En la ciudad de Quilmes, reunidos en Acuerdo ordinario los Sres. jueces de la Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Quilmes, Dres. Diego De Rosa, Gonzalo A. López Cardoso y el Sr. Juez Subrogante Dr. Edgardo Pablo Molíns, con la presencia de la Sra. secretaria, se trajo a despacho para dictar sentencia la causa Nº 32106 caratulada: "GOMEZ JORGE LUIS  C/ TRANSPORTE SAN JUAN BAUTISTA SA S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)". De conformidad con lo dispuesto por los artículos 168 de la Constitución Provincial y 266 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, la Cámara resolvió votar las siguientes

C U E S T I O N E S

Primera: ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

Practicado el sorteo de ley (artículo 263 última parte del CPCC), dio el siguiente orden de votación: Dres. Gonzalo A. López Cardoso, Diego De Rosa y Edgardo Pablo Molíns.

A la primera cuestión el juez López Cardoso dijo:

1) Vienen los autos al Tribunal para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada el 19/03/2026, que rechazó la demanda por indemnización de daños y perjuicios promovida por el Sr. Jorge Luis Gómez contra la empresa "Transporte San Juan Bautista S.A." y la citada en garantía "Mutual Rivadavia de Seguros del Transporte Público de Pasajeros".

Impuso las costas a la parte actora y difirió la regulación de honorarios profesionales.

En la demanda, el actor relató que el 01 de octubre de 2015, aproximadamente a las 19:00 horas, viajaba como pasajero en un colectivo de Transporte San Juan Bautista S.A., que circulaba por la calle Alberdi de Florencio Varela. Al llegar a la intersección con la calle Perón, se dirigió a la puerta para descender, oportunidad en la que el conductor reanudó intempestivamente la marcha, antes de que completara el descenso, provocando su caída al pavimento. 

A raíz del hecho fue trasladado al Hospital Mi Pueblo, donde le diagnosticaron diversos traumatismos y lesiones en la cabeza, miembros superiores e inferiores y región cervical. Atribuye exclusiva responsabilidad a la demandada, reclama el resarcimiento de los daños sufridos y solicita que se haga lugar a la demanda, con costas.

2) Agravios de la parte actora

El pretensor centró sus críticas en el escrito del 15/07/2026, que mereció réplica de la contraria el 28/07/2026, quien solicitó la deserción del embate por insuficiencia recursiva.

2.1) Primer agravio. Valoración conjunta de la prueba

Cuestiona la desestimación de la prueba testimonial por no haberse identificado el interno del colectivo. Considera que los testimonios, valorados conjuntamente con los registros de la tarjeta SUBE, la denuncia del hecho y la atención médica posterior, permiten acreditar su calidad de pasajero y la ocurrencia del accidente.

2.2) Segundo agravio. Carga de la prueba

Objeta la distribución de la carga probatoria, por desconocer el régimen de responsabilidad objetiva del contrato de transporte y las cargas probatorias dinámicas propias de las relaciones de consumo. Afirma que la demandada, pese a encontrarse en mejores condiciones de aportar la documentación relativa a sus unidades y recorridos, incumplió el deber de colaboración previsto en el artículo 53 de la Ley 24.240, limitándose a negar los hechos.

2.3) Tercer agravio. Valoración de los indicios y deber de seguridad

Se agravia por la falta de valoración de la atención médica recibida el día del accidente y de los restantes indicios que, apreciados conjuntamente, permitirían acreditar el hecho, las lesiones y su relación causal con el transporte. Invoca, además, el incumplimiento del deber de seguridad por haberse reanudado la marcha antes de completar el descenso.

2.4) Cuarto agravio. Responsabilidad objetiva y régimen de consumo

Objeta la interpretación de los artículos 1289 y 1757 del Código Civil y Comercial, por omitir su armonización con la Ley 24.240 y el artículo 42 de la Constitución Nacional. Considera que, acreditados el carácter de pasajero, la caída y las lesiones durante el transporte, correspondía a la demandada demostrar una causa ajena que interrumpiera el nexo causal, extremo que no fue acreditado.

Reserva el caso federal.

