A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 8 de marzo de 2007, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores Pettigiani, Roncoroni, Negri, Soria, de Lázzari, Hitters, se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 84.606, "Pereyra, Carmen Ramón contra LU 91 TV Canal 12 Trenque Lauquen. Acción de amparo".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Trenque Lauquen confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había hecho lugar a la acción de amparo (fs. 87/91).

Se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 100/114).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:

I. La Cámara confirmó el pronunciamiento que había hecho lugar al amparo iniciado por el señor Carmen Ramón Pereyra contra su empleador LU 91 TV Canal 12 Trenque Lauquen que -en síntesis- tuvo por objeto la declaración de inconstitucionalidad del decreto 894/2001 del Poder Ejecutivo nacional por entender que el mismo lesiona en forma manifiesta sus derechos al consagrar una incompatibilidad entre la percepción de un beneficio jubilatorio y el cobro de un salario como empleado de la demandada (fs. 18/20).

Basó su decisión, en lo que interesa al recurso, en que:

1) Se encuentran dadas las condiciones que tornan procedente la acción de amparo articulada como así también la declaración de inconstitucionalidad del decreto 894/2001 del Poder Ejecutivo nacional por ser violatorio de los arts. 1, 31 y 99 incs. 2 y 3 de la Carta Fundamental (v. fs. 89/89 vta.).

2) El decreto mencionado no fue dictado como de "necesidad y urgencia" haciendo uso de las facultades regladas en el art. 99 inc. 3 de la Constitución nacional ni tampoco en virtud de facultades legislativas delegadas por el Congreso de la Nación, sino que ha sido emitido en virtud de las atribuciones conferidas en los incs. 1 y 2 del mencionado artículo por lo que no podía disponer la modificación del art. 34 de la ley 24.241 (v. fs. 89 vta.).

3) Si bien la sanción del decreto podría haber estado inspirado en los lineamientos de la ley 25.152 respecto de la Administración de los recursos públicos y eficiencia de la gestión pública y del decreto 103/2001 que establece un Plan de Modernización del Estado, ello no justifica que avance sobre derechos establecidos en una ley anterior sancionada por el Congreso que no fue vetada por el Poder Ejecutivo (v. fs. 90).

4) La aplicación del decreto 894/2001 conllevaría la admisión de sus efectos sobre los derechos adquiridos por el actor Pereyra quien cumplió bajo la vigencia del art. 34 de la ley 24.241 con los requisitos previstos en esa ley para ser titular del derecho invocado en su demanda (v. fs. 90/90 vta.).

5) Si un decreto no puede modificar una ley que reglamenta, menos ha de poder suprimir un derecho otorgado por ley que es lo que acontece en el sub lite (v. fs. 90 vta.).

II. Contra esta decisión se alza la demandada denunciando el quebrantamiento de los arts. 1, 31, 99 incs. 1 y 2 de la Constitución nacional y del decreto 894/2001. Plantea el caso federal.

Sostiene que la emisora demandada integra un conjunto empresario estatal por lo que el titular del Poder Ejecutivo nacional, como jefe de gobierno y responsable político de la Administración, resulta competente para determinar el régimen de incompatibilidades de los agentes a su cargo, facultad que resulta discrecional y en la especie fue ejercida con razonabilidad (v. fs. 107/108).

Menciona que los derechos de los dependientes estatales no son absolutos (entre ellos, las restricciones legales a la estabilidad administrativa v. fs. 109).

Aduce que por la situación económico-financiera del Estado nacional se dictaron leyes de emergencia posteriores a la ley que invoca el amparista (v. fs. 109/ 109 vta.).

