandada, por su parte, sostiene que no se acreditó una afectación que exceda las molestias propias del incumplimiento contractual y cuestiona la indemnización otorgada.

El daño moral "es una lesión en los sentimientos, por el sufrimiento o dolor que padece la persona, insusceptible de apreciación pecuniaria. Consiste en el desmedro o desconsideración que el agravio pueda causar en la persona agraviada, o los padecimientos físicos, el dolor, las inquietudes o cualquiera otras dificultades o molestias que puedan ser la consecuencia del hecho perjudicial" (Llambías, Jorge J., Manual de Derecho Civil. Obligaciones, Bs. As., Abeledo–Perrot, 1998, p. 102).

Si bien es cierto que, cuando este rubro encuentra sustento en un incumplimiento contractual, su procedencia debe apreciarse con criterio restrictivo y su acreditación exige especial rigor, no lo es menos que su configuración puede surgir de las circunstancias objetivas comprobadas en la causa. De tal modo, acreditado el incumplimiento y verificada su concreta incidencia en la esfera espiritual del acreedor, traducida en desasosiego, intranquilidad, tribulación o perturbaciones que excedan las molestias ordinarias inherentes a todo incumplimiento contractual, corresponde admitir su reparación (argumento artículo 522 del Código Civil y argumento artículos 375, 384 y concordantes del CPCC).

En el caso, debe ponderarse la especialidad y profesionalidad de la demandada en la comercialización de automotores y, particularmente, la gravedad y extraordinaria prolongación del incumplimiento verificado. En efecto, pese a haber recibido el vehículo usado como parte de pago y percibido los gastos correspondientes a su gestoría, transcurridos más de once años desde su entrega, el rodado continuaba registralmente a nombre del actor. Tal circunstancia excede ampliamente lo que podría reputarse una mera demora administrativa y evidencia, por el contrario, un incumplimiento prolongado de obligaciones directamente vinculadas con la actividad profesional desarrollada por la concesionaria.

A ello se suman las multas y deudas de patente que el actor debió afrontar, las dificultades para renovar su licencia de conducir, los reclamos formulados sin obtener una solución eficaz y, finalmente, la necesidad de acudir a la vía judicial, con las vicisitudes que ello supone. Tales circunstancias se encuentran debidamente acreditadas en la causa y, apreciadas en su conjunto, exceden las molestias ordinarias propias de un mero incumplimiento contractual, revelando una afectación espiritual de entidad jurídicamente relevante para justificar su reparación.

Por lo expuesto, el agravio de la demandada no puede ser de recibo. Nótese que las circunstancias objetivas que sustentan la afectación extrapatrimonial se encuentran debidamente demostradas en la causa, sin que la procedencia del rubro repose exclusivamente en la situación de rebeldía ni en la mera existencia del incumplimiento contractual.

Ahora bien, en cuanto al monto de la partida, el agravio de la parte actora debe ser admitido. Ello así, toda vez que su cuantificación ha de efectuarse a valores actuales, ponderando las circunstancias particulares del caso, la entidad y prolongación del incumplimiento, el tiempo transcurrido y las consecuencias acreditadas.

En ese marco, atendiendo a lo que surge de las pruebas rendidas, en especial de la valoración judicial de los testimonios producidos, y a la manifiesta insuficiencia que presenta al día de la fecha la suma histórica de $8.500 reconocida en la anterior instancia, teniendo asimismo en consideración lo expresamente solicitado por la accionante en su expresión de agravios y en ejercicio de las facultades conferidas a la magistratura, entiendo que corresponde elevar la indemnización por daño moral a la suma de $2.750.000 (argumento artículo 522 del Código Civil y argumento artículos 163, 165 y concordantes del CPCC).

En consecuencia, corresponde hacer lugar al agravio formulado por la parte actora y desestimar el introducido por la demandada sobre este aspecto.

5.d) Multas y patentes

La demandada cuestiona la suma de $11.126,20 reconocida por las multas y deudas de patente afrontadas por el actor. Sostiene que éste omitió efectuar oportunamente la denuncia de venta del vehículo, circunstancia que habría contribuido a la acumulación de aquellas obligaciones y quebrado, al menos parcialmente, la relación causal atribuida a su incumplimiento.

El agravio no puede prosperar.

Como fuera señalado al tratar los alcances de la rebeldía, la posterior comparecencia de la demandada no habilita la introducción de hechos, defensas o planteos que debieron ser oportunamente sometidos al conocimiento del juez de grado. En tal sentido, el cuestionamiento relativo a la conducta que el actor habría debido observar respecto de la denuncia de venta constituye una cuestión introducida por primera vez ante esta Alzada y, por consiguiente, no puede ser objeto de tratamiento por este Tribunal (argumento artículos 266, 267, 272 y concordantes del CPCC).