3) Cumplidos los trámites de ley, el 21/08/2026 se llamaron autos para dictar sentencia mediante providencia que ha adquirido firmeza, lo cual habilita el dictado del presente pronunciamiento (artículo 263 del CPCC).

4) Deserción recursiva

En cuanto a la deserción planteada por la demandada y citada en garantía al contestar los fundamentos del recurso, es sabido que el cumplimiento de los recaudos exigidos por el artículo 260 del CPCC debe examinarse con criterio amplio y razonable, a fin de evitar un rigorismo excesivo que vede a los litigantes el acceso a la segunda instancia.

Analizada la expresión de agravios de la recurrente, considero que, más allá de la suerte final de sus planteos, satisface mínimamente la carga procesal referida, por lo que corresponde su tratamiento (argumento artículos 16, 18, 31 y concordantes de la CN y 34, 36, 242, 243, 260 y concordantes del CPCC).

5) Tratamiento de los agravios

PUESTO A RESOLVER, los jueces no están obligados a examinar todas las argumentaciones de las partes ni a ponderar la totalidad de las pruebas, sino únicamente aquellas conducentes para decidir el caso, inclinándose por las que produzcan mayor convicción en concordancia con los restantes elementos de la causa (CSJN, Fallos 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 274:113; 144:611; Fassi-Yáñez, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado, anotado y concordado, t. 1, p. 825).

Asimismo, constituye una atribución propia de la magistratura aplicar el derecho y calificar jurídicamente los hechos alegados y controvertidos, en el marco del deber de dictar sentencias razonablemente fundadas (argumento artículos 1, 2, 3 y concordantes del CCCN; SCBA LP C 122523 S, 10/07/2019, Sumario Juba B 26424; Falcón, Enrique M., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, Sta. Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, t. X, p. 180/181).

5.a) Preliminar

En autos, la cuestión consiste en determinar la existencia y circunstancias del siniestro denunciado y, en su caso, la responsabilidad de la demandada, la procedencia y la cuantificación de los daños.

El régimen de responsabilidad objetiva del contrato de transporte (artículos 1286, 1289, 1757 y concordantes del CCCN) no dispensa al pretensor de acreditar su calidad de pasajero, la ocurrencia del hecho dañoso durante el transporte, el daño y la relación de causalidad adecuada entre ambos (argumento artículos 375 y 384 del CPCC; CC0202 LP, causa 93.860, RSD-347-00, sentencia del 12-12-2000; causa 106.599, RSD-303-06, sentencia del 21-12-2006).

Ningún perjuicio se indemniza en el vacío, sino con relación a un antecedente fáctico concreto cuya ocurrencia debe previamente acreditarse. Por ello, frente a la controversia sobre la existencia del siniestro, incumbía a la parte actora demostrar los hechos constitutivos de su pretensión, sin perjuicio de su valoración integral conforme a las reglas de la sana crítica (Zavala de González, Matilde, Resarcimiento de daños, Bs. As., Hammurabi, t. 3, p. 155; Brebbia, Roberto H., Hechos y Actos Jurídicos, Bs. As., Astrea, 1979, p. 141; Vázquez Ferreira, Roberto A., Responsabilidad por Daños. Elementos, Bs. As., Depalma, 1993, p. 226 y ss.; Bustamante Alsina, Jorge, Teoría General de la Responsabilidad Civil, Bs. As., Abeledo-Perrot, 1993, p. 269). 

En definitiva, quien invoca un hecho como fundamento de su pretensión, defensa o excepción debe probar los extremos necesarios para obtener la tutela jurídica perseguida y, en caso contrario, soportar las consecuencias de su inactividad (SCBA, causa C. 105.477, sentencia del 1-09-2010).

5.b) Valoración conjunta de la prueba

El actor se agravia de la desestimación de la prueba testimonial por falta de identificación del interno, sosteniendo que su valoración conjunta con los restantes elementos probatorios permite acreditar su calidad de pasajero y la ocurrencia del accidente.

Analizadas las actuaciones, anticipo que comparto el temperamento adoptado por el Sr. juez de grado. Véase que, aun cuando no puede exigirse certeza absoluta sobre los hechos controvertidos, ninguno de los testigos identificó al actor como la persona accidentada ni a la empresa transportista. A ello se agrega que el primero no pudo precisar el lugar del hecho, mientras que el segundo no presenció la caída, advirtiéndose, además, diferencias entre ambos testimonios respecto de la cantidad de puertas del colectivo.