Expone que no se ha tenido presente que la ley 24.463 modificatoria de la ley 24.241 referida al "Sistema integrado de jubilaciones y pensiones" -norma que da el sustento estructural de la sentencia- no se vincula con tal política de incompatibilidades ni con el régimen al que está sometido actualmente el accionante, siendo un error conceptual entender que con el decreto 894/2001 se está reglamentando la ley 24.241 toda vez que el mismo es continuación del 8566, dictado en 1961, y que regula incompatibilidades en la Administración Pública resultándole aplicables al actor sus específicas disposiciones por ser dependiente del Estado (v. fs. 110/110 vta.).

Sostiene que el decreto se inserta dentro del marco normativo del Plan Nacional de Modernización del Estado, haciendo uso dentro de este contexto el Poder Ejecutivo de su competencia exclusiva para determinar el régimen de incompatibilidades de los agentes de la Administración Pública (v. fs. 112/112 vta.).

III. Entiendo que le asiste razón al recurrente.

En primer lugar diré que si bien puede entenderse que este conflicto debió haberse planteado ante la justicia federal por la materia en debate, la circunstancia de que ninguna de las partes se ha opuesto a la competencia de los tribunales de esta provincia (fs. 18 a 45) y -esencialmente- el estado de avance del trámite hacen que considere inadecuado abordar esta cuestión que podría, eventualmente, generar una declaración de incompetencia con gravísima mengua de los derechos en juego de los litigantes atento el flexible marco procesal que se utilizó -amparo- plasmado constitucionalmente para dar respuestas efectivas a través de una "acción expedita y rápida" (art. 43 de la Constitución nacional) mediante la intervención de "cualquier juez" (art. 20 inc. 2 de su par provincial).

Sentado ello, diré que el art. 34 (texto según ley 24.463) de la ley 24.241 establece que "Los beneficiarios de prestaciones del Régimen Previsional Público podrán reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos...".

Por su parte el decreto 894/2001, en su art. 1 prescribe: "Incorpórase como último párrafo del artículo 1º del Capítulo I -Incompatibilidades- del Régimen de Acumulación de cargos, funciones y/o pasividades para la Administración Pública Nacional aprobado por decreto 8566/61 y sus modificatorios..." (el subrayado me pertenece).

Se observa con claridad que ambas normas poseen un muy diferente campo de aplicación.

La primera -situada en el "Régimen Integrado de Jubilaciones y Pensiones" contempla la situación relativa a todo pasivo que reingresa a la actividad laboral mientras que la segunda sólo regula el caso de quien perciba un beneficio previsional de cualquier naturaleza vinculado a través del "desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración Pública nacional..." (art. 1, dec. 894/2001).

El decreto 894/2001, entonces, no deroga ni modifica la ley 24.241 sino que establece un régimen específico para aquellos pasivos que, simultáneamente, son dependientes de la Administración Pública nacional y que por tal circunstancia se encuentran sujetos a especiales disposiciones de derecho público.

La norma cuestionada no hace más que introducir una reforma al antiguo decreto 8566/1961 que establecía en su art. 1 "declárase incompatible el desempeño de un cargo público con la percepción de jubilaciones, pensiones y/o retiros civiles y/o militares provenientes de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal...". Este decreto del año 1961 es el reglamentario del art. 13 de la también antigua ley 14794 que -entre otras cosas- autoriza al Poder Ejecutivo a modificar los regímenes en vigor para reducir al mínimo la acumulación de cargos.

Es decir que el régimen de incompatibilidad establecido por el decreto 8566/1961 hace más de cuarenta años es retomado por el Poder Ejecutivo nacional -en otro contexto- a través de la reforma que introduce el decreto 894/2001 aquí controvertido.

En tal sentido, tiene dicho esta Corte que el fundamento de este tipo de incompatibilidades -lato sensu- estriba en lograr una mayor eficiencia en la prestación de los servicios por parte de los agentes y su razón jurídica puede ser variable, ya para evitar los abusos en la provisión de cargos o empleos de la Administración, como para que el agente tenga una dedicación exclusiva en el empleo o que ejerza alguna actividad que no condiga con la función pública (conf. B. 56.273, sent. del 28-IV-1998).