Con todo, y aun dentro del limitado marco recursivo que conserva la demandada, ésta se encontraba habilitada para cuestionar errores de juzgamiento, la valoración de la prueba producida o la aplicación del derecho. Sin embargo, a criterio de esta judicatura, los fundamentos expuestos no resultan suficientes para demostrar error alguno en la valoración efectuada ni para conmover el criterio jurídico seguido en la anterior instancia para admitir la partida.

Véase que la prueba documental referida en la sentencia acredita los pagos efectuados por el actor en concepto de multas y deudas de patente correspondientes al vehículo entregado como parte de pago, erogaciones que guardan adecuada relación causal con el incumplimiento atribuido a la demandada, pues el rodado permaneció registralmente a nombre del accionante ante la falta de transferencia (argumento artículos 519, 520 y concordantes del Código Civil y argumento artículos 375, 384 y concordantes del CPCC).

Por lo tanto, corresponde desestimar el agravio y confirmar la suma reconocida por este concepto en la instancia de origen. 5.e) Intereses

La actora cuestiona que los intereses hayan sido reconocidos sólo desde el vencimiento del plazo fijado para cumplir la sentencia y solicita su cómputo desde la mora –que ubica el 16 de enero de 2013– o, subsidiariamente, desde la demanda, aun sin petición expresa, por tratarse de accesorios del crédito resarcitorio. La demandada objeta su procedencia por no haber sido reclamados inicialmente, con invocación del principio de congruencia y del derecho de defensa.

El Sr. juez de grado entendió que aquella omisión impedía fijarlos desde la demanda, aunque los dispuso desde el vencimiento del plazo de diez días otorgado para cumplir la sentencia, a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta días y hasta el efectivo pago.

Adelanto que ninguno de los agravios es de recibo. Ello desde que, como es sabido, si el rubro intereses no fue objeto de petición en la demanda, no corresponde su reconocimiento con anterioridad al pronunciamiento, toda vez que, de lo contrario, podría afectarse el principio de congruencia y la defensa en juicio (argumento artículo 18 de la Constitución Nacional, argumento artículos 34, 36, 163, 266, 267, 272 y concordantes del CPCC; en sentido similar esta Sala: RS-26/2020 y RS-163/2022).

En tal virtud, y aun cuando le haya asistido razón a la parte actora en su reclamo resarcitorio, al no haber solicitado en su oportunidad la fijación de interés alguno, no encuentro mérito para apartarme de lo decidido en la instancia de origen en cuanto rechazó su cómputo desde la mora.

Distinta es la situación de los intereses fijados para el supuesto de incumplimiento de la condena dentro del plazo establecido, pues éstos derivan de la eventual falta de pago de la suma determinada judicialmente una vez vencido el término dispuesto al efecto (argumento artículo 622 del Código Civil).

Por todo lo expuesto, propondré al Acuerdo hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y desestimar el impetrado por la demandada, modificando la sentencia apelada únicamente en cuanto fijó en $8.500 la indemnización por daño moral, la que se eleva a la suma de $2.750.000 y, en consecuencia, elevando el capital total de condena de $19.626,20 a $2.761.126,20, confirmándola en todo lo demás que decide, con costas de Alzada a la demandada por resultar sustancialmente vencida (argumento artículo 68 del CPCC).

En consecuencia, a la primera cuestión VOTO PARCIALMENTE POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión los Dres. Diego De Rosa y Edgardo Pablo Molíns, por los mismos fundamentos, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

Tal como ha quedado resuelta la cuestión precedente, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y desestimar el interpuesto por la demandada, modificar la sentencia apelada únicamente en cuanto fijó en $8.500 la indemnización por daño moral, elevándola a la suma de $2.750.000 y, en consecuencia, elevando el capital total de condena de $19.626,20 a $2.761.126,20, confirmándola en todo lo demás que decide, con costas de Alzada a la demandada por resultar sustancialmente vencida (argumento artículo 68 del CPCC).

A la segunda cuestión planteada los Sres. jueces Diego De Rosa y Edgardo Pablo Molíns, por las mismas razones, adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

1) Hacer lugar parcialmente al recurso interpuesto por la parte actora y desestimar el impetrado por la demandada.

2) Modificar la sentencia apelada únicamente en cuanto fijó en $8.500 la indemnización por daño moral, la que se eleva a la suma de $2.750.000 y, en consecuencia, elevar el capital total de condena de $19.626,20 a $2.761.126,20.

3) Confirmar la sentencia apelada en todo lo demás que decide.

4) Imponer las costas de Alzada a la demandada por resultar sustancialmente vencida (argumento artículo 68 del CPCC).

5) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad procesal pertinente.

6) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE mediante la remisión de copia digital de la presente al domicilio electrónico de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior, o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuere, a aquel en que hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el Sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (artículo 11 del Reglamento para la Notificación por Medios Electrónicos, Ac. SCBA 3845/17, modificado por Acuerdo 3991/20). Oportunamente, DEVUÉLVASE.-