Tampoco la prueba documental e informativa producida permite superar tales limitaciones, pues, si bien la tarjeta SUBE registra dos movimientos en horario próximo al denunciado, figura a nombre de un tercero cuya vinculación con el actor no fue acreditada.

Adquiere relevancia, asimismo, la inexistencia de constancias de atención médica primaria y de causa penal alguna labrada con motivo del hecho denunciado. Por su parte, si bien la pericia médica da cuenta de las dolencias que presentaba el actor al momento del examen pericial, no resulta idónea para acreditar, de manera aislada, el accidente invocado (argumento SCBA, L. 70.015, sentencia del 29-02-2000; L. 73.223, sentencia del 18-06-2003).

En definitiva, los elementos reunidos, aun valorados conjuntamente, carecen de la gravedad, precisión y concordancia necesarias para formar convicción acerca de la ocurrencia del hecho en las circunstancias invocadas y su relación causal con los daños reclamados. La cobertura reconocida por la citada en garantía tampoco permite tener por demostrada la ocurrencia del accidente ni su vinculación con el actor (argumento artículos 34, 36, 163, 375, 384 y concordantes del CPCC).

De ahí que no se advierta que el Sr. juez de origen se haya apartado de las reglas de la sana crítica ni incurrido en una valoración irrazonable de la prueba. Por el contrario, la decisión constituye una derivación lógica de los hechos alegados y las pruebas producidas, se encuentra razonablemente fundada en derecho y se ajusta a los poderes y deberes inherentes al oficio jurisdiccional (argumento artículos 34, 36, 163, 384 y concordantes del CPCC).

Por lo expuesto, propondré desestimar el agravio en tratamiento.

5.c) Carga de la prueba

Cuestiona la distribución de la carga probatoria y el incumplimiento del deber de colaboración de la demandada, invocando la responsabilidad objetiva del transportista y las cargas probatorias dinámicas.

Anticipo que el agravio no es de recibo. El carácter objetivo de la responsabilidad del transportista no exime al pretensor de probar en el juicio respectivo su calidad de pasajero, la ocurrencia del hecho dañoso durante el transporte y la relación de causalidad adecuada entre aquél y los daños reclamados. Tampoco las normas del régimen de consumo ni las cargas probatorias dinámicas permiten suplir la insuficiencia probatoria respecto de tales presupuestos (argumento artículos 1286, 1289, 1291, 1757 y concordantes del CCCN, argumento artículo 53 de la Ley 24.240 y argumento artículos 375, 384 y concordantes del CPCC).

No obsta a tales conclusiones que toda contienda judicial, particularmente en el marco de la actual tendencia a la publicización del proceso, requiera la concurrencia, colaboración y cooperación de todos los litigantes, desde que la negativa del hecho principal formulada por la demandada y la citada en garantía constituye el legítimo ejercicio de su derecho de defensa, sin que se advierta un incumplimiento concreto del deber de colaboración que autorice a tener por ciertos los hechos controvertidos de la litis.

En el caso, y como ya se explicitara, el actor no demostró en debida forma su calidad de pasajero ni que el accidente denunciado hubiera ocurrido durante la ejecución del contrato de transporte, sin que la tutela especial que dispensa el régimen de consumo permita tener por demostrados tales extremos.

Por lo expuesto, propondré desestimar el agravio en tratamiento. 5.d) Valoración de los indicios y deber de seguridad

Se agravia por la falta de valoración de la atención médica invocada y de los restantes indicios, atribuyendo el accidente al incumplimiento del deber de seguridad por haberse reanudado la marcha antes de completar el descenso.

Tal como se indicara, en el caso no se cuenta con actuaciones penales ni constancias de atención médica primaria, mientras que las declaraciones testimoniales tampoco han permitido establecer, con la solvencia necesaria, la vinculación del actor con el accidente denunciado.

En ciertos supuestos, las presunciones judiciales pueden resultar suficientes para acreditar un hecho, siempre que se sustenten en circunstancias comprobadas (indicios) que, por su gravedad, precisión y concordancia, permitan inferir razonablemente su ocurrencia, conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la sana crítica (argumento artículos 163, 375, 384, 456 y concordantes del CPCC).