Por otro lado, en la causa B. 57.465 (sent. del 29-VIII-2001), tuve oportunidad de señalar que no cualquier menoscabo de derechos de raigambre constitucional constituye materia de la acción de amparo. Para que ésta proceda, los derechos constitucionales han de resultar lesionados con arbitrariedad e ilegalidad manifiestas. Así, la garantía de amparo sólo procede cuando por cualquier acto, hecho, decisión u omisión se lesione o amenace, en forma actual o inminente y con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, el ejercicio de algún derecho constitucional.

En igual sentido esta Corte ha dicho que, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas lo cual implica que aquellos vicios tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial de modo que la nota fundamental de este instituto no está dada propiamente por la inexistencia de discusión en torno al derecho invocado por el impetrante, sino por la indiscutibilidad de la pretensión enjuiciada. En síntesis, la "arbitrariedad" e "ilegalidad" tiene que resultar de manera visible, manifiesta; es decir, en forma clara, patente, indudable, inequívoca, notoria, ostensible, para no hacer del amparo el vademécum que solucione todos los problemas, subsumiendo las vías procesales en sólo una cuando la Constitución y las leyes marcan distintos derroteros. El amparo es una herramienta útil, pero no para cualquier situación. (conf. B. 58.002, sent. del 6-X-1998).

Tales pautas resultan esenciales en las presentes actuaciones, donde entiendo que las notas configurantes de la vía elegida no se hallan presentes en la resolución del Canal demandado de intimar al accionante a cumplimentar una declaración jurada sobre las incompatibilidades a que alude el decreto 894/2001 (v. fs. 18 vta.).

En efecto, no resultó materia de discusión que el hoy actor reviste la calidad de dependiente del Estado nacional (v. fs. 19 vta. y responde de fs. 30).

La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que el art. 14 bis de la Constitución nacional establece ciertamente la estabilidad del empleado público, pero el derecho que acuerda tal precepto, como todas las normas constitucionales, debe ser ejercido conforme a las leyes que lo reglamentan y en armonía con los demás derechos individuales y atribuciones estatales establecidas con igual jerarquía por la misma Constitución. En cuanto tales leyes sean razonables, sus disposiciones serán también obligatorias e insusceptibles de tacha constitucional (conf. "Fallos", 308:2246).

Debe resaltarse asimismo que este régimen legal -en cuanto, como llevamos viendo, tiene como antecedente el decreto 8566/1961 reglamentario de la ley 14.794- se hallaba vigente al momento en que, según sus propios dichos, el actor se acogió al beneficio de la jubilación como trabajador metalúrgico y continuó laborando para la demandada (v. fs. 18).

Recordemos que mientras la ilegalidad puede describirse a través de preceptos legislativos que se omiten aplicar o se interpretan mal, la arbitrariedad exhibe un juicio especialmente negativo frente a las normas. La ilegalidad desconoce o aplica erróneamente la regla jurídica que corresponde, mientras que la arbitrariedad es la manifestación abierta y caprichosa sin principios jurídicos (conf. causa B. 58.002, sent. del 6-X-1998).

A mayor abundamiento, aún la propia ley que se dice vulnerada -24.241- establece en su art. 13 como obligación del afiliado la de suministrar los informes requeridos por la autoridad de aplicación referentes a su situación frente a las leyes de previsión (inc. a, ap. 1) y de presentar al empleador la declaración jurada relativa acerca de su condición de beneficiarios de jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, con indicación del organismo otorgante y datos de individualización de la prestación.

No aparecen por consiguiente en las actuaciones la manifiesta ilegalidad o arbitrariedad que viabilizaría el carril intentado, excediendo la pretensión traída el excepcional marco procesal del amparo (art. 1, ley 7166).

Si lo que expongo es compartido, corresponde revocar el decisorio de segunda instancia rechazando la acción de amparo intentada con costas (arts. 68, 289 del C.P.C.C.).

Por todo ello, doy mi voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Roncoroni dijo:

1. Anticipo que la respuesta afirmativa es la que corresponde para esta cuestión traída al acuerdo.

Señalo, liminarmente, que se ha traído a esta Corte una controversia sobre el régimen de incompatibilidad vigente para la Administración Pública nacional, enmarcándosela en un proceso de amparo. Se trata de materia ajena a la competencia de la jurisdicción local, debiendo haberse planteado la misma ante el Juzgado federal pertinente, según el lugar en donde ocurrió el hecho tachado de ilegalidad o arbitrariedad (arts. 116 de la Constitución nacional; 1, 2, 3 y cc de la ley 24.655; 4, 18 y cc de la ley 16.986) No obstante, considero que una declaración en tal sentido a esta altura del trámite judicial, habiendo las partes consentido la intervención de un tribunal del trabajo y de una cámara de apelaciones de esta provincia, sólo redundaría en desmedro del servicio de justicia al que esta Corte no puede permanecer insensible (Preámbulo de la Constitución nacional y art. 15 de la Constitución local). Por lo que me dispongo entonces a dejar fundada la respuesta que anticipé.

2. Destaco en primer lugar que la demandada "LU 91 TV Canal 12 de Trenque Lauquen", es una empresa dependiente del Poder Ejecutivo nacional. En dicha empresa estatal laboró el amparista como sereno desde el 1 de marzo de 1989 (fs. 8), jubilado a partir de noviembre de 1997 después de haberse desempeñado en el sector metalúrgico privado (fs. 17). En virtud de lo prescripto por el decreto 894/2001, la demandada solicitó al actor la presentación de una declaración jurada a fin de determinar la existencia de incompatibilidades. A esa fecha el actor percibía, por un lado, el sueldo que le abonaba la demandada por su desempeño como sereno y, de otro, el beneficio otorgado según el régimen establecido por la ley 24.241.

Es necesario tener presente que mediante la ley 14.794/1959, se estableció el régimen para la Administración Pública nacional. Mediante el art. 13 se autorizó al Poder Ejecutivo para reducir empleos de la Administración Pública nacional, incluyendo a las empresas del Estado. En este sentido el Poder Ejecutivo podía dictar las normas necesarias para reducir al mínimo la acumulación de cargos, lo que implicaba necesariamente modificar los regímenes en vigor (inc. "c"). Fue así que el Poder Ejecutivo, actuando la facultad otorgada por la ley 14.794, dictó el decreto 8566/1961, aprobando y estableciendo el régimen de incompatibilidades que debía regir en el ámbito de la Administración Pública nacional (art. 1), vigente a partir del 26 de septiembre de 1961 y cuando el amparista se acogió al beneficio que luego le otorgara el ANSES. El mismo alcanza a todo el personal de la Administración Pública nacional sin distinción de categorías ni jerarquías que se desempeñan en los servicios civiles, al personal militar de las fuerzas armadas y al de los cuerpos de seguridad y defensa (art. 2). Mediante decreto 894/2001, también dictado por el Poder Ejecutivo nacional, vigente desde el 13 de julio de 2001, se introdujeron modificaciones al régimen de incompatibilidades del decreto 8566/1961 (art. 1).

Así las cosas, queda a mi modo de ver en claro que se trata de normas específicas destinadas a regir y regular las relaciones jurídicas de empleo público en el ámbito de la Administración nacional y cuya constitucionalidad es indiscutible en virtud de la primera delegación establecida en la ley 14.794 (art. 31 de la Const. nac.). Es decir, que el Poder Ejecutivo ha obrado en la esfera de atribuciones que le son propias, adoptando medidas destinadas a lograr eficiencia y reducción de gastos en el sector bajo su jurisdicción, ello, en sintonía con pautas normativas que tendían a la reforma del Estado, como las establecidas por ley 25.152/1999 (arts. 1, 5 inc. c, IV).