En la especie, los elementos reunidos carecen de entidad para demostrar la ocurrencia del accidente en las circunstancias invocadas y su relación causal con los daños reclamados, sin que se advierta deficiencia en la valoración de las constancias de la causa ni en el razonamiento efectuado al respecto en la anterior instancia.

En lo atinente al deber de seguridad, el planteo debe seguir igual suerte, toda vez que su invocación no exime de acreditar la calidad de pasajero y la ocurrencia del hecho dañoso durante la ejecución del contrato de transporte. No demostrados tales extremos, tampoco resulta posible atribuir a la demandada el incumplimiento invocado.

Por lo expuesto, propondré desestimar el agravio en tratamiento.

5.e) Responsabilidad objetiva y régimen de consumo

Se agravia de la interpretación del régimen de responsabilidad objetiva y de consumo, pues considera que, acreditados su carácter de pasajero, la caída y las lesiones durante el transporte, incumbía a la demandada demostrar una causa ajena.

Analizadas las actuaciones, adelanto que el agravio tampoco debe tener favorable recepción.

Si bien es cierto que, en casos como el presente, incumbe a la parte demandada demostrar las eximentes que conduzcan a la declaración de su irresponsabilidad respecto del hecho que se le imputa, no lo es menos que, para llegar a ese punto, la actora debe acreditar los presupuestos fácticos de la responsabilidad civil invocada, sin perjuicio de las prerrogativas y la protección especial que dispensa la legislación del consumo.

Por lo demás, ni el carácter objetivo de la responsabilidad ni los postulados del régimen consumeril invocados relevan a la parte actora de la carga inicial de probar los hechos constitutivos de su pretensión. Entender lo contrario podría importar, no ya la adecuada armonización entre los regímenes de responsabilidad y las reglas probatorias generales y específicas del microsistema aludido, sino una alteración de estas últimas, con la eventual afectación del debido proceso adjetivo y la desnaturalización de la tutela especial y protectoria que dispensa dicho régimen.

En estas actuaciones, los elementos probatorios incorporados no han permitido demostrar tales presupuestos, razón por la cual resulta innecesario examinar la acreditación de una causa ajena (argumento artículos 18, 42 y concordantes de la Constitución Nacional, argumento artículos 1286, 1289, 1291, 1757 y concordantes del CCCN, argumento artículos 3, 40 y concordantes de la Ley 24.240 y argumento artículos 375, 384 y concordantes del CPCC).

Atento a lo expuesto, propondré desestimar el agravio en tratamiento.

Por todo ello y argumentaciones vertidas, corresponde rechazar el recurso planteado por la parte actora y confirmar la sentencia apelada en cuanto ha sido materia de agravio.

En consecuencia, a la primera cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.

A la misma cuestión los Dres. De Rosa y Molíns, por los mismos fundamentos, VOTAN EN IGUAL SENTIDO.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ LÓPEZ CARDOSO DIJO:

Tal como ha sido resuelta la cuestión que antecede, corresponde desestimar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia apelada de fecha 19/03/2026 en cuanto ha sido materia de agravio.

Las costas de la alzada deben imponerse a la parte actora recurrente (artículo 68 del CPCC).

A la segunda cuestión planteada los Sres. jueces Dres. Diego De Rosa y Edgardo Pablo Molíns, por las mismas razones, adhieren al voto precedente.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A: 

1) Se desestima el recurso interpuesto, confirmándose la sentencia apelada de fecha 19/03/2026 en cuanto ha sido materia de agravio.

2) Las costas de alzada se imponen a la parte actora recurrente y se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad.

3) REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE a través de la remisión de copia digital de la presente a los domicilios electrónicos de las partes, teniéndose por cumplida la notificación el día martes o viernes inmediato posterior -o el siguiente día hábil si alguno de ellos no lo fuese- a aquel en que hubiere quedado disponible para sus destinatarios en el sistema de Notificaciones y Presentaciones Electrónicas (artículos 10 y 13 del Acuerdo 4013, texto ordenado por el Acuerdo 4039 de la SCBA). Oportunamente, DEVUÉLVASE.-