Coincido entonces con mi distinguido colega el señor Juez doctor Pettigiani, cuando afirma que se trata de plexos normativos con ámbitos de aplicación claramente diferenciados.

En efecto, la ley 24.241 instituye, con alcance nacional y con sujeción a la misma, el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte y se integrará al Sistema Unico de Seguridad Social. Conforman este sistema: 1) Un régimen previsional público, fundamentado en el otorgamiento de prestaciones por parte del Estado que se financiarán a través de un sistema de reparto, en adelante también Régimen de Reparto, y 2) Un régimen previsional basado en la capitalización individual, en adelante también Régimen de Capitalización (art. 1).

En cambio, el decreto 894/2001, vigente en el ámbito de la Administración Pública nacional, establece que el desempeño de una función o cargo remunerado o prestación contractual con o sin relación de dependencia, bajo cualquier modalidad en la Administración Pública nacional, es incompatible con la percepción de un beneficio previsional o haber de retiro proveniente de cualquier régimen de previsión nacional, provincial o municipal. Incompatibilidad que se aplicará con independencia de las excepciones específicas que se hayan dispuesto o se dispusieren respecto del presente decreto, sus modificatorios y complementarios.

En suma, el decreto 894/2001, integra el complexo de normas jurídicas de derecho publico que regulan las conductas de quienes, como el amparista (fs. 19 vta. y 30), son dependientes de la Administración nacional y, por ello, estaba sujeto al régimen de incompatibilidades que desde antaño tenía vigencia por delegación expresa derivada de una ley en sentido formal y material.

En consecuencia, conforme lo anuncié, voto por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Negri dijo:

Discrepo con los votos que preceden pues entiendo que en el acto impugnado se verifica la nota de ilegalidad manifiesta que habilita la acción deducida.

1. El señor Pereyra solicitó amparo tendiente a obtener la suspensión de la aplicación del decreto 894/2001 que establece la incompatibilidad entre el cobro de un haber previsional y la percepción de remuneración por cargo en la función pública (nacional). Solicitó asimismo en el marco de esa acción la declaración de inconstitucionalidad del mencionado decreto.

Adujo, en síntesis, la violación de los arts. 14 bis, 99 incs. 1 y 2 y 31 de la Constitución nacional por entender que el decreto emanado del Poder Ejecutivo nacional vulnera el derecho a los beneficios de la seguridad social -con particular referencia a la protección integral de la familia y la compensación económica familiar- altera el espíritu de la ley 24.241 y transgrede el principio de jerarquía de las fuentes del derecho, respectivamente.

En oportunidad de contestar el informe circunstanciado, la demandada defendió la legitimidad del decreto cuestionado sobre la base de que su dictado se habría enmarcado en la ley 25.152 de convertibilidad fiscal y de restricción de gastos y ajuste de los recursos públicos para los ejercicios fiscales comprendidos entre los años 2000 y 2003, a la vez que en el proceso de modernización del Estado (decreto 103/2001).

2. La cuestión a decidir remite al denominado régimen de compatibilidades respecto del cual, el art. 34 de la ley 24.241 (en la redacción que le asignara el art. 6 de la ley 24.463) establece, como principio general, la compatibilidad entre la jubilación y las tareas remuneradas, al disponer que los beneficiarios de las prestaciones del régimen previsional público podrán reingresar a la actividad remunerada tanto en relación de dependencia como en carácter de autónomos (inc. 1). La norma sólo señala dos excepciones a esa regla: a) los beneficiarios de prestaciones previsionales amparados en regímenes especiales (por razón del carácter insalubre, penoso o riesgoso de la tarea) no pueden reingresar a la actividad ejerciendo alguna de las tareas que hubieran dado origen al beneficio previsional (art. 34 inc. 4) y, b) el goce de la prestación de retiro por invalidez es incompatible con el desempeño de cualquier actividad en relación de dependencia (art. 34 inc. 5).

Por su parte, el decreto que se cuestiona, fija claramente una excepción a ese principio general de compatibilidad que, por lo que se acaba de señalar, no encuentra respaldo en los términos de la ley previsional.

De seguir el razonamiento de la demandada, tal desacople con la norma de jerarquía superior no revestiría gravedad que condujera a su invalidación, pues la ley 24.241 no sería la reglamentada por el decreto 894/2001. Esta última norma, por el contrario, sería parte de la instrumentación de un proceso de modernización y reforma administrativa que el Poder Ejecutivo nacional estaría en condiciones de abordar -sin posibilidad de revisión judicial- en el marco del ejercicio de su competencia exclusiva.

3. La transgresión constitucional es manifiesta.

Como se desprende de sus considerandos, el decreto 894/2001 fue dictado, en el marco del proceso de modernización del estado, a los fines de fortalecer el restrictivo régimen de acumulación de cargos, debilitado con el dictado de sucesivas normas modificatorias, complementarias y de excepción a la vez que de extender el régimen de incompatibilidad a los pasivos (ver en especial 2do. y 3er. párrafos).

Es de destacar que, entre las normas que "debilitaron" el sistema (según la expresión del Ejecutivo) se encuentra, nada más ni nada menos, que la ley 24.463 que modificó -en la materia de debate- al art. 34 de la ley que regula el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (ley 24.241).

Es decir que, por vía de la ejecución de atribuciones reglamentarias, el Presidente alteró el espíritu de la ley previsional al agregar un supuesto de incompatibilidad no previsto en ella, configurando un claro exceso del Poder Ejecutivo (art. 99 incs. 1 y 2).

Tan evidente violación de la prohibición constitucional de alterar el espíritu de la ley con excepciones reglamentarias no puede ser descartada con el argumento de que, en definitiva, no habría vinculación jerárquica entre la norma legal (ley jubilatoria) y el decreto cuestionado, puesto que ello equivale a admitir que una norma reglamentaria -destinada a poner una ley en funcionamiento- invada la esfera de competencia del Poder Legislativo ejercida con motivo de la sanción de una ley distinta de la reglamentada, cuando es ese poder el único con atribuciones para elegir las opciones disponibles (en el caso los supuestos de incompatibilidad).

Lo dicho pone en evidencia, además, la violación del principio de jerarquía de fuentes del derecho, esencial en nuestro ordenamiento positivo (art. 31, Constitución nacional). De cara a él, la determinación del supuesto de incompatibilidad entre el haber previsional y el remuneratorio sólo puede ser fijado por otra norma de jerarquía legal que derogue o modifique la prescripción del art. 34 de la ley 24.241 (t.o., ley 24.463).

Si lo que dejo dicho es compartido corresponde confirmar la sentencia apelada, con costas a la recurrente vencida (art. 289, C.P.C.C.).

Voto por la negativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:

Al igual que mis colegas doctores Pettigiani y Roncoroni, juzgo que el recurso extraordinario incoado debe prosperar y revocarse el pronunciamiento del tribunal a quo.

I. Según el decreto del Poder Ejecutivo nacional 1646/1996 (B.O.N. del 16-I-1997), LU 91 TV CANAL 12 de Trenque Lauquen formaba parte del grupo de emisoras comerciales administradas por el Estado, como ente descentralizado, en el área de la Secretaría de Prensa y Difusión dependiente de la Presidencia de la Nación. Posteriormente, por decreto 402/2000 (B.O.N. 25-V-2000), la mentada emisora pasó a depender de la Secretaría de Cultura y Comunicación de la Presidencia de la Nación. Con fecha 3 de mayo de 2002 se publica en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 715/2002 aprobando la estructura orgánica de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Presidencia de la Nación, entre cuyas entidades descentralizadas se encontraba el canal de televisión donde prestaba servicios el amparista. Por último, por el decreto 141/2003 (B.O.N. del 5-VI-2003), la mentada Secretaría y sus organismos descentralizados pasan a depender de la Jefatura de Gabinete de Ministros nacional, hecho que se encuentra también reflejado en el decreto 624/2003 (B.O.N. del 22-VIII-2003).

Partiendo de la vinculación orgánica que poseyera la emisora televisiva demandada -sea en tiempos previos a la jubilación del amparista, sea al momento de la emisión del decreto 894/2001 cuestionado en el amparo- advierto que la incompatibilidad reglada en este último, aparte de encontrar sustento en las normas que alega la accionada, también se incardina en el régimen de empleo al que se encontraba sometido el amparista.

En efecto, conforme el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública nacional, negociado bajo los parámetros de la ley 24.185 y aprobado por decreto 66/1999 (B.O.N. 26-II-1999) -aplicable parcialmente a los trabajadores de la emisora según su art. 1, segundo párrafo- el personal que goza de jubilación o retiro no tiene derecho a la estabilidad y su designación puede ser cancelada en cualquier momento, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Esta norma convencional fue posteriormente receptada por la ley 25.164 -"Marco Regulatorio del Empleo Público Nacional"- (cfr. art. 11) y se encolumna en la misma finalidad perseguida por el art. 5º inc. "f" del mentado régimen que impide el ingreso a la Administración de quien gozare de un beneficio previsional.

Teniendo en cuenta los citados preceptos, soy de la opinión que el esquema que el cuestionado decreto 894/2001 instrumenta en su art. 2 para el supuesto de detectarse las incompatibilidades examinadas, lejos de implicar la derogación de un derecho establecido por la ley 24.241 -según argumenta el accionado y acompaña el tribunal a quo a fs. 89 vta./90, autolimita una potestad discrecional de la Administración conferida por la ley 25.164 (cancelar la designación del agente jubilado), y lo hace de un modo más benigno para el trabajador estatal, al otorgarle la posibilidad de optar entre: (a) la percepción del haber previsional o de retiro y continuar en el desempeño de la función, cargo o relación contractual sin percibir la contraprestación correspondiente, o (b) solicitar la suspensión de su haber previsional o de retiro durante el desempeño simultáneo con el cargo, función o contrato, percibiendo la retribución correspondiente al mismo o el monto del contrato.

Sentado lo anterior, no visualizo ilegalidad ni arbitrariedad manifiesta en el accionar estatal cuestionado, por lo que los argumentos esgrimidos al interponer el remedio constitucional intentado no resultan de recibo (art. 20 inc. 2, Const. provincial).

II. En consecuencia, por las consideraciones expuestas y adhiriendo al punto 1 del voto del doctor Roncoroni, doy el mío también por la afirmativa.

El señor Juez doctor de Lázzari, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Hitters dijo:

Adhiero al voto de mi distinguido colega, el doctor Soria, agregando que el criterio sustentado tanto por dicho Ministro, como por los doctores Pettigiani y Roncoroni, son contestes con la doctrina de la Corte Suprema de la Nación, in re "Saralegui, Francisco c/Poder Ejecutivo Nacional" (sent. del 14-II-2006).

He dicho reiteradamente que a mi juicio la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene efectos de vinculación hacia los tribunales inferiores. Tanto más en temas federales como el presente, por ser dicho cuerpo jurisdiccional el intérprete último y más genuino del bloque federal (doct. causas Ac. 85.566, sent. del 25-VII-2002; Ac. 91.478, sent. del 5-V-2004, entre otras).

Voto por la afirmativa.

Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente

S E N T E N C I A

Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto, revocar la sentencia recurrida y rechazar la acción de amparo intentada, con costas (arts. 68 y 289, C.P.C.C.).

El depósito previo efectuado deberá reintegrarse al interesado (art. 293, Cód. cit.).

Notifíquese y devuélvase.